La fuerza (debilitada) de los decretos de Arce

Ahora les toca a los decretos supremos No. 4640 y 4641, que ponen en vigencia y regulan el uso del carnet de vacunación, como medida para evitar los contagios masivos que se temen por las nuevas variantes de las cepas del virus que causa el Covid 19.

Las observaciones vienen, otra vez, como en los últimos retrocesos a los que la población obligó al gobierno de Arce Catacora, desde los mismos sectores que son la base social y política del gobierno, debido a la falta de consenso, cercanía a los sectores afectados o involucrados y la evidente sordera que varios actores sociales y económicos anotan sobre el “estilo” del nuevo gobierno del Movimiento al Socialismo.

En los hechos, prácticamente en todo el país y en casi todos los países de nuestra América, la población ha tomado el pulso al virus, ha adoptado sus propios protocolos de seguridad para su protección y la de sus familiares y ha decidido vivir en el riesgo.

Los gobiernos, cada cual con sus propios méritos y errores, han respondido a las exigencias con la provisión de vacunas y medicamentos, así como instalaciones hospitalarias, para atender a la población afectada. En el caso boliviano también: llegaron vacunas, llegaron medicamentos, se habilitaron centros hospitalarios y se difundió, aunque con deficiencias, las recomendaciones para el cuidado de la población.

Pero nuestra realidad del día a día exige trabajar, generar ingresos para mantener a la familia, y vivir.

Luego de las demoledoras medidas tomadas por el cuestionado gobierno durante el año 2020, en el que se privilegiaron compras de equipos de represión policial frente a necesidades de salud, o se desviaron recursos a la corrupción cuando la gente necesitaba urgida equipamiento y medicinas para salvar vidas, los bolivianos hemos transitado el 2021 intentando recuperar energías, fuentes de trabajo, salarios y ventas, con poca suerte por ahora, pese a los exitistas cuanto persistentes anuncios de gobierno sobre mejoras en la economía, el empleo y multimillonarias cifras de exportaciones y superávits, cuando en la calle la realidad es otra, muy distinta de esa percepción.

Y en eso llegan esos decretos. Las alertas de los gremiales son muy realistas y se basan en la experiencia del día a día: provocarán corrupción menuda, serán objeto de extorsión, etcétera.

Y el cuestionamiento viene acompañado de otra observación de fondo: ¿Por qué no consultaron con las bases la emisión de esas normas que les afectan directamente? Es el enésimo cuestionamiento en este sentido.

Es la observación recurrente a un grado de autismo que afecta al gobierno de Arce, el que parece obsesionado por la ecuación económica presupuestal que cada año diseña con los técnicos del nunca abandonado Ministerio de Economía, y todo lo que no está contemplado ahí, no vale, no existe o no se lo toma en cuenta. Los argumentos de los gremiales, de los empresarios, de los profesionales o de cualquier otro sector son invalidados, anulados, cuestionados o no escuchados porque no cuajan con el enfoque tecnocrático de las cuentas de Arce y su gobierno.

La consecuencia es la gradual pérdida de autoridad y credibilidad pese a concentraciones masivas más o menos artificiales, en los que Arce y la gente del MAS se dan baños de multitudes, aunque esas multitudes luego observan las medidas inconsultas de su propio gobierno.

Empezar así el 2022 es de mal augurio. Un cambio de fondo en la forma de gobernar parece lo más recomendable. ¿Escucharán?