La reforma de la Justicia que no puede esperar al federalismo

El actual estado de la Justicia está generando demasiados problemas, no a los políticos, sino a los ciudadanos y a la democracia

Desde el final de la anterior legislatura el Movimiento Al Socialismo viene reflexionando sobre la necesidad de impulsar un cambio constitucional para ajustar determinados aspectos, aunque nunca ha encontrado el momento propicio.

Con la misma voluntad entró a la Asamblea Legislativa Plurinacional la bancada de Creemos, acaudillada por Luis Fernando Camacho, que hizo su campaña presidencial consciente de que nunca sería el jefe del Estado, pero que era imprescindible en sus planes tener una bancada propia lo más amplia posible.

En el choque de trenes, parece que el modelo de Estado ha resultado ser el detonante que ha puesto de acuerdo a oficialismo nacional y cruceño, sin olvidar que las bancadas del MAS y Creemos suman los dos tercios necesarios para impulsar el referéndum que de pie a una Asamblea Constituyente, sin embargo, el tema prioritario anotado en la agenda y que debía dar paso a este momento no era el del Federalismo, sino el necesario cambio de la Justicia que tantos sinsabores está dando, y tanto riesgo está generando para el Estado de Derecho.

El problema de la Justicia es de fondo y estructural, se genera ya en las Universidades, donde las enuncias contra docentes abusivos son frecuentes, e ignoradas. Ahí los jóvenes estudiantes empiezan a hacerse una idea de la deformación de la Justicia que después enfrentarán en toda su vida profesional.

Los escándalos que persiguen a jueces, fiscales y abogados son por demás habituales, las causas abiertas por concusión, prevaricación y otras figuras son excesivas, y, en general, la corrupción se percibe en prácticamente todos los recovecos del sistema, donde cada plazo, cada resolución, cada “procedimiento”, cuesta.

La Constitución Política del Estado incluyó la propuesta de seguramente entusiastas asambleístas constituyentes que vieron en la elección directa de Magistrados a los principales tribunales del país: Agroambiental, Supremo, Constitucional, además de al Consejo de la Magistratura, que viene a ser el órgano de gobierno de los propios jueces, una forma de reflotar el sistema y acabar tal vez de una vez con sus taras.

La idea era ilusionante y ya varios países eligen directamente a sus jueces, pero el problema ha sido, sobre todo, los dos tercios, pues las listas de candidatos han debido pasar un corte por la Asamblea Plurinacional, que finalmente ha sido siempre la que ha puesto el aura de sospecha sobre una elección que opositores y cívicos tampoco nunca han querido pelear, tal vez porque todos eran conscientes de la debilidad moral de cualquier representante.

La Justicia necesita una reforma de fondo, aunque probablemente no sea la elección lo peor y más al contrario, tal vez sea lo único rescatable que puede garantizar una Justicia mejor en el corto plazo. Su actual estado está generando demasiados problemas, no a los políticos, sino a los ciudadanos y a la democracia.


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