Los “graciosos” esfuerzos del emprendedor boliviano

El escenario se anticipa dramático solo con el hecho de que los sectores vuelvan a sumar a su balance diario las provisiones para cancelar la cuota mensual. En otras situaciones se temería inflación, pero con el desempleo disparado, lo que se presume es la bancarrota

Decía el Fondo Monetario Internacional (FMI) hace unos años que el 70% de la economía nacional era informal. La mayoría de los analistas consideraron que se quedaba corto. Era el retrato final a una economía en proceso de transformación, con un importante componente estatal, pero dominado por las lógicas ultraliberales en lo elemental: ni impuestos, ni regulación laboral ni nada de esto se aplica en los principales sectores de la actividad privada.

En esta informalidad tolerada juega la banca un papel esencial, pues la alimenta con el flujo crediticio pertinente pero regula el “riesgo” de lo no formal con unos altos intereses y otras condiciones próximas a la usura, que de paso, suele aplicar también al emprendimiento privado. Huelga decir que el Estado mira de palco estas relaciones proxenetas.

La pandemia ha venido a poner en dificultades estas transacciones básicamente porque la economía social, la de la calle, la de la gente común, sigue atravesando muchas dificultades. Nadie del 30 por ciento de la economía formal gasta un peso de más si lo puede ahorrar porque nadie sabe cuanto aguantará en su empleo o si su empresa resistirá otro año escuálido como 2020, y eso supone un duro golpe para el otro 70 por ciento de la economía informal y del subempleo, donde el trabajo no vale apenas nada y el objetivo diario es comer y poco más.

La banca ha sido el gran sector beneficiado en la Bolivia del siglo XXI y desde todos los Gobiernos se han implementado medidas para “mimarla” y beneficiarla, desde la gestión de programas públicos hasta la dotación de recursos vía AFP siempre en función de ese “círculo virtuoso que tiene la intermediación financiera de captar recursos del público para colocarlos en créditos y beneficiar a la actividad económica”, y que sin embargo se traduce en miserables ganancias para los ahorristas y surrealistas imposiciones para los emprendedores.

Con la movilidad suspendida durante la mitad de 2020 y todavía con dificultades por los números de la pandemia, cuando el Transporte habla de ampliar el diferimiento de pago de créditos, en realidad está señalando que no hay ninguna posibilidad de volver a pagarlos, porque los ingresos fueron nulos. El Transporte, sin embargo, es un sector emblemático, pero el problema llega a todos los demás y por igual.

El escenario se anticipa dramático solo con el hecho de que los sectores vuelvan a sumar a su balance diario las provisiones para cancelar la cuota mensual. En otras situaciones se temería inflación, pero con el desempleo disparado, lo que se presume es la bancarrota. Pretender que además todo se salde con una renegociación en bloque y un periodo de gracia es ingenuo. Más si además se pretende que se salden las cuotas pendientes.

El Gobierno que jaleó el diferimiento en la oposición, hoy lo considera inviable, pero las bases que lo auparon, hoy demandan una atención y un trato justo. La Ley de alquileres, por ejemplo, habla de la necesidad de que los involucrados hagan esfuerzos proporcionales a su situación económica, argumento que sirve para que los arrendadores pierdan ingresos en favor de los arrendatarios. En el diferimiento, sin embargo, las deudas se pagan, y sus intereses también, la cuestión es cuándo, y de momento el virus no parece dar tregua. Un paso en falso puede arruinarlo todo, y todo no es solo el sistema bancario.


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