Senkata, Sacaba, masacres, excusas

Sea la CIDH, sea el Ministerio Público, urge esclarecer los sucesos para que los muertos de aquellas semanas, todos, obtengan la Justicia necesaria para descansar en paz. Estamos hablando de personas, no de banderas políticas

La clase política ha entrado en el enésimo debate sobre lo sucedido en los meses de octubre y noviembre de 2019, un debate sobre el que la población ya se pronunció un año después, en octubre de 2020, pero que vuelve por aquello del revisionismo histórico y la lucha por el relato, tantas veces al margen del verdadero pulso ciudadano.

No es vanidad decir que lo sucedido en aquellos días lo narramos mejor los medios de la periferia que los medios del eje, acogotados por unos u otros, y que en demasiadas ocasiones confundieron los conceptos.

En la reivindicación del suceso, el MAS parece tratar de camuflarse la escasa reacción de los movimientos sociales en aquellos días, tanto antes como después de la caída de Evo Morales

Lo cierto es que no había mucho donde perderse. El Gobierno de Jeanine Áñez, recién posesionado, aprobó uno de esos decretos mortales, que son ilegales y no reconocidos por la Justicia Internacional, puesto que básicamente pretenden dar impunidad a las fuerzas del Estado para cumplir las órdenes del Gobierno de turno. El decreto existió – aunque lo publicamos antes los medios de lejos de La Paz -, y su contenido era inequívoco: permiso para disparar a matar.

Después vinieron los dos hechos en cuestión. Uno en Cochabamba y otro en La Paz; uno en Sacaba y otro en Senkata, dos lugares emblemáticos para el Movimiento Al Socialismo y cuya cronología no tiene tampoco demasiadas dudas ni demasiadas interpretaciones. Unos y otros se encontraron, los que tenían las armas y permiso para utilizarlas dispararon, los que no las tenían murieron y todo se dispersó.

Después llegaron las interpretaciones maliciosas y las versiones disparatadas: “se dispararon entre ellos”, “querían hacer volar la planta de YPFB y crear un cráter hasta el centro de la tierra”, y otras que ameritaban una investigación a fondo: “Las Fuerzas Armadas no dispararon una sola bala” aseguró sin despeinarse el entonces Ministro de Defensa, Luis Fernando López.

El decreto hizo el papel pretendido por el Gobierno de Jeanine Áñez: imponer una suerte de paz con mucho ruido militar y amenazas varias vertidas desde diferentes vocerías de ese mismo Gobierno. Después el decreto se anuló y nadie investigó nada hasta que un año después se pretende que una organización supranacional como la CIDH haga lo que deberían hacer los tribunales bolivianos.

Ahora, en la reivindicación del suceso por parte del MAS parece tratar de camuflarse la escasa reacción de los movimientos sociales en aquellos días, tanto antes como después de la caída de Evo Morales. Las protestas fueron puntuales y muy focalizadas, casi como azuzadas para lo que efectivamente sucedió, y el propio Evo Morales, desde Buenos Aires, en entrevista con este medio, señaló que ni la COB ni la Única hicieron lo que tenían que hacer para haber revertido los hechos.

Sea la CIDH, sea el Ministerio Público, urge esclarecer los sucesos, llegar a la verdad de los hechos para que los muertos de aquellas semanas, todos, obtengan la Justicia necesaria para descansar en paz. Estamos hablando de personas, no de banderas políticas.


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