Justicia para las mujeres asesinadas
La sociedad ha dicho basta más allá de la acción de los colectivos feministas o las agrupaciones de víctimas, que resultan imprescindibles en la batalla por acabar con la lacra social del machismo
La violencia machista sigue siendo una de las grandes lacras de la sociedad actual. En Bolivia y en cualquier país de los alrededores y más allá, las cifras de violencia hacia las mujeres siguen siendo intolerables y alarmantes. Las características comunes y la evidencia de un problema estructural es lo que sustenta el tratamiento especial sobre este tipo de hechos, por mucho que la ola negacionista siga oponiéndose a considerarla como tal.
2020 está siendo un año especialmente duro en todos los sentidos, también en el de la violencia de género. Contentarnos con que las cifras “se estabilizan” sería algo así como postrarnos ante el imposible, considerar la muerte como un daño colateral. Bolivia sigue encabezando las estadísticas de mujeres asesinadas por millón de habitante en el continente sudamericano y la sensación es que la Ley 348 se ha estancado y ya no está dando los resultados esperados.
Si la denuncia está clara y la conciencia se va abriendo camino, los problemas siguen apareciendo en lo institucional, tanto en la Justicia como en los diferentes mecanismos de apoyo a la víctimas
El año 2020 ha venido marcado por la pandemia, que si bien los datos no han reflejado un incremento sustancial de la violencia feminicida como el que se suponía al someter a las unidades de convivencia a otras situaciones extremas condicionadas por el aislamiento, no dejan de ser trágicos. Además, se han sumado otra gran cantidad de casos de abandonos, violencia psicológica y otros que reflejan “la otra pandemia”.
Tarija en particular ha reducido sustancialmente el número de mujeres asesinadas a manos de sus parejas o ex parejas respecto a años anteriores. En 2018 se marcó un trágico record con una docena de mujeres asesinadas y este 2020 han sido tres. Los optimistas quieren creer que la declaración de la Alerta Departamental y la permanente conciencia ciudadana al respecto ha contribuido de alguna forma a esto. Los pesimistas lo consideran puntual. En cualquier caso, las medidas deben mantenerse, cuando no extremarse.
Si la denuncia está clara y la conciencia se va abriendo camino, los problemas siguen apareciendo en lo institucional, tanto en la Justicia como en los diferentes mecanismos de apoyo a las víctimas. En Tarija apenas 16 de 49 procesos abiertos por feminicidio han llegado a una sentencia, y la mayor parte de ellos han sido en proceso abreviado, donde el asesino ha reconocido su culpabilidad. El resto se ha perdido en procesos interminables, con interminables fallas y cuestionamientos, innumerables cambios de personal asignado, que han acabado con los recursos y la fe de las familias que buscaban Justicia y encontraron burocracia y, demasiadas veces, corrupción.
La sociedad ha dicho basta más allá de la acción de los colectivos feministas o las agrupaciones de víctimas, que resultan imprescindibles en la batalla por acabar con la lacra social del machismo. Se acabó el tiempo de la tolerancia y de mirar para otro lado. Es el tiempo de construir nuevos roles, nuevos acuerdos de convivencia, nuevas masculinidades y nuevas formas de enfrentar la vida. La violencia es la salida del cobarde y ya nadie debe temerle a la igualdad. Renovemos una vez más el compromiso: Ni Una Menos.
