Zamora y el secreto de la adenda VIII
La modificación del contrato rebajó los volúmenes obligatorios e hizo que Bolivia asuma los costos de transporte, además se concedió la suspensión inmediata y se cubrió con una cláusula de confidencialidad
Mientras el cerco de la justicia se estrecha sobre el exministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora, que no ha dado más señales de vida desde la posesión de Luis Arce como Presidente del Estado, el nuevo Ministerio analiza qué hacer con la adenda VIII del contrato de exportación de gas entre Bolivia y Brasil y que vino a perjudicar seriamente los intereses nacionales.
Después de cinco años negociando sin que se llegara a un acuerdo cierto entre Brasil y Petrobras, el contrato expiró con el 2019, pero los volúmenes comprometidos en 1999 no habían sido totalmente entregados, por lo que desde Bolivia se interpretaba la posibilidad de dar continuidad al contrato hasta que eso sucediera, mientras que en el Brasil de Jair Bolsonaro, inmerso en un proceso de liberalización del sector, no querían ni hablar de esta opción.
Las cosas cambiaron con el arribo de Jeanine Áñez al Gobierno tras la caída de Morales, donde la embajada de Brasil jugó un rol fundamental en aquella mesa de negociación de la zona sur de La Paz que acabó definiendo Presidenta.
Después de años de negociación sin acuerdo más allá de algunas concesiones que el entonces Ministro del área, Luis Alberto Sánchez, ya se apresuraba a vender como éxito y que se limitaban a la participación de YPFB en el mercado de distribución brasilero a través del uso de los ductos ya tendidos y al contacto con algunas empresas privadas, Brasil cambió de opinión y concedió una prórroga.
La prórroga se firmó en una adenda de la que YPFB y Zamora apenas explicaron que se pretendía entregar el saldo de unos 3 TCF de gas en los siguientes cinco años, aunque para ello se rebajó el cupo obligatorio de compra, que estaba en los 24 millones de metros cúbicos diarios y, en contrapartida, se mantuvo la indexación al precio del barril WTI.
La adenda se encuentra bajo una cláusula de confidencialidad firmada por los personeros de un Gobierno transitorio que entró por la ventana y salió perdiendo los zapatos y sin entregar el mando
Hasta ahí fue lo público y con lo que celebraron Zamora y Áñez, como si de un nuevo mercado abierto se tratara, cuando en realidad, las cláusulas quedaron bajo reserva y, hasta hoy, no se ha publicado.
Poco después se conoció que en la adenda Bolivia pasaba a hacerse cargo del gasto del transporte del gas hasta la frontera, una modificación cuyo costo se estima sobre los 70 millones de dólares anuales y que modifica en lo fundamental el acuerdo.
Algunos aspectos han ido saliendo a la luz: Ni bien se firmó el convenio en marzo, ya con el Covid planeando en el continente, se concedió la suspensión por “fuerza mayor o causa fortuita”, pese a que Brasil nunca detuvo su actividad industrial ni entró en una cuarentena rígida mínimamente parecida a la de Bolivia.
Faltan sin embargo conocer otros pormenores, como el rol de la planta Río Grande tras la bajada de la demanda autorizada por Bolivia, pero todo esto se encuentra opaco bajo una cláusula de confidencialidad firmada por los personeros de un Gobierno transitorio que entró por la ventana y salió perdiendo los zapatos y sin entregar el mando, ni los despachos, ni nada.
Urge poner luz y taquígrafos sobre una gestión efímera que puede haber dejado enormes daños en el sector más importante para el desarrollo de Bolivia y de Tarija.
