Los ascensos, la Constitución y la Democracia
Recuperar la democracia no es un eslogan, es una cuestión principista que implica el respeto absoluto al ordenamiento jurídico vigente, sobre todo cuando este se interpone entre el interés general y las ambiciones de los que mandan
El Ministro de Defensa Luis Fernando López anunció ayer la voluntad del Gobierno de saltarse al Senado y determinar los ascensos en las Fuerzas Armadas por decreto presidencial. Ni la decisión ni el momento en el que se toma es asunto menor, pues una Presidenta confinada por su positivo en coronavirus acaba de firmar un decreto que viola la formalidad del Estado Constitucional.
El conflicto se arrastra desde febrero, cuando la Presidenta Jeanine Áñez presentó en el senado la primera nómina de uniformados que deberían recibir la imposición de grados de acuerdo a la norma de las Fuerzas Armadas. La nómina es una prerrogativa de la Presidencia Constitucional, como la ratificación o no lo es del Senado.
Después llegaron las denuncias desde dentro sobre la manipulación del escalafón para proponer a unos y no a otros con mejores resultados para obtener los ascensos más preciados. No es algo que no hayan hecho otros gobiernos, pero el asunto acabó en el Tribunal Constitucional y aún está en revisión.
La Asamblea Legislativa Plurinacional, controlada por el MAS, rechazó tratar el tema en ese momento sin dar mayores explicaciones, pero evidentemente se relacionaban con el papel de las Fuerzas Armadas en los sucesos de octubre y noviembre, cuando el Comandante General Williams Kaliman intimó a renunciar a Evo Morales. Desde la Directiva se argumentó que el asunto no era propio para la excepcionalidad del momento en el que vivía Bolivia, con una prórroga extraordinaria de mandatos, y que podrían esperar a que hubiera un Presidente legitimado en las ánforas para proceder.
Después llegaron las denuncias desde dentro sobre la manipulación del escalafón para proponer a unos y no a otros con mejores resultados para obtener los ascensos más preciados. No es algo que no hayan hecho otros gobiernos, pero el asunto acabó en el Tribunal Constitucional y aún está en revisión.
Entre tanto se dio el bochornoso acto de la irrupción del Comandante Sergio Orellana en la Asamblea Plurinacional vestido con uniforme castrense para instruir a la Directiva sobre lo que debía hacer, poniéndole incluso plazo. La extralimitación de funciones no fue afeada, pero quedó ahí, mientras desde el Gobierno y otros foros se alentaba una campaña contra la ALP que era novedosa en tanto se pide el cierre, puesto que desprestigiada ya estaba tras demasiados años de mayoría de dos tercios.
López presentó el decreto antes de que se publicara en la Gaceta Oficial del Estado, y justo en un momento en el que la atención está concentrada en la lucha contra el Covid-19, que ya tiene aislada a la Presidenta Jeanine Áñez; a la Presidenta de la Asamblea, Eva Copa; al Ministro de la Presidencia, Yerko Núñez y medio Gobierno; y que ha tenido hasta hace dos días al propio Orellana.
La imposición de los ascensos por decreto rompe con las formalidades de un Estado Constitucional y su institucionalidad y da más argumentos a aquellos que cuestionan el papel jugado por las Fuerzas Armadas en noviembre y la legitimidad de cualquier proceso de transición democrática a partir de entonces.
Recuperar la democracia no es un eslogan, es una cuestión principista que implica el respeto absoluto al ordenamiento jurídico vigente, sobre todo cuando este se interpone entre el interés general y las ambiciones de los que mandan.
