Ley de incentivos, la “estafa” continúa
Todo lo que impulsó Sánchez (fracking, Tariquía, etc.) sigue vigente con Zamora, incluido el famoso Fondo que solo hace felices a las petroleras y sobre todo, a los burócratas del Banco Central que deciden las inversiones de ese dinero “hurtado” a Tarija y al resto de municipios
Cuatro años y medio después de su aprobación, la Ley de Promoción para la Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera, más conocida como Ley de Incentivos, sigue plenamente vigente. Ni la Asamblea Legislativa Plurinacional ha sabido modificar la misma y sigue con remiendos, ni el Gobierno, a través de su Ministerio de Hidrocarburos, ha sido capaz de ordenar ese Fondo que, en la práctica, ha fracasado.
La Ley hay que entenderla en su contexto. En 2015, el recién confirmado Ministro de Hidrocarburos, el tarijeño Luis Alberto Sánchez, se decidió a crear una serie de proyectos que incrementaran los recursos a corto plazo en el país a través de los hidrocarburos. La estrategia respondía a varias urgencias esencialmente políticas.
El petróleo estaba cayendo muy seriamente desde finales de 2014, cuando superaba los 100 dólares, y lo siguió haciendo hasta enero de 2016, cuando se quedó un poco por encima de los 25. Se estaba librando la cruenta batalla sobre la rentabilidad de los proyectos más arriesgados, como el shale y los proyectos en aguas abierta, y básicamente, la hegemonía del golfo Pérsico en el siglo XXI.
El Fondo no tenía más fin que pagar más de lo acordado por contrato a las empresas que hicieran más rápido el trabajo “encomendado” en las áreas de exploración e incluso, ya en las de explotación
El Gobierno de Evo Morales no lo quería ni ver y el hoy candidato Luis Arce se atrevía a apostar a que sería algo coyuntural. Los departamentos productores como Tarija, que trata de encaminar una autonomía con unos recursos volátiles lo padeció duramente. El Gobierno tiraba de crédito exterior reservas, pero necesitaba hacer crecer los ingresos para no tener problemas.
A Sánchez le tocó cambiar el plan de la nacionalización y recuperar el de la exportación a raudales en busca de dinero fácil: frenó la industrialización en el Chaco y ralentizó la de Bulo Bulo; abrió las puertas al fracking y levantó la protección de áreas protegidas como la de Tariquía, y también creó el famoso Fondo de Incentivos.
El Fondo no tenía más fin que pagar más de lo acordado por contrato a las empresas que hicieran más rápido el trabajo “encomendado” en las áreas de exploración e incluso, ya en las de explotación. San Alberto languidecía, los contratos con Brasil y Argentina aún estaban vigentes y el riesgo de incumplimiento era notorio, más allá de toda la estrategia de márketing del “corazón energético” y todo lo demás.
Para constituir el Fondo, el Ministerio del Gobierno que más recursos manejó nunca en este país hizo lo que acostumbraba, sacar de la caja de las Gobernación y Municipios, esta vez descontando el 12% de IDH. Hubo justificaciones de lo más variadas sobre el tema, que básicamente prometía más regalías de ir bien.
Tarija, evidentemente, fue el departamento que más aportó, aunque la recompensa fue el proyecto de Tariquía, aún vigente, y un agujero casi hasta el centro de la tierra en Boyuy, que resultó improductivo. San Alberto sigue languideciendo.
Lo curioso es que con el cambio de Ministerio, la política no ha cambiado. Sánchez hablaba de soberanía para exportar y Víctor Hugo Zamora de desnacionalizar y abrir nuevos mercados. Para el caso, la misma receta salvo que con otra presentación.
Todo lo que impulsó Sánchez sigue vigente con Zamora, incluido el famoso Fondo que solo hace felices a las petroleras y sobre todo, a los burócratas del Banco Central que deciden las inversiones de ese dinero hurtado a Tarija y al resto de municipios, pues el objetivo no se ha cumplido ni de lejos.
Alguien debe tomar cartas en el asunto, pues las economías locales no están para alegrías y la emergencia sigue afilando sus consecuencias.
