Áñez, Mostajo, Navajas y la responsabilidad de los respiradores
El escándalo de la compra de respiradores mecánicos por parte del Gobierno nacional sigue creciendo. Al problema de la utilidad - puesta en cuestión por todos los médicos especialistas que señalaron que el modelo adquirido distaba un mundo del anunciado - se unió el escándalo del...
El escándalo de la compra de respiradores mecánicos por parte del Gobierno nacional sigue creciendo. Al problema de la utilidad - puesta en cuestión por todos los médicos especialistas que señalaron que el modelo adquirido distaba un mundo del anunciado - se unió el escándalo del sobreprecio identificado que desembocó en el enésimo anuncio de investigación por parte del ejecutivo, donde la propia Jeanine Áñez ha pedido “cárcel” para los responsables.
La cuenta es clara, un equipo español que costaba entre 8.000 y 11.000 dólares en fábrica, ya incorporada la inflación provocada por la alta demanda de estos días, acabó costando más de 27.000 puesto en Bolivia. La empresa fabricante se ha lavado las manos señalando que fueron adquiridos a través de “intermediarios”, y se ha identificado al menos a una empresa española – IME consulting – y se sospecha que existe otra boliviana, de la que más se identifican los nexos familiares con el poder que con la medicina. Tampoco está claro el papel de BoA en todo esto.
El escándalo es el peor de la gestión de Jeanine Áñez y varias razones lo magnifican justificadamente. La primera de ellas es el hecho de que durante semanas el Gobierno pidiera tranquilidad apuntando a la adquisición de 500 respiradores para las Unidades de Terapia Intensiva (UTI) pero a su llegada no cumplieran ni de lejos las expectativas generadas.
Toda la plana mayor del Gobierno, desde el ministro de Salud Marcelo Navajas hasta la ministra de Comunicación, Isabel Fernández, pasando por algunos de los voceros más connotados, oficiales o no, defendieron la utilidad de estos respiradores asegurando que eran los que iban a salvar vidas, pero horas después, el embajador para la ciencia nombrado por la presidenta Jeanine Áñez, Mohammed Mostajo – Radji, se descolgó en redes señalando que se trataba de equipos diferentes a los 500 prometidos.
Mostajo - Radji enumeró una serie de descargos que dejan en ridículo a toda la cadena de mandos pues básicamente niega cualquier responsabilidad política y técnica e incluso señala que es una entidad tan opaca y lejana como el BID
No contento con desautorizar a medio Gobierno, Mostajo - Radji fue más allá unos días después, como anticipándose a la tormenta que se avecinaba en la cuestión del inverosímil precio pagado por los productos, vino a enumerar una serie de descargos que dejan en ridículo a toda la cadena de mandos pues básicamente niega cualquier responsabilidad política y técnica e incluso señala que es una entidad tan opaca y lejana como el Banco Interamericano de Desarrollo quien tiene la última palabra: “1.- Una persona recibe los requerimientos (…) consolida las listas e informa al ministro de Salud. 2.- El ministro de Salud hace el requerimiento formal a la Agencia que corresponda. 3.- La Agencia hace la licitación e incluye lista de requisitos (…). 4.- La agencia recibe ofertas a través de esta página. Crea comisiones de biomédicos y otros profesionales y adjudica a la mejor oferta. 5.- La decisión pasa a la agencia financiadora (BID, banco mundial u otra) quienes hacen un análisis de riesgo de la empresa, un análisis técnico por sus biomédicos y finalmente da una nota de “no objeción”. 6.- La agencia informa al ministro de Salud de la compra para la firma del contrato correspondiente.”
El Ministro secundó después esas tesis, que a la fecha son insuficientes para cualquier explicación. No es posible que al amparo de la emergencia se pretenda gestionar el Estado desde la improvisación, atendiendo a requerimientos “de una persona” o justificando la pertinencia de una inversión con sobreprecio evidente en que “al BID le pareció bien”.
El cambio de estrategia del Gobierno: de defender a atacar, de verdugo a víctima, está por demás vista en el país; también lo de apuntar al último funcionario como responsable del negociado más evidente de los vistos recientemente. Es necesaria la investigación, pero a fondo y caiga quien caiga. No es tiempo de juegos de artificio.
La cuenta es clara, un equipo español que costaba entre 8.000 y 11.000 dólares en fábrica, ya incorporada la inflación provocada por la alta demanda de estos días, acabó costando más de 27.000 puesto en Bolivia. La empresa fabricante se ha lavado las manos señalando que fueron adquiridos a través de “intermediarios”, y se ha identificado al menos a una empresa española – IME consulting – y se sospecha que existe otra boliviana, de la que más se identifican los nexos familiares con el poder que con la medicina. Tampoco está claro el papel de BoA en todo esto.
El escándalo es el peor de la gestión de Jeanine Áñez y varias razones lo magnifican justificadamente. La primera de ellas es el hecho de que durante semanas el Gobierno pidiera tranquilidad apuntando a la adquisición de 500 respiradores para las Unidades de Terapia Intensiva (UTI) pero a su llegada no cumplieran ni de lejos las expectativas generadas.
Toda la plana mayor del Gobierno, desde el ministro de Salud Marcelo Navajas hasta la ministra de Comunicación, Isabel Fernández, pasando por algunos de los voceros más connotados, oficiales o no, defendieron la utilidad de estos respiradores asegurando que eran los que iban a salvar vidas, pero horas después, el embajador para la ciencia nombrado por la presidenta Jeanine Áñez, Mohammed Mostajo – Radji, se descolgó en redes señalando que se trataba de equipos diferentes a los 500 prometidos.
Mostajo - Radji enumeró una serie de descargos que dejan en ridículo a toda la cadena de mandos pues básicamente niega cualquier responsabilidad política y técnica e incluso señala que es una entidad tan opaca y lejana como el BID
No contento con desautorizar a medio Gobierno, Mostajo - Radji fue más allá unos días después, como anticipándose a la tormenta que se avecinaba en la cuestión del inverosímil precio pagado por los productos, vino a enumerar una serie de descargos que dejan en ridículo a toda la cadena de mandos pues básicamente niega cualquier responsabilidad política y técnica e incluso señala que es una entidad tan opaca y lejana como el Banco Interamericano de Desarrollo quien tiene la última palabra: “1.- Una persona recibe los requerimientos (…) consolida las listas e informa al ministro de Salud. 2.- El ministro de Salud hace el requerimiento formal a la Agencia que corresponda. 3.- La Agencia hace la licitación e incluye lista de requisitos (…). 4.- La agencia recibe ofertas a través de esta página. Crea comisiones de biomédicos y otros profesionales y adjudica a la mejor oferta. 5.- La decisión pasa a la agencia financiadora (BID, banco mundial u otra) quienes hacen un análisis de riesgo de la empresa, un análisis técnico por sus biomédicos y finalmente da una nota de “no objeción”. 6.- La agencia informa al ministro de Salud de la compra para la firma del contrato correspondiente.”
El Ministro secundó después esas tesis, que a la fecha son insuficientes para cualquier explicación. No es posible que al amparo de la emergencia se pretenda gestionar el Estado desde la improvisación, atendiendo a requerimientos “de una persona” o justificando la pertinencia de una inversión con sobreprecio evidente en que “al BID le pareció bien”.
El cambio de estrategia del Gobierno: de defender a atacar, de verdugo a víctima, está por demás vista en el país; también lo de apuntar al último funcionario como responsable del negociado más evidente de los vistos recientemente. Es necesaria la investigación, pero a fondo y caiga quien caiga. No es tiempo de juegos de artificio.
