Los negocios de los transgénicos
El debate de los transgénicos sigue en las redes sociales, pero no en la Asamblea Plurinacional ni en el Gobierno, que ha metido de contrabando una aceleración de la implementación de las tecnologías de modificación genética amparado en la emergencia sanitaria, y que ha decidido defender...
El debate de los transgénicos sigue en las redes sociales, pero no en la Asamblea Plurinacional ni en el Gobierno, que ha metido de contrabando una aceleración de la implementación de las tecnologías de modificación genética amparado en la emergencia sanitaria, y que ha decidido defender incluso con ironía.
El gobierno transitorio de Jeanine Áñez aprobó el Decreto Supremo 4232 el día después de cesar al ministro de Desarrollo Productivo y poner en su lugar a Óscar Ortiz, político de partido y disciplinado representante de la Cainco. En su artículo único, autoriza de manera “excepcional” a que el Comité Nacional de Bioseguridad establezca “procedimientos abreviados” para la evaluación de semillas genéticamente modificadas de maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya. Dando continuidad, así, a la política iniciada por el anterior gobierno de Evo Morales e incluso ya explorada en tiempos de Carlos Mesa y Rodríguez Veltzé.
La historia es importante para evitar oportunistas, que ven en el clamor de las redes sociales una ocasión para arañar votos. Sin embargo, más allá de poses y banderas recuperadas, cabe identificar bien los poderosos intereses y riesgos que se esconden detrás de la agricultura extensiva con semillas modificadas.
Los Gobiernos, todos, suelen excusarse en que “todos los hacen”. Y es cierto que salvo en zonas de Europa, la modificación genética se ha implementado con fuerza tanto en Estados Unidos como en Paraguay, Argentina, Brasil, etc.
Los promotores hablan de modificación genética como si la alteración le permitiera al maíz convertirse en más alto y más guapo, cuando en realidad lo que le hace es protegerse contra el veneno del glifosato, que lo mata todo a su alrededor, y de ahí es que se aumenta el rendimiento.
El otro argumento que suele exhibirse es el de la crisis alimentaria mundial que se prevé para 2040, cuando la población alcance – se estima – los 10.000 millones de habitantes. Muchos estudios cuestionan esta afirmación, que sin embargo ha servido de excusa para “ampliar la frontera agraria” precisamente en los continentes más pobres.
Lo cierto es que los Gobiernos y los promotores hablan de modificación genética para incrementar los rendimientos de las parcelas cultivables, como si la alteración le permitiera al maíz convertirse en más alto y más guapo, cuando en realidad lo que le hace es protegerse contra el veneno del glifosato, que lo mata todo a su alrededor, y de ahí es que se aumenta el rendimiento.
De ahí vienen la crítica habitual: cáncer, que multitud de estudios han apuntado y otra multitud ha desmentido, quien sabe financiadas por qué.
Otras, sin embargo, son menos rebatibles: el efecto en los suelos, la hegemonía de las grandes transnacionales de las semillas, el desplazamiento de las especificidades locales y otras cuestiones que afectan directamente a la soberanía alimentaria que dicen proteger.
Otras son sospechas, pero con demasiada base cierta: incendios indiscriminados que amplían “accidentalmente” la frontera agraria, así como la “extranjerización” de la propiedad de la tierra, cuyos efectos ya se sienten en amplias zonas del Chaco y la Amazonía.
Las prisas con las que se ha facilitado el ingreso, en plena crisis sanitaria y a pesar del horizonte electoral que se atisba, con un Gobierno de Transición y demasiadas dudas en la agenda, viene a evidenciar precisamente el poder los interesados.
Lo bueno del tiempo electoral, por otro lado, es que cada cual será preso de sus compromisos. Es tiempo de que el pueblo tome posiciones.
El gobierno transitorio de Jeanine Áñez aprobó el Decreto Supremo 4232 el día después de cesar al ministro de Desarrollo Productivo y poner en su lugar a Óscar Ortiz, político de partido y disciplinado representante de la Cainco. En su artículo único, autoriza de manera “excepcional” a que el Comité Nacional de Bioseguridad establezca “procedimientos abreviados” para la evaluación de semillas genéticamente modificadas de maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya. Dando continuidad, así, a la política iniciada por el anterior gobierno de Evo Morales e incluso ya explorada en tiempos de Carlos Mesa y Rodríguez Veltzé.
La historia es importante para evitar oportunistas, que ven en el clamor de las redes sociales una ocasión para arañar votos. Sin embargo, más allá de poses y banderas recuperadas, cabe identificar bien los poderosos intereses y riesgos que se esconden detrás de la agricultura extensiva con semillas modificadas.
Los Gobiernos, todos, suelen excusarse en que “todos los hacen”. Y es cierto que salvo en zonas de Europa, la modificación genética se ha implementado con fuerza tanto en Estados Unidos como en Paraguay, Argentina, Brasil, etc.
Los promotores hablan de modificación genética como si la alteración le permitiera al maíz convertirse en más alto y más guapo, cuando en realidad lo que le hace es protegerse contra el veneno del glifosato, que lo mata todo a su alrededor, y de ahí es que se aumenta el rendimiento.
El otro argumento que suele exhibirse es el de la crisis alimentaria mundial que se prevé para 2040, cuando la población alcance – se estima – los 10.000 millones de habitantes. Muchos estudios cuestionan esta afirmación, que sin embargo ha servido de excusa para “ampliar la frontera agraria” precisamente en los continentes más pobres.
Lo cierto es que los Gobiernos y los promotores hablan de modificación genética para incrementar los rendimientos de las parcelas cultivables, como si la alteración le permitiera al maíz convertirse en más alto y más guapo, cuando en realidad lo que le hace es protegerse contra el veneno del glifosato, que lo mata todo a su alrededor, y de ahí es que se aumenta el rendimiento.
De ahí vienen la crítica habitual: cáncer, que multitud de estudios han apuntado y otra multitud ha desmentido, quien sabe financiadas por qué.
Otras, sin embargo, son menos rebatibles: el efecto en los suelos, la hegemonía de las grandes transnacionales de las semillas, el desplazamiento de las especificidades locales y otras cuestiones que afectan directamente a la soberanía alimentaria que dicen proteger.
Otras son sospechas, pero con demasiada base cierta: incendios indiscriminados que amplían “accidentalmente” la frontera agraria, así como la “extranjerización” de la propiedad de la tierra, cuyos efectos ya se sienten en amplias zonas del Chaco y la Amazonía.
Las prisas con las que se ha facilitado el ingreso, en plena crisis sanitaria y a pesar del horizonte electoral que se atisba, con un Gobierno de Transición y demasiadas dudas en la agenda, viene a evidenciar precisamente el poder los interesados.
Lo bueno del tiempo electoral, por otro lado, es que cada cual será preso de sus compromisos. Es tiempo de que el pueblo tome posiciones.
