El caso mochilas, el caso computadoras y la doble vara de medir

La “nueva” justicia ha determinado libertad simple y pura para el exalcalde de Cochabamba, José María Leyes, que fue denunciado por una irregular compra de 92 mil mochilas con un presunto sobreprecio de 10 millones de bolivianos; y posteriormente por una operación similar – caso mochilas...

La “nueva” justicia ha determinado libertad simple y pura para el exalcalde de Cochabamba, José María Leyes, que fue denunciado por una irregular compra de 92 mil mochilas con un presunto sobreprecio de 10 millones de bolivianos; y posteriormente por una operación similar – caso mochilas II - guardaba detención en prisión desde 2019.

La denuncia fue interpuesta en abril de 2018 por una concejala del MAS de esa ciudad, y rápidamente se pusieron en marcha los mecanismos de la “vieja” justicia, que finalmente propició la suspensión del cargo de alcalde y que Leyes diera con sus huesos en la cárcel por unas temporadas.
En 2012 el alcalde de Yacuiba licitó 38 millones de bolivianos en computadoras que se importaron por 10
El caso era más o menos de manual. El Gobierno Municipal había licitado por un monto la adquisición de mochilas para un programa escolar, pero posteriormente se comprobó en la póliza de importación que el costo efectivo de esas mochilas era infinitamente inferior al que los funcionarios municipales habían estimado a la hora de redactar el pliego de condiciones. No era poco dinero: las 92.000 mochilas se habían licitado por 12 millones de bolivianos, pero la importación efectiva se había hecho por 2. En total, diez millones libres por una gestión de compra en China.

Mucho antes había saltado el caso de la compra de computadoras en la Alcaldía de Yacuiba por parte del entonces burgomaestre Carlos Brú. En 2012 – antes de que se pusiera en marcha el programa de las Kuua - había adquirido 2.500 computadoras para entregar a los alumnos de secundaria. La licitación contempló 38 millones de bolivianos, pero la póliza de importación señalaba que la compra se había realizado por 9,6 millones de bolivianos. Es decir, cuatro millones de dólares de sobreprecio sin justificación.

Brú, sin embargo, no ha pasado un solo día en la carceleta por este caso y las denuncias fueron una y otra vez rechazadas por la Fiscalía, que nunca vio indicio de delito, ni siquiera cuando todo el oficialismo clamaba contra Leyes por un caso idéntico.

En 2012 Brú era un alcalde “de la derecha”, en 2018 ya era un acérrimo “socialista al extremo” y niño mimado de Evo Morales, que le perdonó su debacle electoral en 2015 y lo nombró después viceministro de Defensa Civil y más tarde, cónsul en Salta.

Leyes era en 2018 una “estrella emergente” de Demócratas, su primer y único cargo relevante fuera Santa Cruz, y que pronto se convirtió en una piedra en el zapato, pues ni los Demócratas podían esconder el bulto ni sus potenciales aliados querían comulgar con las tesis de la persecución política. Rubén Costas, sin embargo, lo mantuvo vigente contra viento y marea con alguna suspensión temporal.

La política siempre estuvo ahí. Los jueces barajan el carpetazo definitivo a un caso no tan complejo en Cochabamba, y quien sabe si pronto hay noticias nuevas sobre el caso de las computadoras de Yacuiba. En cualquier caso, flaco favor le hace al procedimiento y a la Justicia, que sigue bajo sospecha ante la negativa absoluta a cambiar.

 

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