Bolivia: Las mujeres siguen muriendo

Entre tanta agitación electoral, no puede pasar inadvertido uno de los más graves flagelos que viene azotando a la sociedad boliviana de forma permanente sin que ninguna acción política haya puesto freno a este particular infierno: la violencia de género no para de aumentar, y sus víctimas...

Entre tanta agitación electoral, no puede pasar inadvertido uno de los más graves flagelos que viene azotando a la sociedad boliviana de forma permanente sin que ninguna acción política haya puesto freno a este particular infierno: la violencia de género no para de aumentar, y sus víctimas siguen sufriendo, además, el silencio y la injusticia.

Ayer se conmemoró el Día Internacional de Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres, una fecha que tradicionalmente sirve para dar a conocer trágicos números de víctimas y hacer promesas sobre medidas que tomar en uno u otro sentido, que muchas veces acaban quedando en nada.

Este año todo parece haber quedado sepultado bajo la vorágine política, la renuncia presidencial, la asunción del relevo y las protestas violentas que han generado muertos. Los muertos, evidentemente, no se deben comparar. La violencia de género viene sumando unos cien cadáveres cada año desde hace muchísimos años. Nada apunta a que este año será diferente.
No hay que descubrir la pólvora. A largo plazo hace falta un cambio de actitud social. En el mediano, hay que dar oportunidades para que unos no dependan de los otros. A corto plazo proteger los casos de riesgo y facilitar la denuncia
Cuando falta todavía un mes para cerrar 2019, la cifra de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas supera ya el centenar. En concreto son 104, una cifra que con mucha probabilidad crecerá en las próximas semanas.

En Tarija, además, la fecha ha venido precedido de una serie de sentencias por dos casos tipificados inicialmente como feminicidios y que uno acabó en una “muerte natural” de una joven sana de 25 años y otra en “lesiones seguida de muerte” hacia la pareja – ocasional o no – de un miembro de la “jet set” tarijeña. Ambas han dejado en estado shock a las organizaciones feministas y han ruborizado a más de un abogado, juez o fiscal, que no pueden entender el razonamiento, particularmente del segundo caso. La apelación es una opción para las familias de las víctimas, pero el dolor es infinito, y los recursos no.

Tarija suma seis feminicidios hasta la fecha en este 2019, inmensos dolores, aunque en términos numéricos sean la mitad de los recogidos en el fatídico año 2018 y que desató una alarma social que no acaba de materializarse en acciones concretas. El asunto es idéntico a lo que pasa a nivel nacional; una cosa es la solidaridad y la empatía, otra ponerse manos a la obra para erradicar este genocidio incesante.

No hay que descubrir la pólvora. A largo plazo hace falta un cambio de actitud social que deje de considerar a unos propiedad de otros. En el mediano, hay que dar oportunidades – vía discriminación positiva si es preciso – para que unos no dependan de los otros. A corto plazo, es necesario tomar medidas urgentes para proteger los casos de riesgo y facilitar la denuncia. No hay que inventar nada, solo dedicar más recursos a los sistemas que los “consultores” han diseñado 17 veces pero que siempre topan con lo mismo: no hay plata.

El asunto es mucho más serio de lo que en realidad parece trascender. El silencio pasa a ser cómplice de estas situaciones. Nadie podría soportar cien muertos en un día en, por ejemplo, Senkata o Montero. ¿Por qué lo toleramos entonces en un año? Es urgente tomar medidas de fondo.

 

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