YPFB, la hora de corregir las mentiras

“El resultado más destacado de este esquema (se refiere a las reformas del sector hidrocarburos impulsado entre 1994 y 1997 por Gonzalo Sánchez de Lozada – GSL- en Bolivia, ndr) fue el posicionamiento de Bolivia como el país como mayores reservas de gas libre en Centro y Sud América, según certificación de reservas al 2005, y el segundo después de Venezuela en gas natural. Así Bolivia logró en ese año, la certificación de reservas probadas y probables de 48,7 TCF´S; mayores en más del 700% a las registradas en 1997”.

El párrafo citado arriba corresponde a las conclusiones expuestas (pág. 80) en un trabajo titulado “Las políticas hidrocarburíferas en Bolivia: La difícil articulación entre las dimensiones técnico-económica y político-simbólica”, cuya autoría corresponde a Fernanda Wanderley, Leila Mokrani y Alice Guimarães. Doctora en Sociología, Columbia (Nueva York) la primera, y subdirectora de Investigación del Cides-UMSA; economista con estudios de Maestría en la UNAM (México) y Docente-Investigadora del Cides-UMSA la segunda, y socióloga Docente-Investigadora del Cides-UMSA, candidata a Doctora por (UPER) (Río de Janeiro) la tercera. El documento consultado no consigna el año de su publicación, pero, por su contenido, es posterior al 2010.

Para el analista Carlos Miranda Pacheco (ex secretario de Hidrocarburos del gobierno de GSL y también ex superintendente de Hidrocarburos), quien participó activamente en esa reforma sectorial marcada por la privatización del sector, las reservas hidrocarburíferas producto de esas reformas, dieron estos resultados: Reservas probadas el año 1997: 3,75 TCF (es decir, lo que la estatal YPFB descubrió, según ese autor, antes de la capitalización de esta empresa – su privatización – durante el régimen de GSL); Reservas probadas el año 2003: 28.69 TCF. (Página 54, cuadro 1, del documento “Gas y política Una geopolítica explosiva”, publicado el año 2009).

Este incremento de casi 25 TCFs en las reservas probadas de Bolivia, los autores señalados (Wanderley, Mokrani y Guimaraes, así como Miranda), le atribuyen a las supuestas inversiones en el sector a partir de la reforma privatizadora denominada “capitalización”.

Sobre esta base, el segundo gobierno de GSL (2002 – 2003) como el de Hugo Banzer (1997 - 2001) y Jorge Quiroga (2001 – 2002), basándose en esas supuestas reservas probadas de gas, así como las probadas y probables ya citadas, impulsaron la exportación de gas licuificado (GNL) a mercados mexicanos y estadounidenses. El negocio básicamente consistía en exportar en veinte años 16 TCFs, por lo que las reservas probadas alcanzaban para atender el mercado de Brasil (8TCF en los veinte años de exportación entre 1999 y 2019) y el mercado interno. Al cabo de ese tiempo (2020 aproximadamente), Bolivia habría agotado sus reservas probadas si es que parte de las probables no se confirmaban mediante inversiones en exploración.

Pero en esos veinte años habrían ingresado, según sus propulsores, ingentes recursos.

Entusiastas analistas y periodistas respaldaron la política privatizadora y sus “increíbles” resultados.

Pero el proceso político nacional colocó el año 2006 a Evo Morales Ayma y a su ministro de Hidrocarburos Andrés Solíz Rada a tomar decisiones en el sector. Entre los primeros sobresaltos se conoció que las mismas empresas que “certificaron” esas decenas de TCFs de reservas probadas, arguyendo la aplicación de nuevos métodos de cálculo, informaron a las nuevas autoridades bolivianas, a inicios de 2006, que Bolivia sólo contaba con 9.94 TCFs de gas, apenas para atender el mercado de Brasil ya comprometido y el consumo interno.

En ninguno de los textos de Wanderley et al ni de Miranda se explica la razón de no mencionar esa baja en las reservas sin mayor argumento que el del cambio de metodología de cálculo, pese a que fueron escritos al menos tres años después de saberse oficialmente el dato.

La tercera nacionalización decretada el 1 de mayo de 2006 en el nuevo gobierno de Morales y Soliz Rada, instruyó auditorías a las petroleras del sector “campo por campo”. Los resultados de las mismas evidenciaron, entre otras muchas cosas, que fue YPFB estatal la que entre 1990 y 1991 descubrió las principales reservas de gas en los campos tarijeños de San Alberto y Sábalo, en el Chaco boliviano; es decir, los 9.94 TCFs existentes de gas, básicamente se los debe el país a la labor de ímprobos ingenieros y técnicos bolivianos y no al proceso privatizador del gobierno de GSL .

Los resultados económicos de la tercera nacionalización, así como una afortunada escalada de precios del gas exportado, permitieron consolidar un segundo mercado de gas (Argentina) – en junio de 2006 su acordó suscribir un contrato para la venta de 27 MMCD de gas) y, sobre esta base, inversiones exploratorias para incrementar las reservas gasíferas para garantizar ingresos para el país.

Transcurridos casi catorce años, Bolivia ha cumplido en lo sustancial su contrato con Brasil y Argentina, así como ha atendido razonablemente el mercado interno expandido (pasó de consumir 4 MMCD a 13 MMCD) y mantiene alrededor de 10 TCFs de reservas probadas (los datos del sector no están actualizados y  aún muestran opacidad).

En ese contexto, debe considerarse atinado el esfuerzo gubernamental de buscar otros mercados, incluso, ahora sí, licuificando el gas en puertos peruanos, para garantizar ingresos para el país, en tanto se consolidan nuevas fuentes de ingresos (litio, por ejemplo) con inversiones que están en proceso de ejecución.

Haber dado curso al proyecto GNL el año 2000 habría significado el vaciamiento del país sin garantía de ingresos, dada la fórmula que se pretendía aplicar para el pago del gas en el mercado norteamericano y la falsedad de las cantidades de reservas probadas supuestamente existentes, conforme se demuestra aquí.

Ahora (2019), aún con demora, corresponde a YPFB dos tareas indispensables: la primera es corregir en todos los documentos estadísticos e históricos adulterados durante los gobiernos de GSL y posteriores (incluso durante el actual régimen se repiten acríticamente las mentiras del pasado), el mérito que corresponde a la estatal petrolera el descubrimiento de los megacampos San Alberto y Sábalo, desmintiendo documentalmente a quienes atribuyen a la política privatizadora de GSL el incremento de reservas probadas de gas, y, segundo, plantear con claridad, con honestidad empresarial y social, la exploración mediante la técnica denominada “fracking”, para garantizar más reservas que aseguren la provisión de gas para el mercado boliviano al menos los veinte años posteriores, así como para la exportación, de modo que los pros y contras de esta decisión sean de conocimiento de todos los bolivianos.

El “mar de gas”, cuando no lo hay, es tan condenable como los 28.9 y 48.7 TCFs que nunca existieron, pero que sirvieron de base para impulsar el intento de vaciamiento nacional.