La ABC y su extraño rol en la Entre Ríos – Palos Blancos
La molestia crece en Entre Ríos y en otras muchas provincias, sobre todo entre pequeños productores o proveedores de servicios que siguen sin cobrar sus facturas adeudas mientras las altas instancias hacen oídos sordos a los pedidos. Es curioso que mientras Evo Morales se reunía en Tarija...
La molestia crece en Entre Ríos y en otras muchas provincias, sobre todo entre pequeños productores o proveedores de servicios que siguen sin cobrar sus facturas adeudas mientras las altas instancias hacen oídos sordos a los pedidos.
Es curioso que mientras Evo Morales se reunía en Tarija con la “flor y nata” del empresariado joven tarijeño, en provincias se extendían los nervios ante lo que parecía una inminente salida de la empresa española Eurofinsa dejando a sus espaldas un reguero de deudas e incumplimientos. Los movimientos han causado además a su otrora fiel defensora Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), que ante la rebelión de los locales ha decidido ponerse exigente con sus exprotegidos.
Eurofinsa entregó provisionalmente en abril 2018 la ruta Entre Ríos – Palos Blancos en plazo. No está tan claro que lo hiciera en forma, porque de hecho, la recepción definitiva se hizo entre gallos de media noche, derrumbes de todo tipo y más de una observación sin remediar.
Desde la adjudicación, los ingenieros de la zona señalaban que los 85 millones de dólares con los que se pretendían completar parecían escasos para cumplir todos los requisitos.
La ruta fue licitada en 2013 y se ordenaron trabajos en el muy electoral año 2014. Desde la adjudicación, los ingenieros de la zona señalaban que los 85 millones de dólares con los que se pretendían completar parecían escasos para cumplir todos los requisitos.
Pronto la ABC empezó a ejercer de vocera oficial de la empresa en lugar de ser su supervisora. En nada se autorizaron los cambios en pendientes y curvaturas, que del 6 por ciento máximo y el 100 metros de radio con que se licitó la carretera fueron aumentadas al 8 por ciento y a los 50 metros; una modificación que sensiblemente afecta al presupuesto.
Después llegó el asunto de los ductos, a priori incorporado en todo contrato llave en mano, pero finalmente se acabó convirtiendo en un ítem nuevo que YPFB decidió pagar. Los trabajos para mover el Gasoducto Villa Montes – Tarija (que apenas llevaba dos años en funcionamiento al momento de la licitación) y otros servicios han demandado, según fuentes, 800.000 dólares que a la fecha no se cancelan.
El problema es que la deuda no la está soportando la empresa española, que llegó con un puñado de ingenieros y computadoras en mano, y se fue casi igual, sino una multitud de empresas tarijeñas proveedoras o que prestaron algún servicio, y que evidentemente no moverán un dedo para colaborar en el mantenimiento si antes no se les cancela.
En principio lo de Eurofinsa no se convertirá en un caso Corsán II, porque básicamente y a pesar de todo, la española se han adjudicado otras obras en el territorio nacional, pero en estos tiempos de incertidumbre económica, ahora que el departamento sale apenas del calvario al que fue sometido tras el dispendio en los años de Lino Condori, las empresas y trabajadores que sobreviven tienen suficiente con soportar las deudas propias, como para sumar también las del Gobierno Nacional.
Desde El País celebramos que la ABC asuma su rol de fiscalización y ponga todos los empeños, primero, en que se paguen las deudas, y segundo, en que la obra se entregue en las condiciones que dice el contrato. Ni mejor. Ni por supuesto, peor.
Es curioso que mientras Evo Morales se reunía en Tarija con la “flor y nata” del empresariado joven tarijeño, en provincias se extendían los nervios ante lo que parecía una inminente salida de la empresa española Eurofinsa dejando a sus espaldas un reguero de deudas e incumplimientos. Los movimientos han causado además a su otrora fiel defensora Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), que ante la rebelión de los locales ha decidido ponerse exigente con sus exprotegidos.
Eurofinsa entregó provisionalmente en abril 2018 la ruta Entre Ríos – Palos Blancos en plazo. No está tan claro que lo hiciera en forma, porque de hecho, la recepción definitiva se hizo entre gallos de media noche, derrumbes de todo tipo y más de una observación sin remediar.
Desde la adjudicación, los ingenieros de la zona señalaban que los 85 millones de dólares con los que se pretendían completar parecían escasos para cumplir todos los requisitos.
La ruta fue licitada en 2013 y se ordenaron trabajos en el muy electoral año 2014. Desde la adjudicación, los ingenieros de la zona señalaban que los 85 millones de dólares con los que se pretendían completar parecían escasos para cumplir todos los requisitos.
Pronto la ABC empezó a ejercer de vocera oficial de la empresa en lugar de ser su supervisora. En nada se autorizaron los cambios en pendientes y curvaturas, que del 6 por ciento máximo y el 100 metros de radio con que se licitó la carretera fueron aumentadas al 8 por ciento y a los 50 metros; una modificación que sensiblemente afecta al presupuesto.
Después llegó el asunto de los ductos, a priori incorporado en todo contrato llave en mano, pero finalmente se acabó convirtiendo en un ítem nuevo que YPFB decidió pagar. Los trabajos para mover el Gasoducto Villa Montes – Tarija (que apenas llevaba dos años en funcionamiento al momento de la licitación) y otros servicios han demandado, según fuentes, 800.000 dólares que a la fecha no se cancelan.
El problema es que la deuda no la está soportando la empresa española, que llegó con un puñado de ingenieros y computadoras en mano, y se fue casi igual, sino una multitud de empresas tarijeñas proveedoras o que prestaron algún servicio, y que evidentemente no moverán un dedo para colaborar en el mantenimiento si antes no se les cancela.
En principio lo de Eurofinsa no se convertirá en un caso Corsán II, porque básicamente y a pesar de todo, la española se han adjudicado otras obras en el territorio nacional, pero en estos tiempos de incertidumbre económica, ahora que el departamento sale apenas del calvario al que fue sometido tras el dispendio en los años de Lino Condori, las empresas y trabajadores que sobreviven tienen suficiente con soportar las deudas propias, como para sumar también las del Gobierno Nacional.
Desde El País celebramos que la ABC asuma su rol de fiscalización y ponga todos los empeños, primero, en que se paguen las deudas, y segundo, en que la obra se entregue en las condiciones que dice el contrato. Ni mejor. Ni por supuesto, peor.
