Defender Tariquía
Tariquía tiene los días contados. O no. El Gobierno de Evo Morales y el Ministro de Hidrocarburos Luis Alberto Sánchez tienen claro que lo importante ahora es aumentar las reservas de gas disponibles para una producción inmediata, y no importa demasiado nada de lo que se pueda argumentar a...
Tariquía tiene los días contados. O no. El Gobierno de Evo Morales y el Ministro de Hidrocarburos Luis Alberto Sánchez tienen claro que lo importante ahora es aumentar las reservas de gas disponibles para una producción inmediata, y no importa demasiado nada de lo que se pueda argumentar a favor del medio ambiente, porque 13 años después, de la nacionalización, lo que parecer contar es el volumen de la renta petrolera, directamente relacionado con la cifra de negocio de las “compañeras” transnacionales”.
En Tariquía hay gas. Es algo que sabe desde los años 70. Una información de la poca que quedaba en los archivos soberanos de YPFB. Durante décadas, y a pesar de las necesidades enfrentadas se mantuvo intacta. A más, Tariquía se convirtió en área protegida con todas sus implicaciones y así sobrevivió hasta 2015, fecha en la que el Ministro Luis Alberto Sánchez, tarijeño para más señas, verbalizó las soluciones a un sistemático fracaso en el hallazgo de nuevas reservas: áreas protegidas + fracking. Lo primero vía decreto, lo segundo vía decisión discrecional.
El conjunto de la sociedad tarijeña mostró su desacuerdo con la medida en diferentes ocasiones conforme avanzaba el proyecto, pero el Ministerio decidió minimizar la reacción y subestimar la potencia del rechazo. No es preciso traer a este editorial lo que habitualmente en los círculos ejecentristas opinan sobre las exigencias tarijeñas, pero sí resulta preocupante que el Ministerio solo haya basado su defensa del proyecto en un único asunto: la plata.
En Tarija conocemos lo que ha pasado en el Aguaragüe, y lo que pasa en las comunidades más cercanas a Margarita, pobres de calamidad a metros de los pozos que generan el 30 por ciento del gas de este país
En Tarija estamos hartos de que nos prometan millones, que al final vienen a ser el 11 por ciento del gas que se extrae de nuestro subsuelo y por ende, el enfoque en todo caso tendría que ver con el agradecimiento del país a Tarija por su aporte y no un enfoque prebendal en el que el Estado y sus secuaces pretenden pasar por regalo una miserable aportación.
La lluvia de millones puede resultar mareante para los comunarios residentes en comunidades cada vez más pequeñas. Un fenómeno resultado de la atomización provocada por la manera de asignar el Prosol, que dinamitó las comunidades en dos o tres o cuatro (Norte, Centro, Este, etc.) y que vienen a demostrar el viejo adagio de “divide y vencerás”.
En La Paz tal vez entiendan de otra manera, pero en Tarija conocemos lo que ha pasado en el Aguaragüe, y lo que pasa en las comunidades más cercanas a Margarita, pobres de calamidad a metros de los pozos que generan el 30 por ciento del gas de este país. Los que ganan con el gas son otros. No se engañen.
El no gas por Chile contenía un desafío a los negociados de Goni con las transnacionales del gas y la minería basado en el convencimiento de que nos querían terminar de esquilmar. Era, entonces, una cuestión de dignidad nacional. El asunto de Tariquía tiene para los tarijeños la misma esencia: es la respuesta de la dignidad frente al atropello, la mentira, la manipulación a favor de las transnacionales de siempre. YPFB es sólo una fachada. Las palabras indignas: “si quieren plata dejen entrar a Petrobras” que el ejecutivo Regional del Chaco, José Quecaña, versó el pasado viernes en Boyuy resumen el maltrato.
En el tema hay un asunto de fondo, que tiene que ver con la visión de país que el MAS ha olvidado en su deriva gubernamental, y también con la falsa moral en el ejercicio de la consulta previa. En El País siempre hemos cuestionado que una comunidad de 30, 40 o 200 pueda decidir sobre proyectos fundamentales del Estado. Otros entes que no lo hacen tienen muy claro que la consulta es simplemente una farsa en la que el Estado impone su voluntad a través de la institucionalización de la dádiva. Nadie se metería en un proyecto semejante sin tener la seguridad de que saldrá adelante, pero ese es el problema.
Tariquía es un asunto demasiado importante como para que se pretenda ventilar entre excusas y justificaciones, pues no se trata de plata, se trata de valores.
En Tariquía hay gas. Es algo que sabe desde los años 70. Una información de la poca que quedaba en los archivos soberanos de YPFB. Durante décadas, y a pesar de las necesidades enfrentadas se mantuvo intacta. A más, Tariquía se convirtió en área protegida con todas sus implicaciones y así sobrevivió hasta 2015, fecha en la que el Ministro Luis Alberto Sánchez, tarijeño para más señas, verbalizó las soluciones a un sistemático fracaso en el hallazgo de nuevas reservas: áreas protegidas + fracking. Lo primero vía decreto, lo segundo vía decisión discrecional.
El conjunto de la sociedad tarijeña mostró su desacuerdo con la medida en diferentes ocasiones conforme avanzaba el proyecto, pero el Ministerio decidió minimizar la reacción y subestimar la potencia del rechazo. No es preciso traer a este editorial lo que habitualmente en los círculos ejecentristas opinan sobre las exigencias tarijeñas, pero sí resulta preocupante que el Ministerio solo haya basado su defensa del proyecto en un único asunto: la plata.
En Tarija conocemos lo que ha pasado en el Aguaragüe, y lo que pasa en las comunidades más cercanas a Margarita, pobres de calamidad a metros de los pozos que generan el 30 por ciento del gas de este país
En Tarija estamos hartos de que nos prometan millones, que al final vienen a ser el 11 por ciento del gas que se extrae de nuestro subsuelo y por ende, el enfoque en todo caso tendría que ver con el agradecimiento del país a Tarija por su aporte y no un enfoque prebendal en el que el Estado y sus secuaces pretenden pasar por regalo una miserable aportación.
La lluvia de millones puede resultar mareante para los comunarios residentes en comunidades cada vez más pequeñas. Un fenómeno resultado de la atomización provocada por la manera de asignar el Prosol, que dinamitó las comunidades en dos o tres o cuatro (Norte, Centro, Este, etc.) y que vienen a demostrar el viejo adagio de “divide y vencerás”.
En La Paz tal vez entiendan de otra manera, pero en Tarija conocemos lo que ha pasado en el Aguaragüe, y lo que pasa en las comunidades más cercanas a Margarita, pobres de calamidad a metros de los pozos que generan el 30 por ciento del gas de este país. Los que ganan con el gas son otros. No se engañen.
El no gas por Chile contenía un desafío a los negociados de Goni con las transnacionales del gas y la minería basado en el convencimiento de que nos querían terminar de esquilmar. Era, entonces, una cuestión de dignidad nacional. El asunto de Tariquía tiene para los tarijeños la misma esencia: es la respuesta de la dignidad frente al atropello, la mentira, la manipulación a favor de las transnacionales de siempre. YPFB es sólo una fachada. Las palabras indignas: “si quieren plata dejen entrar a Petrobras” que el ejecutivo Regional del Chaco, José Quecaña, versó el pasado viernes en Boyuy resumen el maltrato.
En el tema hay un asunto de fondo, que tiene que ver con la visión de país que el MAS ha olvidado en su deriva gubernamental, y también con la falsa moral en el ejercicio de la consulta previa. En El País siempre hemos cuestionado que una comunidad de 30, 40 o 200 pueda decidir sobre proyectos fundamentales del Estado. Otros entes que no lo hacen tienen muy claro que la consulta es simplemente una farsa en la que el Estado impone su voluntad a través de la institucionalización de la dádiva. Nadie se metería en un proyecto semejante sin tener la seguridad de que saldrá adelante, pero ese es el problema.
Tariquía es un asunto demasiado importante como para que se pretenda ventilar entre excusas y justificaciones, pues no se trata de plata, se trata de valores.
