Impunidad en el Chapare
Un chapareño muerto y dos policías de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (FELCN) heridos, así como una avioneta fugada y civiles armados agrediendo a la fuerza antinarcóticos. Eso fue el sábado dos de marzo a las 7:45 a.m., según el reporte policial. Ese el saldo de un...
Un chapareño muerto y dos policías de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (FELCN) heridos, así como una avioneta fugada y civiles armados agrediendo a la fuerza antinarcóticos. Eso fue el sábado dos de marzo a las 7:45 a.m., según el reporte policial.
Ese el saldo de un extraño enfrentamiento entre efectivos de la FELCN y pobladores de la región de San Rafael en el Chapare cochabambino.
Acto seguido, el domingo 3 de marzo a las cinco de la mañana, se produjo una reunión tempranera entre el presidente Evo Morales, el vicepresidente García Linera y los ministros Juan Ramón Quintana y Carlos Romero (Presidencia y Gobierno, respectivamente), junto al Alto Mando Policial en la ciudad de La Paz, al siguiente día que se reportó el enfrentamiento violento.
Morales tuvo que viajar desde el mismo Chapare, luego de asistir a un partido de fútbol en esa región, hasta La Paz para atender esa reunión. No trascendió, sin embargo, ni el contenido de la misma ni sus conclusiones.
Luego silencio. El lunes 4 de marzo ninguna autoridad mencionó el tema, ningún operativo se anunció para investigar y sancionar los múltiples delitos incurridos por los ciudadanos chapareños en esa acción.
¿Qué hacía una avioneta aterrizando en un camino vecinal? ¿Qué operativo o acción se preveía desarrollar tras su arribo con personas armadas que esperaban esa aeronave en la ruta? ¿Por qué cincuenta pobladores de San Rafael y sus inmediaciones entorpecieron el trabajo de las fuerzas policiales? ¿Qué acciones tomará la Policía Nacional al respecto?
Los políticos opositores fustigan al presidente Evo Morales por dirigir y representar a las seis federaciones de productores de coca en el Chapare cochabambino, parte de los cuales parecen haber protagonizado los hechos descritos y denunciados por la Policía Nacional.
El martes 5 de marzo el presidente Evo Morales otra vez estuvo en el Chapare, dirigiendo un programa radial y hablando del Sistema Único de Salud, del partido entre las selecciones de Nicaragua y Bolivia, que tuvo lugar precisamente en esa región el día del hecho violento, y otros temas. Del grave incidente, nada.
Lo concreto es que no es admisible la existencia impune de grupos armados, vuelos clandestinos, actividad de productores de coca involucrados en sospechosas acciones irregulares y, menos aún, impunidad.
La muerte del productor campesino con sospechas de actividad en narcóticos, como resultado de ese enfrentamiento, no es más que una señal adicional muy preocupante de lo que ocurre en esa región del país y debe ser investigada para la sanción de sus cómplices. No estuvo solo.
El hecho fue objeto de profusa difusión por parte de los medios de comunicación privados y agencias de noticias también privados. Curiosamente, en la agencia estatal de noticias ABI (Agencia Boliviana de Información), hasta el cierre de esta edición (20 horas) no se reportó ni una sola letra respecto del enfrentamiento violento, ni siquiera la mención al comunicado oficial de la Policía Boliviana, difundida en redes sociales, haciendo conocer los hechos. Al menos nada desde el mismo 2 de marzo hasta el 5 de marzo inclusive.
Es tarea esencial del gobierno nacional actuar en este asunto con agilidad y firmeza, más aún cuando el presidente de las seis federaciones de productores de coca chapareños es, precisamente, el responsable de las fuerzas policiales y militares encargadas del control de la coca excedentaria y de la producción de narcóticos.
Los riesgos de no hacerlo son muy altos para el país y para sus propios proyectos políticos. La factura de la sospecha puede pasar rotunda e implacable en octubre próximo.
Ese el saldo de un extraño enfrentamiento entre efectivos de la FELCN y pobladores de la región de San Rafael en el Chapare cochabambino.
Acto seguido, el domingo 3 de marzo a las cinco de la mañana, se produjo una reunión tempranera entre el presidente Evo Morales, el vicepresidente García Linera y los ministros Juan Ramón Quintana y Carlos Romero (Presidencia y Gobierno, respectivamente), junto al Alto Mando Policial en la ciudad de La Paz, al siguiente día que se reportó el enfrentamiento violento.
Morales tuvo que viajar desde el mismo Chapare, luego de asistir a un partido de fútbol en esa región, hasta La Paz para atender esa reunión. No trascendió, sin embargo, ni el contenido de la misma ni sus conclusiones.
Luego silencio. El lunes 4 de marzo ninguna autoridad mencionó el tema, ningún operativo se anunció para investigar y sancionar los múltiples delitos incurridos por los ciudadanos chapareños en esa acción.
¿Qué hacía una avioneta aterrizando en un camino vecinal? ¿Qué operativo o acción se preveía desarrollar tras su arribo con personas armadas que esperaban esa aeronave en la ruta? ¿Por qué cincuenta pobladores de San Rafael y sus inmediaciones entorpecieron el trabajo de las fuerzas policiales? ¿Qué acciones tomará la Policía Nacional al respecto?
Los políticos opositores fustigan al presidente Evo Morales por dirigir y representar a las seis federaciones de productores de coca en el Chapare cochabambino, parte de los cuales parecen haber protagonizado los hechos descritos y denunciados por la Policía Nacional.
El martes 5 de marzo el presidente Evo Morales otra vez estuvo en el Chapare, dirigiendo un programa radial y hablando del Sistema Único de Salud, del partido entre las selecciones de Nicaragua y Bolivia, que tuvo lugar precisamente en esa región el día del hecho violento, y otros temas. Del grave incidente, nada.
Lo concreto es que no es admisible la existencia impune de grupos armados, vuelos clandestinos, actividad de productores de coca involucrados en sospechosas acciones irregulares y, menos aún, impunidad.
La muerte del productor campesino con sospechas de actividad en narcóticos, como resultado de ese enfrentamiento, no es más que una señal adicional muy preocupante de lo que ocurre en esa región del país y debe ser investigada para la sanción de sus cómplices. No estuvo solo.
El hecho fue objeto de profusa difusión por parte de los medios de comunicación privados y agencias de noticias también privados. Curiosamente, en la agencia estatal de noticias ABI (Agencia Boliviana de Información), hasta el cierre de esta edición (20 horas) no se reportó ni una sola letra respecto del enfrentamiento violento, ni siquiera la mención al comunicado oficial de la Policía Boliviana, difundida en redes sociales, haciendo conocer los hechos. Al menos nada desde el mismo 2 de marzo hasta el 5 de marzo inclusive.
Es tarea esencial del gobierno nacional actuar en este asunto con agilidad y firmeza, más aún cuando el presidente de las seis federaciones de productores de coca chapareños es, precisamente, el responsable de las fuerzas policiales y militares encargadas del control de la coca excedentaria y de la producción de narcóticos.
Los riesgos de no hacerlo son muy altos para el país y para sus propios proyectos políticos. La factura de la sospecha puede pasar rotunda e implacable en octubre próximo.
