La crisis de los más vulnerables
La Defensoría del pueblo emitió ayer un duro cuestionamiento sobre la forma en la que se están administrando los servicios sociales de infancia y adolescencia, especialmente en lo referido a los menores infractores, es decir, el archiconocido y a la vez olvidado Centro Oasis. De acuerdo al...
OPINIÓN
La Defensoría del pueblo emitió ayer un duro cuestionamiento sobre la forma en la que se están administrando los servicios sociales de infancia y adolescencia, especialmente en lo referido a los menores infractores, es decir, el archiconocido y a la vez olvidado Centro Oasis. De acuerdo al informe de Carola Romero luego de la inspección sorpresa, se detectó carne en mal estado e igualmente, no se estarían cumpliendo con los menús acordados para los desayunos.
En contraparte, la directora del Servicio de Gestión Social (Sedeges), Mary Polo, dijo que se extremarían los controles y precauciones en este tipo de centros, si bien advirtió que el hecho se trataba de algo excepcional. Romero apeló al propio Gobernador Adrián Oliva para proteger a los menores que evidentemente pertenecen a la población más vulnerable del departamento.
En un contexto de crisis como el que Tarija empieza a dejar atrás, generado por el despropósito con el que se manejó la supuesta “inversión productiva”, suele ser común ajustar precisamente en los programas de gasto social para tratar de superar el agujero. Lo hemos visto en Brasil, en toda Europa con especial atención a España y Grecia y lo vamos a ver en Argentina, ya que es la receta favorita del Fondo Monetario Internacional (FMI) para cualquiera de sus afiliados que aspire a ser financiado por la ortodoxia del capitalismo.
En un país como Bolivia, donde el gasto social es prácticamente invisible, cualquier recorte o ajuste o exceso de celo se convierte rápidamente en situación de precariedad que amenaza siempre a los más vulnerables. Estos asuntos pueden circunscribirse a la necesidad puntual, a la incapacidad de los responsables o a una decisión de gestión basada en principios ideológicos.
En tiempos de crisis se han ajustado tuercas en diferentes programas que constituían grandes volúmenes de presupuesto, como el Plan de Empleo Urgente o las Brigadas Barriales de Seguridad Ciudadana, pero que también contribuían a aportar un ingreso a población vulnerable que, en Tarija, es básicamente mujer mayor de 45 años con baja cualificación profesional.
Más riesgos se han tomado con otros asuntos como el mantenimiento y contratación de los profesionales en los centros infantiles – guarderías donde las demoras y los problemas con la contratación de personal han derivado en otros problemas sociales.
El Oasis es solo uno más de los centros con problemas de infraestructuras. En este caso aguarda la surrealista solución de trasladar a los menores a un nuevo centro en Bermejo, desarraigando tal vez para siempre a los menores infractores, pero no es el único. Por alguna extraña razón el Hogar Transitorio para mujeres sigue siendo una calamidad y no el nuevo espacio inaugurado hace ya muchos meses.
En este país de los eufemismos, ya nadie quiere hablar de gasto ni aún con el apellido social, pero es necesario que nos hagamos cargo y seamos responsables, sobre todo, con los más vulnerables. Ni vaciar los refugios y hogares, que ya ha tenido consecuencias trágicas en al menos un caso no esclarecido, ni reinsertar a nuestros infractores, ni atender a nuestras desprotegidas deben reducirse a números en el balance de resultados. Tarija debe salir de la crisis, pero con todos sus tarijeños.
En contraparte, la directora del Servicio de Gestión Social (Sedeges), Mary Polo, dijo que se extremarían los controles y precauciones en este tipo de centros, si bien advirtió que el hecho se trataba de algo excepcional. Romero apeló al propio Gobernador Adrián Oliva para proteger a los menores que evidentemente pertenecen a la población más vulnerable del departamento.
En un contexto de crisis como el que Tarija empieza a dejar atrás, generado por el despropósito con el que se manejó la supuesta “inversión productiva”, suele ser común ajustar precisamente en los programas de gasto social para tratar de superar el agujero. Lo hemos visto en Brasil, en toda Europa con especial atención a España y Grecia y lo vamos a ver en Argentina, ya que es la receta favorita del Fondo Monetario Internacional (FMI) para cualquiera de sus afiliados que aspire a ser financiado por la ortodoxia del capitalismo.
En un país como Bolivia, donde el gasto social es prácticamente invisible, cualquier recorte o ajuste o exceso de celo se convierte rápidamente en situación de precariedad que amenaza siempre a los más vulnerables. Estos asuntos pueden circunscribirse a la necesidad puntual, a la incapacidad de los responsables o a una decisión de gestión basada en principios ideológicos.
En tiempos de crisis se han ajustado tuercas en diferentes programas que constituían grandes volúmenes de presupuesto, como el Plan de Empleo Urgente o las Brigadas Barriales de Seguridad Ciudadana, pero que también contribuían a aportar un ingreso a población vulnerable que, en Tarija, es básicamente mujer mayor de 45 años con baja cualificación profesional.
Más riesgos se han tomado con otros asuntos como el mantenimiento y contratación de los profesionales en los centros infantiles – guarderías donde las demoras y los problemas con la contratación de personal han derivado en otros problemas sociales.
El Oasis es solo uno más de los centros con problemas de infraestructuras. En este caso aguarda la surrealista solución de trasladar a los menores a un nuevo centro en Bermejo, desarraigando tal vez para siempre a los menores infractores, pero no es el único. Por alguna extraña razón el Hogar Transitorio para mujeres sigue siendo una calamidad y no el nuevo espacio inaugurado hace ya muchos meses.
En este país de los eufemismos, ya nadie quiere hablar de gasto ni aún con el apellido social, pero es necesario que nos hagamos cargo y seamos responsables, sobre todo, con los más vulnerables. Ni vaciar los refugios y hogares, que ya ha tenido consecuencias trágicas en al menos un caso no esclarecido, ni reinsertar a nuestros infractores, ni atender a nuestras desprotegidas deben reducirse a números en el balance de resultados. Tarija debe salir de la crisis, pero con todos sus tarijeños.
