La hora de la certificación de reservas
El primer semestre del año está por terminar, es decir, al final de esta semana el Ministerio de Hidrocarburos debería publicar la certificación de reservas probadas y probables del país que en enero contrató a la consultora canadiense Sproule. Este procedimiento es obligatorio por Ley...
El primer semestre del año está por terminar, es decir, al final de esta semana el Ministerio de Hidrocarburos debería publicar la certificación de reservas probadas y probables del país que en enero contrató a la consultora canadiense Sproule. Este procedimiento es obligatorio por Ley desde hace muchos años, pero no se cumple ni en la contratación, pues la última certificación se hizo en 2013 pese a que dispone que debe hacerse anualmente, ni en los plazos de presentación.
Lo normal, o lo que se esperaba antes de la extraña huida hacia delante que el ministro Luis Alberto Sánchez ha protagonizado este primer semestre de 2018, es que la consultora canadiense certifique una cantidad más o menos similar a la que se certificó en 2013, es decir, unos 10,45 trillones de pies cúbicos (TCF por sus siglas en inglés) de modo que se haya logrado reponer las reservas consumidas en el mercado interno y en los contratos de exportación a Brasil y Argentina, que los expertos estiman sobre los 0,6 trillones de pies cúbicos. La particularidad del contrato y las necesidades mutuas de los involucrados da por descartado que certifique una caída sustancial, como la que pronosticaba el senador Óscar Ortíz, ni que se certifique una cifra muy optimista.
El problema para Sánchez es que en estos seis meses de neurosis, él y su equipo de comunicación han publicado cifras extremadamente optimistas que ni en los tiempos del GNL. Sánchez ha llegado a hablar de estudios que hablan de 100 TCF convencionales y de hasta cuatro cifras de no convencionales. Está en las hemerotecas. En ese sentido, presentar una certificación por 10 constituirá su propio fracaso comunicador.
En estos seis meses de neurosis, Sánchez y sus aliados, todos ellos grandes petroleros transnacionales, han contribuido al relato del Ministerio. El presidente de Repsol Antonio Brufau llegó a Bolivia para dar tranquilidad y hacer cuentas sobre Iñiguazú y Boyuy (por cierto sin informe desde abril); los jerarcas de Shell han permitido especular y mucho sobre las cifras de Huacareta, el propio Vladimir Putin ha hablado de que Gazprom doblará la producción en Aquio e Incahuasi (que nada tiene que ver con las reservas pero suena al punto), Petrobras ha acabado por aceptar ingresar en Tariquía y se han renovado varios campos antigüitos con nuevas técnicas de recuperación.
La certificación de reservas se hace sobre lo real, no sobre los proyectos ni los estimados, ni las conjeturas que tanto gusta de titular el Ministerio. Astilleros tal vez de 1 o 2 o 3 TCF y genere 1.000, 2.000 o 3.000 millones de dólares de renta petrolera, tal vez no de ninguno, en cualquier caso, no es una campo que se pueda certificar. Tampoco se tendrán en cuenta los recientes movimientos que han autorizado ni más ni menos que la explotación no convencional en el suelo patrio, es decir, el temido fracking de los amantes de la Madre Tierra.
El Ministerio se ha esmerado especialmente en este semestre en poner la venda antes de la herida, lo que tal vez haga no tan normal la certificación sobre los 10 TCF esperada y tal vez sea menos. Como fuere, es preciso que teniendo los datos claros y sin tantas conjeturas, se retome la agenda de la nacionalización, que acababa en industrialización real y se deje de especular y mal terminar sobre capacidades que, hoy por hoy, tampoco tienen mercado.
Lo normal, o lo que se esperaba antes de la extraña huida hacia delante que el ministro Luis Alberto Sánchez ha protagonizado este primer semestre de 2018, es que la consultora canadiense certifique una cantidad más o menos similar a la que se certificó en 2013, es decir, unos 10,45 trillones de pies cúbicos (TCF por sus siglas en inglés) de modo que se haya logrado reponer las reservas consumidas en el mercado interno y en los contratos de exportación a Brasil y Argentina, que los expertos estiman sobre los 0,6 trillones de pies cúbicos. La particularidad del contrato y las necesidades mutuas de los involucrados da por descartado que certifique una caída sustancial, como la que pronosticaba el senador Óscar Ortíz, ni que se certifique una cifra muy optimista.
El problema para Sánchez es que en estos seis meses de neurosis, él y su equipo de comunicación han publicado cifras extremadamente optimistas que ni en los tiempos del GNL. Sánchez ha llegado a hablar de estudios que hablan de 100 TCF convencionales y de hasta cuatro cifras de no convencionales. Está en las hemerotecas. En ese sentido, presentar una certificación por 10 constituirá su propio fracaso comunicador.
En estos seis meses de neurosis, Sánchez y sus aliados, todos ellos grandes petroleros transnacionales, han contribuido al relato del Ministerio. El presidente de Repsol Antonio Brufau llegó a Bolivia para dar tranquilidad y hacer cuentas sobre Iñiguazú y Boyuy (por cierto sin informe desde abril); los jerarcas de Shell han permitido especular y mucho sobre las cifras de Huacareta, el propio Vladimir Putin ha hablado de que Gazprom doblará la producción en Aquio e Incahuasi (que nada tiene que ver con las reservas pero suena al punto), Petrobras ha acabado por aceptar ingresar en Tariquía y se han renovado varios campos antigüitos con nuevas técnicas de recuperación.
La certificación de reservas se hace sobre lo real, no sobre los proyectos ni los estimados, ni las conjeturas que tanto gusta de titular el Ministerio. Astilleros tal vez de 1 o 2 o 3 TCF y genere 1.000, 2.000 o 3.000 millones de dólares de renta petrolera, tal vez no de ninguno, en cualquier caso, no es una campo que se pueda certificar. Tampoco se tendrán en cuenta los recientes movimientos que han autorizado ni más ni menos que la explotación no convencional en el suelo patrio, es decir, el temido fracking de los amantes de la Madre Tierra.
El Ministerio se ha esmerado especialmente en este semestre en poner la venda antes de la herida, lo que tal vez haga no tan normal la certificación sobre los 10 TCF esperada y tal vez sea menos. Como fuere, es preciso que teniendo los datos claros y sin tantas conjeturas, se retome la agenda de la nacionalización, que acababa en industrialización real y se deje de especular y mal terminar sobre capacidades que, hoy por hoy, tampoco tienen mercado.
