La UPEA y el timo del IDH como “incentivo”
La Universidad de El Alto exige una mejora sostenible a su financiación. Lo ha hecho durante más de un año de una forma más o menos discreta en la que el Gobierno ha dado básicamente largas y no ha atendido el problema, que ha ido creciendo cual bomba de tiempo. Cuando estalló El Alto se...
La Universidad de El Alto exige una mejora sostenible a su financiación. Lo ha hecho durante más de un año de una forma más o menos discreta en la que el Gobierno ha dado básicamente largas y no ha atendido el problema, que ha ido creciendo cual bomba de tiempo. Cuando estalló El Alto se prendió la mecha nacional. El meollo es la financiación sostenible que emana de la Ley 195 y que, básicamente, debe ser actualizada en el marco del Pacto Fiscal, pero el problema principal es la cada vez más absurda Ley de Incentivos implementada por el Ministro Luis Alberto Sánchez hurtando recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) a Universidades, Municipios y Gobernaciones. Ni más ni menos que un 12 por ciento, que no es poco.
Todas las Universidades del país tienen dificultades de financiación. Ya las tenían antes de la ocurrencia de Sánchez y su Ley de Incentivos, pero su aplicación práctica ha venido a profundizarla. En Tarija, la Juan Misael Saracho ha estimado un agujero de 9 millones de bolivianos en su presupuesto resultado de la confiscación. La situación resulta incluso más grave en otros departamentos.
Todas las universidades tienen una relativa capacidad de movilización y a la fecha, todas analizan sus acciones en el corto plazo luego de contemplar cómo crece la reivindicación de la Universidad Pública de El Alto. Es cierto que el problema de las universidades públicas bolivianas y su falsa autonomía no sea la financiación, pero las urgencias impiden una modificación de fondo.
El asunto afecta también a Alcaldías y Gobernaciones con mayor presión. Desde que se implementó el régimen autonómico en la Constitución, un régimen que el Gobierno no quería y que quedó castrado en la Ley Marco de Autonomías, las entidades subnacionales no han dejado de asumir más y más competencias por decreto sin que estos decretos vinieran acompañados por una instrucción sobre los recursos con los que se dotarían.
Los problemas derivados de la confiscación del 12 por ciento se tradujo en dificultades financieras ya no en Tarija, afectada de forma extrema por el recorte global, sino en todos los municipios. Ese fue el origen de que el Gobierno del MAS empezara a disponer fideicomisos para ayudar a culminar proyectos en todo el país. Inicialmente el Gobierno solo trató de solucionar sus contrapartes, pero finalmente abrió la mano. Se da la paradoja de que los gobiernos subnacionales acabarán por pagar intereses por la financiación obtenida mientras que los recursos confiscados duermen el sueño de los justos.
La demanda de las instituciones subnacionales es la misma. El Gobierno, a través del Ministro Sánchez, ha extraído el 12 por ciento de sus recursos para dotar un fondo con el que premiar a las petroleras que hagan su trabajo de explorar, por el cual cobran y reciben dividendos. Es evidente que se trata de la enésima competencia nacional financiada con recursos departamentales.
La promesa en su momento fue que por cada dólar retornarían cuatro, su negligente política de comunicación llegó a dejar creer que se haría en forma de proyectos específicos y no como la prolongación de regalías y rentas. Hasta la fecha no hay proyectos, no hay descubrimientos nuevos y apenas incorporación de nuevos pozos. De momento siguen siendo muchas promesas y muchos silencios.
La confiscación bajo promesas de Sánchez está en el origen de los problemas que hoy atraviesan las instituciones subnacionales y las universidades, que de momento ya están en la calle y no tardarán en convertirse en un problema para el Gobierno. El Pacto Fiscal, mientras tanto, languidece ante el inmovilisimo. No hacer nada, en este caso, no es sostenible.
Todas las Universidades del país tienen dificultades de financiación. Ya las tenían antes de la ocurrencia de Sánchez y su Ley de Incentivos, pero su aplicación práctica ha venido a profundizarla. En Tarija, la Juan Misael Saracho ha estimado un agujero de 9 millones de bolivianos en su presupuesto resultado de la confiscación. La situación resulta incluso más grave en otros departamentos.
Todas las universidades tienen una relativa capacidad de movilización y a la fecha, todas analizan sus acciones en el corto plazo luego de contemplar cómo crece la reivindicación de la Universidad Pública de El Alto. Es cierto que el problema de las universidades públicas bolivianas y su falsa autonomía no sea la financiación, pero las urgencias impiden una modificación de fondo.
El asunto afecta también a Alcaldías y Gobernaciones con mayor presión. Desde que se implementó el régimen autonómico en la Constitución, un régimen que el Gobierno no quería y que quedó castrado en la Ley Marco de Autonomías, las entidades subnacionales no han dejado de asumir más y más competencias por decreto sin que estos decretos vinieran acompañados por una instrucción sobre los recursos con los que se dotarían.
Los problemas derivados de la confiscación del 12 por ciento se tradujo en dificultades financieras ya no en Tarija, afectada de forma extrema por el recorte global, sino en todos los municipios. Ese fue el origen de que el Gobierno del MAS empezara a disponer fideicomisos para ayudar a culminar proyectos en todo el país. Inicialmente el Gobierno solo trató de solucionar sus contrapartes, pero finalmente abrió la mano. Se da la paradoja de que los gobiernos subnacionales acabarán por pagar intereses por la financiación obtenida mientras que los recursos confiscados duermen el sueño de los justos.
La demanda de las instituciones subnacionales es la misma. El Gobierno, a través del Ministro Sánchez, ha extraído el 12 por ciento de sus recursos para dotar un fondo con el que premiar a las petroleras que hagan su trabajo de explorar, por el cual cobran y reciben dividendos. Es evidente que se trata de la enésima competencia nacional financiada con recursos departamentales.
La promesa en su momento fue que por cada dólar retornarían cuatro, su negligente política de comunicación llegó a dejar creer que se haría en forma de proyectos específicos y no como la prolongación de regalías y rentas. Hasta la fecha no hay proyectos, no hay descubrimientos nuevos y apenas incorporación de nuevos pozos. De momento siguen siendo muchas promesas y muchos silencios.
La confiscación bajo promesas de Sánchez está en el origen de los problemas que hoy atraviesan las instituciones subnacionales y las universidades, que de momento ya están en la calle y no tardarán en convertirse en un problema para el Gobierno. El Pacto Fiscal, mientras tanto, languidece ante el inmovilisimo. No hacer nada, en este caso, no es sostenible.
