Un debate que debe ser puesto sobre la mesa de discusión
BCB: todavía no sabemos dónde están las RIN
¿Por qué la población no puede conocer dónde están las Reservas Internacionales de su país? Este es un debate que no solo debe regirse por un criterio de seguridad y rentabilidad



A raíz de la nota publicada por El País de Tarija: “Bolivia: el destino desconocido de sus reservas internacionales”, en el que se interpela al Banco Central de Bolivia (BCB) por la falta de información sobre las instituciones financieras en las que están colocadas las reservas internacionales del país, el BCB remitió una breve respuesta.
Si bien la misma no explica los problemas señalados en el reportaje –ni da respuesta a las preguntas que directamente fueron remitidas al BCB para la realización del mismo–, permite profundizar al respecto y plantear nuevas preguntas.
Una normativa neoliberal que no habla de transparencia
La respuesta del BCB señala que esta institución “desarrolla su trabajo conforme lo establece la Ley 1670 del 31 de octubre de 1995. […] Para este fin, el BCB cuenta con el Reglamento para la Administración de las Reservas Internacionales”. Es importante señalar que el reportaje de El País en ningún caso señala que las acciones del BCB están por fuera del marco normativo, ni mucho menos. En todo caso, el problema es aún mucho más complejo, justamente porque está enmarcado dentro de la legalidad.
El primer elemento a considerar es el de la Ley 1670 de 1995, es decir, una legislación que responde a la etapa neoliberal de la historia boliviana y, concretamente, al momento en que el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada venía implementando las “reformas estructurales de segunda generación”.
Como era la moda en aquel entonces –por presión de los organismos financieros internacionales–, los bancos centrales tenían que preocuparse fundamentalmente por el control de la inflación, dejando en un segundo plano el desarrollo económico y social del país.
Por otro lado, si bien la Ley 1670 establece que “El BCB publicará periódicamente información estadística y económica sobre las variables económicas y financieras comprendidas en el ámbito de su competencia”, no existe en esa norma –ni en el Reglamento para la Administración de las Reservas Internacionales–, ninguna alusión sobre la transparencia que debe existir al respecto del destino de dichas reservas.
Sobre este tema, el economista boliviano, Alejandro Zegada, señala lo siguiente: “la importancia [de conocer el destino de las reservas internacionales] radica en que las RIN son parte del ahorro interno de todos los bolivianos y, por tanto, esa información debe ser accesible en detalle para cualquier ciudadano que desee conocerla”.
Y continúa: “Saber dónde están, a quién se financia, bajo qué condiciones (tasas, plazos, etc.), es un derecho. Lo mismo se puede decir sobre las condiciones de emisión de bonos soberanos (quién compra, a qué tasas, plazos, etc.) y el destino exacto que se les da a esos recursos (qué proyectos, en qué lugares, cuánto por cada proyecto, etc.). Toda la gestión de las RIN, de la deuda externa (tradicional y por bonos soberanos) e interna, y demás, afectan directamente a la vida de los bolivianos que son propietarios de esos recursos y, por tanto, tienen que ser informados de manera oportuna y detallada”.
No solo importan los criterios técnicos
En alusión al Reglamento para la Administración de las Reservas Internacionales, la nota del BCB también enfatiza que “el orden de prelación de los criterios de inversión [de las RIN] son seguridad, preservación de liquidez, diversificación y rentabilidad, en ese orden de prioridad”.
En 2012 el BCB dejó de publicar información sobre las instituciones financieras internacionales en las que se encontraban las reservas del país. En ese momento, la crítica sobre esta problemática no se enfocaba en la seguridad o rentabilidad, sino en el hecho de que esos recursos terminaban financiando, a través de dichos emporios financieros, actividades ilegales o armamentistas.
En los últimos años, un conjunto de filtraciones –como los FinCEN Files, los Paradise Papers, entre otros– expusieron que varias de las instituciones financieras más grandes del mundo continúan financiando actividades dudosas o ilegales. En este sentido, cuestionar que la reglamentación del BCB no contenga criterios específicos para evaluar este tipo de cuestiones no es algo trivial, sino una problemática que compete a la sociedad en general.
Las tres preguntas sin respuesta
El 10 de febrero del presente año, se remitió al BCB un correo solicitando lo siguiente:
1) Información actualizada sobre las instituciones financieras internacionales en las que se colocan las RIN.
2) De no ser posible, se solicita conocer el motivo por el cual esta información no es pública y por qué dejó de serlo.
3) Finalmente, se solicita conocer si el BCB puede garantizar que las RIN no se estén colocadas en ninguna institución que haya sido acusada de financiar a empresas armamentistas, o que esté implicada en casos de corrupción y/o lavado de dinero.
Hasta la fecha no se cuenta con esta información.