Proponen Justicia Digital frente a sistema lento y costoso

En Latinoamérica en general, y en Bolivia en particular, los sistemas de justicia están entre los menos valorados por la población. Datos recientes presentados por un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), revelan que un 70% de la población privada de libertad (presos) en Bolivia no tiene condena.

La cifra es muy superior al promedio latinoamericano, que, sin dejar de ser alarmante, es de 44%. En este aspecto, Bolivia solo es superado por Haití (79%) y Paraguay (78%).

Este tipo de situaciones genera una extendida y profunda desconfianza en los sistemas de justicia a lo largo de la región. Según el Latinobarómetro -encuesta regional que se efectúa en 18 países-, alrededor de un 30% de los latinoamericanos confía en los tribunales y cerca de un 80% considera que en su interior existe algún nivel de corrupción.

Según el BID, esta persistente desconfianza en la justicia es el resultado de una mezcla de factores: “sistemas saturados, insuficiente personal entrenado, sobrecarga procesal, y la obsolescencia de muchas de las normas y prácticas”.

De hecho, “la saturación en los tribunales ha convertido a la Justicia en una institución lenta, descoordinada y cara”, agrega el estudio, y enfatiza que, si la tasa de encarcelamiento continúa su actual ritmo de crecimiento, para 2030 su costo podría aumentar más de 13 mil millones de dólares.

Los especialistas del BID, Arnaldo Posadas (experto en modernización del estado) y Darinka Vásquez (consultora en Innovación de Gobierno), consideran que la Justicia Digital podría proveer nuevas soluciones a estos ya antiguos problemas.

Sin embargo, encuentran que la adopción de la justicia digital en la región es más lenta que la de otros sectores del Estado. “Esto se debe a la complejidad del sector, la resistencia al cambio y, especialmente, a la sensibilidad de la información y la interacción de las distintas entidades implicadas –policía, fiscalías, juzgados, centros penitenciarios, etc.”, explican.

¿Una justicia inteligente y más justa?

Según Posadas y Vásquez, la Justicia digital implica una variedad de elementos: desde la tramitación digital de expedientes hasta la introducción de juicios virtuales o la interoperabilidad de los datos de la policía, los tribunales y los centros penitenciarios para evitar cuellos de botella y puntos ciegos.

Asimismo, los expertos resaltan tres principales tipos de impacto de estos nuevos mecanismos de justicia digital. Primero, afirman que se genera mayor eficiencia y eficacia en la tramitación de casos. “La justicia mejora la velocidad y la calidad de la información que los jueces necesitan para tomar decisiones”.

Segundo, se mejora el acceso a los servicios de justicia en línea. “Esto va desde la existencia de procesos digitales sin la intervención de un juez o abogado, hasta la celebración de audiencias y juicios virtuales. Este cambio supone una reducción importante de los costos de acceso a los servicios de justicia”, afirman.

Finalmente, destacan un aumento de la transparencia, ya que la digitalización de todos los procesos facilitaría el acceso transparente a los datos por las partes implicadas en un caso.

Mucho más que la simple compra de tecnología

El BID explica que introducir soluciones de justicia digital debe ser entendida como “una reforma comprehensiva, sistémica e integral”, que sobrepasa el elemento tecnológico. “Se trata de un cambio institucional que involucra múltiples reformas normativas, organizacionales y culturales ante la adopción de nuevas tecnologías”.

Para lograr que la justicia se vuelva digital, afirman que hay que lograr cumplir al menos cuatro condiciones.

En primer lugar, adoptar marcos legales que permitan la digitalización de la justicia. Y es que “muchos marcos legales se redactaron cuando todo se hacía en papel y las interacciones eran siempre entre humanos. Por ejemplo, las normas requieren específicamente firmas a mano, sellos, o el archivamiento físico de documentos y no dejan margen legal para adaptar el proceso a una realidad digitalizada”.

En segundo lugar, se necesita claridad normativa. Según Posadas y Vásquez, digitalizar procesos es como sacar una foto de una realidad ya existente. “Si la norma requiere pasos innecesarios, obliga a revisiones redundantes, o excluye a ciertos participantes. Entonces la simple digitalización del proceso no va a resolver las ineficiencias del sistema. Para digitalizar la justicia, es necesario asegurarse que aquello que se está digitalizando primeramente ha sido optimizado”, afirman.

En tercer lugar, se debe garantizar que las instituciones que imparten justicia sean realmente autónomas pero que al mismo tiempo trabajen de forma coordinada, porque “la implementación de soluciones tecnológicas requiere la colaboración de todos los órganos que participan en la administración de justicia. Que todas ellas consigan acordar un flujo de trabajo coordinado e interoperable es esencial para que un sistema de justicia digital llegue a buen puerto”.

En cuarto lugar, debe haber un liderazgo claro para asignar roles alrededor del proyecto de digitalización. En este sentido, el apoyo político a las reformas instituciones es importante: “en los casos en los que la reforma afecta a múltiples ministerios y organismos públicos, -como es justicia digital-, el apoyo político es clave. Sólo una instancia política tiene la capacidad de asignar roles y funciones a los distintos actores para optimizar el sistema de justicia digital”.