El Seguro Agrario está logrando resultados “muy limitados”

“El enfoque de este seguro está dirigido a la respuesta a desastres, sin encontrarse respaldado por una gestión de riesgos integral y eficiente que permita desarrollar políticas también preventivas”, por lo que está “dentro del grupo de políticas aisladas y con resultados muy limitados”. Así lo afirma Daniela Romero, investigadora de la Fundación TIERRA.

El Seguro Agrario Pachamama fue implementado en los municipios rurales de Bolivia a partir del año 2012, como uno de los elementos claves de la Ley 144, con el objetivo de asegurar la producción agrícola afectada debido a daños provocados por fenómenos climáticos y desastres naturales, plagas y enfermedades.

Su principal fuente de financiamiento es el Tesoro General de la Nación (TGN), aunque la experta detalla que desde la campaña 2016–2017 algunos gobiernos municipales también han asignado “un pequeño porcentaje” de sus presupuestos como contraparte, además de un técnico a tiempo completo dentro de la Unidad de Gestión de Riesgos para trabajar en las etapas de registro, control y pago de la indemnización.

El monto de dicha indemnización, después de cinco campañas, se ha mantenido en mil bolivianos (143 dólares) por hectárea total afectada. Mientras que el número de municipios asegurados se ha incrementado de 63 municipios en 2013 a 140 en 2016.

Según datos del Instituto Nacional del Seguro Agrario (INSA), el presupuesto total también ha ido en aumento: el primer, tercer y cuarto año osciló entre los 8 y 16 millones de bolivianos. El 2014, año de la subida del precio del gas, se produjo un incremento importante, llegando a más de 28 millones de bolivianos. Para la actual gestión 2018 ascendió a 34 millones de bolivianos.

Romero considera que, si bien en estos cinco años el seguro agrario ha logrado llegar a más beneficiarios y los resultados en cuanto a ejecución y alcance son “alentadores”, muchas de sus características “lo convierten en una medida de mitigación de daños aún modesta y limitada en su carácter transformador”.

Las dificultades
La estructura presupuestaria y la distribución de recursos contempladas en los Planes Operativos Anuales del INSA, muestra que en los últimos tres años se tiene aproximadamente 90 técnicos trabajando para un total de 168.000 asegurados.
La experta hace una estimación a partir de los datos de la campaña 2016-2017, en base a la cual afirma que si el 41% de estos asegurados sufriría daños en sus cultivos se tendría trabajando a un técnico por cada 400 asegurados, aproximadamente.

“Si bien los gobiernos municipales han destinado pequeños porcentajes presupuestarios a las unidades de gestión de riesgo, el número de técnicos asignados no se ha modificado significativamente, a la par del incremento de asegurados. En la mayoría de los casos, un técnico llega a desempeñar muchas funciones a la vez, lo cual no le permite responder de manera efectiva a todos los afectados y lleva, incluso, a que los recursos destinados terminen por ser revertidos o destinados a otras inversiones debido a que no se logra abarcar la población prevista”, agrega.

La falta de coordinación entre los distintos niveles de gobierno, el proceso de registro de hectáreas y cultivos para el seguro, y la etapa del pago, también son problemas importantes que identifica Romero.

Respecto al pago, la investigadora observa que “el monto de la indemnización no siempre es de mil bolivianos, sino que depende del porcentaje del daño real que valore el técnico, muchas veces los productores terminan por acceder a un pago extremadamente bajo”.
Particularmente en el altiplano, donde los productores cuentan con extensiones pequeñas menores a una hectárea o media hectárea, el afectado podría acceder a 500 bolivianos o menos. Y si tiene por ejemplo dos cultivos del cual sólo uno puede ser asegurado, ese monto se reduce aún más.

Romero cuestiona entonces: “¿cuánto incentivo puede generar realmente esto? ¿Valdrá la pena tener que llevar adelante todo el proceso de registro, denuncia, verificación y solicitud del pago por tan poco y sin la certeza de que el daño sea considerado como significativo y se quede en nada?”

Reestructurar la institución
Los problemas mencionados muestran una “estructura inconexa dentro de una gestión de riesgo nada integral” del INSA, que genera “resultados marginales de bajo impacto”.
El objetivo del seguro es crear condiciones materiales mínimas para rehabilitar la siguiente siembra. Sin embargo, la experta considera que sería mejor “crear e invertir más en mecanismos que permitan controlar los efectos en vez de tratar de resolverlos”.

Según los hallazgos de Romero, los montos que se les paga a las familias agricultoras, particularmente a las pobres, es tan escaso en términos relativos que prefieren utilizar ese dinero “para pagar deudas más cotidianas como los útiles escolares o algunos víveres, puesa consideran que todo el esfuerzo físico y económico que implica una nueva siembra no serán recompensados con la nueva producción”.

En ese sentido, esta política “termina por adquirir un enfoque más asistencialista que promotor de un bienestar sostenible”. La experta identifica que “el punto focal continúa siendo el fortaleciendo de los sistemas de producción campesina indígena, la diversificación productiva y el uso sostenible del agua y la tierra. Entonces, la sostenibilidad y sobre todo la eficacia del seguro agrario están directamente subordinadas a la reestructuración institucional”.