Nueva ley favorece a la “élite cocalera” de Chapare y Yungas

Así evalúa a la nueva ley general de la coca N°906 el docente e investigador del Instituto de Estudios Sociales y Económicos (IESE) de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), Karl Hoffmann.“Es decir, los reafirma como a grupos privilegiados que pueden usufructuar e incrementar sus ganancias en una suerte de un cartel monopólico, al que no tienen acceso los otros agricultores del país”, explica el experto.Por otra parte, el investigador del Centro de Estudios Superiores Universitarios (CESU) de la misma universidad, Carlos Crespo, observa que dicha norma tiene “un enfoque estadocéntrico, centralista, de planificación de arriba hacia abajo, pero donde las organizaciones sociales cocaleras tienen autonomía para manejar el circuito económico de la hoja, bajo el manto del ‘control social’”.

El Estado y el control socialCon la nueva ley, el Estado Plurinacional controla no sólo todo el ciclo económico productivo de la coca, sino también el consumo y la investigación sobre ella (Art. 1.a). Pero existe un aparente límite en el poder estatal: el control social, reconocido en los artículos 5 y 7.Sin embargo, Crespo considera que el control social en este caso particular es “un dispositivo corporativo disciplinario y de control, bajo dominio de los liderazgos sindicales cocaleros, que les permite controlar el negocio de la coca. De hecho, son las organizaciones sociales cocaleras quienes manejan los mercados autorizados de Sacaba y ADEPCOCA”.El investigador, que además es consumidor de la hoja e impulsor del consumo de coca orgánica en Cochabamba también cuestiona: “¿si existe control social para la producción, por qué no existe un control social sobre el consumo? Más aún, ¿por qué los consumidores de coca en sus diversas formas, no podemos aplicar un tipo de fiscalización a la calidad de la coca que circula en el mercado, particularmente chapareña?”

Consumidores legales en el olvidoHoffmann, que fue también director del Programa de Apoyo al Desarrollo Alternativo del Chapare (1999-2006), y además fue Asesor  al Programa de Apoyo al Control Social de la Producción de Hoja de Coca, y del Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas desde un Programa de la Unión Europea (2008-2011), esperaba que la nueva Norma beneficie “sobre todo a los consumidores legales, brindándoles la posibilidad de tener acceso a una coca más barata y accesible”.Sin embargo, “una norma que establece la limitación de la producción de hojas de coca desconociendo las fuerzas del mercado, únicamente provocara que la demanda ilegal creciente absorba gran parte de la producción, generando la subida de los precios de manera exorbitante hasta un límite determinado por los precios internacionales de coca”.Así, la oferta será absorbida “por los compradores con mayor capacidad de pago, como es el caso del narcotráfico, y los consumidores legales se verían imposibilitados de acceder a estos precios elevados. Entonces los consumidores legales no se benefician con la nueva norma”, advierte el experto.Por su parte, Crespo afirma que los acullicadores y en general los usuarios de coca en sus diversas maneras “demandan una coca saludable, principalmente que no utilice agroquímicos en su ciclo productivo. El hecho se torna aún más peligroso si se toma en cuenta que esta es secada en el suelo a cielo abierto, en condiciones escasamente higiénicas. Pero fundamentalmente, el uso masivo, indiscriminado e intenso de agroquímicos está convirtiendo a la hoja de coca en una fuente de contaminación y afectación a la salud”.Los artículos 27 y 28 están dedicados a la industrialización de la coca, pero ninguna mención se realiza a la calidad de la hoja a ser procesada. “Una coca fumigada convertida en mate de té es negativa para la salud, pero ello no es importante para el nuevo marco normativo cocalero. El tema del consumo responsable de coca es un tema olímpicamente olvidado en la ley general de la coca”, sentencia. Asimismo, el investigador observa que en el artículo 5 se definen “coca orgánica” y “coca ecológica” y luego aparece en el artículo 12.c, donde se habla de la prioridad nacional de revalorizar la coca, para “fomentar e incentivar a la recuperación” de coca orgánica y ecológicas rescatando las prácticas ancestrales, originarias y culturales de los pueblos”. Pero “esito sería. Ninguna medida concreta de promover efectivamente la coca orgánica/ecológica como base de una política alimentaria saludable de la coca”.Además, Crespo denuncia que en todo el proceso de formulación, socialización y aprobación de la norma cocalera “las necesidades de los consumidoras de la hoja en sus diversas formas, han sido ignorados; ninguna organización de consumidores, expertos en dieta o investigadores de la coca, han sido tomados en cuenta, ni siquiera a nivel de consulta“.“Esta ley vulnera los derechos de los consumidores y de la naturaleza, por la forma cómo es hoy cultivada y manejada la hoja de coca, principalmente en el trópico de Cochabamba. Al mismo tiempo, los consumidores aparecen como objetos de control por parte del Estado, es una de sus competencias, normar el consumo. Estos no pueden fiscalizar la calidad de hoja que se comercializa, pero las redes del poder disciplinan y controlan su conducta de consumo”, advierte.