Política represiva aumenta el “poder económico” de la coca

Esto significa que, en promedio, los cocaleros recibieron cerca de 320 millones de dólares anuales durante los sucesivos gobiernos de Evo Morales. Ello se debe a que, según Hoffmann, los ingresos generados por los cocaleros siguieron una tendencia sostenida de incremento desde que se creó la ley 1008 y se comenzó a reducir los cultivos. “Irónicamente, la norma impuesta por el gobierno norteamericano para acabar con los cultivos excedentarios de hojas de coca, impulsó el crecimiento desmesurado de beneficios”, explica el experto. O sea que la Ley 1008 “catapultó económicamente a los cocaleros, otorgándoles carta blanca para producir coca de manera exclusiva, creando implícitamente con esta norma un cartel monopólico para la producción de coca de manera exclusiva”.Hoffmann, que fue también director del Programa de Apoyo al Desarrollo Alternativo del Chapare (1999-2006), y además fue Asesor  al Programa de Apoyo al Control Social de la Producción de Hoja de Coca, y del Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas desde un Programa de la Unión Europea (2008-2011), agrega que hoy en día “la fracción cocalera de los Yungas y del Chapare es capaz de generar ingresos mayores a 350 millones de dólares anuales”. Esta cifra continuará su tendencia a aumentar “en la medida en que se acepte la reducción de cultivos hasta superficies demandadas por el consumo legal, como lo imponen los convenios internacionales”, advierte.

Hectáreas que bajan, dólares que aumentanSegún los datos de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC), procesadas por Hoffmann, la etapa en que se manifiesta un incremento acelerado de Cocales fue desde 1970 hasta el gobierno de Luis García Meza, cuando la superficie cultivada creció de 10.806 hectáreas hasta 29.582. Para cuando entró el gobierno de Hernán Siles Suazo en 1982, los cultivos alcanzaron a 39.834 hectáreas. Las superficies de cultivo de coca alcanzaron su máximo nivel en 1987, durante el gobierno de Paz Estensoro, cuando sobrepasaron las 65.000 hectáreas.En 1988 se promulgó la Ley 1008, y a partir de entonces se experimentó un decrecimiento sostenido de la superficie cultivada de coca en Bolivia. Así, mientras el promedio anual del cultivo de coca durante el gobierno de Paz Estensoro fue de 56 mil hectáreas, éste bajó a poco más de 50 mil hectáreas durante el gobierno de Jaime Paz Zamora, y siguió esta tendencia hasta llegar a 22 mil durante el segundo gobierno de Sánchez de Lozada, para finalmente subir a 26 mil hectáreas de promedio durante los años del gobierno de Evo Morales.Respecto a los volúmenes de coca producidos durante los periodos gubernamentales, el primer lugar es ocupado por el gobierno de Paz Estensoro, en cuya gestión se cosecharon más de 550 mil toneladas métricas (en cuatro años de gobierno). A éste volumen le siguen muy de cerca las 496 mil toneladas que se produjeron en el gobierno de Evo Morales entre 2006 y 2015.Por otra parte, Hoffmann advierte que los ingresos globales generados por la coca “no necesariamente fueron mejores cuando las superficies fueron mayores, ni cuando las hojas de coca inundaron masivamente el mercado”.En ese sentido, mientras en el último gobierno de Víctor Paz Estensoro (con los mayores volúmenes y hectáreas de coca) los cocaleros generaban un promedio de ingresos anuales de 201 millones de dólares, logrando acumular 807 millones durante ese gobierno, en el periodo Banzer-Quiroga los cocaleros acumularon 596 millones de dólares.Para el segundo gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada los cocaleros obtuvieron aún mayores ingresos anuales: 228 millones de dólares, cifra que subió a 320 millones de dólares anuales en promedio durante el periodo 2006-2015, durante el gobierno de Morales.

¿Por qué?El experto explica que debido a las fuerzas del mercado, la restricción de la oferta provoca “un mayor y desmesurado crecimiento del poder económico de una fracción cocalera, cada vez más elitista, sin generar ninguna contribución al fisco”.Así la direccionalidad de las políticas públicas interpuestas por los diferentes gobernantes en contra o a favor de los grupos cocaleros “fueron importantes pero no determinantes”. Lo que sí varió en cada Gobierno fue el número de “beneficiarios” y la magnitud individual de sus ganancias: “Cuando las superficies fueron menores, los productores también se redujeron y los ingresos individuales fueron cada vez mayores. En las épocas del auge del narcotráfico el mercado de la coca prosperó vertiginosamente ante la demanda creciente de materia prima, con el lógico incremento de los precios de mercado, dotando de ingresos a muchos productores”. Pero en las épocas “represivas” las áreas de cultivo de coca fueron erradicadas y se redujeron drásticamente los volúmenes de producción, “sin embargo, el precio se disparó como efecto de la restricción de la oferta, otorgando grandes ganancias a pocos cocaleros”.