Latinoamérica, la región más desigual en acceso a la tierra

A nivel de Bolivia, los datos del Censo Agropecuario 2013 publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) muestran un panorama similar, lo que según el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla), refleja que  “la estructura agraria del país en los últimos 30 años no ha cambiado sustancialmente”.Datos del Censo Agropecuario 2013 muestran que el 58,9% del total de las unidades productivas agropecuarias (UPA) disponían de apenas el 2,1% del total de la superficie declarada por todas las UPA en Bolivia. Es decir que 507.243 UPA tienen entre 0,01 y 4,99 hectáreas (en propiedad o usufructo), que suman 738 mil hectáreas (el 2,1% mencionado).En promedio, estas UPA tienen en promedio sólo 1,45 hectáreas; el 45,4%  de ellas tiene en propiedad o en usufructo menos de una hectárea. Según el Cedla, estas UPA pequeñas están conformadas “tanto por campesinos semiproletarizados como por proletarios poseedores de ínfimas superficies de tierra que viven fundamentalmente de la venta de fuerza de trabajo en el sector agropecuario y en otras ramas de la economía”. En el otro extremo, existen 33.608 explotaciones agropecuarias grandes que tienen más de 100 hectáreas, y que en conjunto concentran 27,4 millones de hectáreas en propiedad o usufructo. En otras palabras, el 3,9% del total de UPA registradas en Bolivia concentran el  79.4% del total de hectáreas. En promedio, cada una de estas UPA grandes tiene 808,02 hectáreas por UPA.

Estructura agraria casi intactaEl Censo Agropecuario del año 1984 refleja una estructura de distribución y acceso a la tierra muy similar a la del Censo Agropecuario 2013, aunque se observan pequeños cambios en el sentido de que antes, la concentración de tierra era aún mayor. Así, en 1984, se observa que el 68,2% de las UPA tenían apenas el 1,4% de la superficie, mientras el 3,8% de las UPA concentraba el 91% de la tierra. La concentración de la tierra ha disminuido levemente en los últimos 30 años, pero, como advierte el Cedla, no ha habido cambios sustanciales en la estructura agraria boliviana.Estos datos confirman “que la fuerte concentración de la tierra que se dio en el país a fines de los años de 1970 y principios de los años de 1980, es decir, el peso que tuvo el denominado ‘latifundio improductivo’, fue aminorándose en el tiempo por efecto del ingreso de parte de estas tierras al mercado”.Sin embargo, este leve cambio se dio “tanto por la vía de su venta como de su alquiler (de la tierra) y no como consecuencia de acciones gubernamentales destinadas a afectarlo, pues ni la Ley INRA ni la Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria se propusieron hacerlo”, advierte el Cedla.Por ello, si bien el promedio de las explotaciones agrícolas con más de 100 hectáreas es ahora menor, el número de UPA con esa extensión de tierra se ha incrementado de 12.160 en 1984 a 33.608 en 2013. La investigación explica que los propietarios de estos predios “son tanto empresarios agropecuarios capitalistas como terratenientes que obtienen renta capitalista de la tierra”.Por otra parte, los datos de los estratos intermedios muestran la presencia de “campesinos medios fuertemente mercantilizados” que se concentran fundamentalmente en el tramo de 5a 19,99 hectáreas y de “los pequeños productores agropecuarios capitalistas o campesinos ricos” —es decir aquellos que siendo todavía productores directos contratan fuerza de trabajo asalariada— que están mayoritariamente situados en el tramo de 20 a 99,99 hectáreas.

Raíces de la desigualdadEl estudio de Oxfam identifica al extractivismo en la raíz de la alta desigualdad del reparto de la tierra en la región. Según palabras de SERVINDI (Servicios en comunicación Intercultural, con sede en Perú), el extractivismo es un modelo productivo “concentrado en las concesiones mineras y petroleras, la ganadería extensiva, y los monocultivos como la soja y la palma aceitera” que “se viene apoderando del territorio latinoamericano”, y que además “aumenta su influencia en las políticas públicas de todos los países”.Esta competencia por el control de los recursos naturales ha incrementado los conflictos territoriales entre las grandes empresas y las comunidades, y ha incrementado también los índices de violencia contra defensores del medio ambiente y de los derechos humanos en toda la región.En sus conclusiones, Oxfam hace un llamado a todos los actores en la región, especialmente a los gobiernos, a trabajar para que los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible no queden sólo en el papel.Para ello, identifican como necesario promover una distribución más justa de la tierra, impulsar un crecimiento económico equilibrado y diversificado, y limitar la capacidad que tiene la gran industria y las élites económicas para influir en el diseño e implementación de políticas públicas.