Inseguridad e inequidad, los grandes problemas latinos

En él, “gente de a pie nos da su parecer en una veintena de ciudades intermedias donde el BID lleva adelante acciones de su Iniciativa de Ciudades Emergentes y Sostenibles (ICES)”, explica Fabio Quetglas, especialista en gestión de ciudades y desarrollo local.Los ciudadanos latinoamericanos han ubicado a la inseguridad como el primer problema público en la región. Estadísticas empíricas confirman la percepción ciudadana: La región es una de las más violentas del planeta, con una tasa de 25 homicidios cada 100.000 habitantes (casi el cuádruple del promedio global); 41 de las 50 ciudades más peligrosas del mundo son latinoamericanas.La violencia social expresada en los delitos “es un obstáculo a condiciones mínimas de desarrollo, es un factor de inequidad (dado que los entornos más inseguros se corresponden con los más vulnerables) y además es un condicionante de la democracia”, advierte Quetglas.El experto señala además que “la seguridad que debemos construir no puede ser el resultado de una respuesta mecánica, no puede concebirse desde la negación de las inequidades, ni puede dejar de lado las enormes responsabilidades históricas de nuestros Estados, que han contribuido a su crecimiento ya sea por omisión, ya sea como parte de una cultura violenta”.El estudio del BID también muestra que ninguna ciudad de las relevadas alcanza un nivel de confianza “razonablemente aceptable” en su policía. La de mejor resultado (Bucaramanga) apenas supera el 60% de confianza, mientras que en el otro extremo, en Lima y Asunción menos del 10% de los encuestados dice confiar en la policía.

Inequidad y vulnerabilidadLos entrevistados ubicaron la inequidad como segundo factor determinante de la calidad de vida en las ciudades intermedias. Las preguntas no fueron específicamente acerca del concepto de “inequidad”, sino  sobre la suficiencia o no de los recursos ordinarios de los hogares para sostener gastos mínimos que demuestran un nivel de inclusión elemental (alimentos, servicios públicos, y lateralmente capacidad de ahorro).Según el informe, en ninguna ciudad de las relevadas la capacidad de ahorro alcanza a un tercio de la población, y el dato más frecuente es que entre el 5% y el 10% de la población tenga capacidad de ahorro (9 ciudades), seguido de entre 10% y 15% (8 ciudades). En otras palabras, 17 de 24 ciudades relevadas muestran una población con muy baja suficiencia económica.Asimismo, las encuestas reflejan una sensación de inestabilidad laboral y de vulnerabilidad: el 60% de los entrevistados se manifestaron preocupados o muy preocupados por perder su empleo en el futuro inmediato.

Déficit de servicios básicos extensoLa provisión de agua potable, el saneamiento, la recolección de residuos y el drenaje aún no son servicios universalizados. “Los cuatro impactan de lleno en las condiciones de vida en el hogar y el entorno (barrio). Y su acceso, más que otros servicios públicos, es una evidencia de los estándares de segmentación/cohesión urbana”, resalta Quetglas.El déficit de estos servicios contrasta con la visión de los encuestados sobre la calidad de su vivienda, lo que muestra un quiebre entre las cuestiones irresueltas por las autoridades (los servicios) frente a la capacidad de las familias de resolver la cuestión de la vivienda: Un 73% de los encuestados (75% en las ICES) está satisfecho con su vivienda, e incluso más de la mitad de los encuestados están conformes  con el costo que deben asumir (55% en total y 60% en ICES).“Queda clara la necesidad de fortalecimiento de los gobiernos locales, sobre todo de las capacidades de planificación, de modo de poder articular la energía social, que las familias ponen en resolver su hábitat particular, con el espacio colectivo y los servicios que estructuran el territorio urbano”, señala el experto.

¿Y la educación?Esta dimensión está rezagada al puesto 15 entre las prioridades de los encuestados, en una población en la que el 30% sólo alcanzó el nivel primario. Ello preocupa a los autores del estudio, porque la agenda social es imposible de resolver sin una calificación masiva de la ciudadanía que la ponga en condiciones de asumir retos laborales, políticos y culturales. Lo contrario implica que el denominado círculo vicioso de la pobreza permanezca activo en el continente: familias de bajos ingresos que por falta de ellos no pueden financiar el acceso a servicios fundamentales, lo que condicionan a los hijos en el acceso a la ciudadanía económica. En palabras de Quetglas: “pobres que lo son por provenir de hogares pobres, con el lugar social de nacimiento como principal condicionante del desempeño económico futuro. Solo una educación universalizada y ampliada en años de escolaridad, con la más alta calidad posible, puede romper esa condena social latinoamericana”.

La encuestaSe ejecutaron 26.000 encuestas individuales en 25 ciudades emergentes intermedias latinoamericanas entre 2011 y 2014, representando a 14.400.000 personas (en Bolivia la ciudad elegida fue Cochabamba). Además se hizo el mismo trabajo en 5 “megaciudades” de Latinoamérica, aumentando la representación a 70.500.000 personas. En total, estas encuestas “expresan las voces y las opiniones de casi 85.000.000 de latinoamericanos y caribeños, que constituyen un 17% de la población urbana de la región”, según el informe.