Los riesgos de apostar por el modelo agroindustrial
La Cumbre Agropecuaria, llevada a cabo en abril, no resolvió en absoluto la polémica por el uso de transgénicos en Bolivia (entre otros temas sensibles), pero sí parece reflejar que el Estado apuesta casi ciegamente por el modelo agroindustrial como el actor central del desarrollo...



Al menos en parte, esta apuesta parece estar fundamentada en la visión contenida en la Agenda Patriótica 2025, que considera a la agroindustria exportadora como uno de los cuatro pilares generadores de ingresos y divisas, junto con la exportación de hidrocarburos, minerales y energía eléctrica. La relevancia del sector agroindustrial exportador para generar divisas cobró aún más relevancia debido al desplome del precio internacional del petróleo, pues se lo ha visto como una alternativa que al menos ayude a compensar la disminución de ingresos por la exportación de gas, que ya se empieza a sentir en el país.Sin embargo, el investigador de la Fundación TIERRA, Enrique Castañón, encuentra al menos tres limitaciones fundamentales en esta apuesta del gobierno por el empresariado agroindustrial.La primera, es que “la contribución del sector a las arcas del Estado es prácticamente nula”. Esta afirmación se basa en un estudio de Ernesto Sheriff, de la Universidad Mayor de San Andrés, quien en base a estadísticas del año 2008, estima que el aporte de la agroindustria como porcentaje de la renta del recurso fue de 0.01%, 10 veces menor al aporte de la minería. Esto se debe en gran medida a una falta de mecanismos impositivos que permitan capturar la renta que genera este sector.“A juzgar por el debate en la Cumbre Agropecuaria, no existe aún la intención del Estado de promover una política (impositiva) hacia la agroindustria nacional que, dicho sea de paso, se beneficia con la subvención al diésel”, afirma el investigador, a tiempo de recordar que en Argentina el impuesto que cobra el Estado a la exportación de soya le genera alrededor de 10 mil millones de dólares anuales. La segunda limitación que encuentra Castañón es que “existen razones suficientes para argumentar que una gran parte de las ganancias generadas por el sector no se quedan en el país. Estudios previos sobre la base de datos del propio gremio empresarial han constatado, por ejemplo, que al menos el 70% de la superficie cultivada de soya estaba en manos de extranjeros en el año 2007”. Para el investigador, este hecho implica que una parte importante de la riqueza generada es potencialmente expatriada, “lo que a su vez cuestiona el ‘efecto multiplicador’ constantemente esgrimido en el discurso empresarial que, en todo caso, se parece más al ‘efecto goteo’ neoliberal”. Un tercer problema con la apuesta agroempresarial del gobierno es que este modelo de producción no vela por las necesidades alimentarias del país, sino que está enfocado totalmente en la demanda de los mercados internacionales, siempre especulativos y volátiles. “Es por esta razón que el grueso de la superficie empleada por la agroindustria en Santa Cruz se enfoca en el cultivo de la soya (más del 72%) y no así en otros cultivos de mayor importancia alimentaria para el país, como es el caso del trigo”, destaca Castañón. El investigador también advierte que “la evidencia muestra claramente que los estados que apuestan por el agronegocio terminan erosionando su agricultura tradicional, lo que a su vez los obliga a incrementar la importación de alimentos. Acá será útil revisar las experiencias cercanas de Argentina y Paraguay, por citar algunas”.
¿Podrá la agroindustria asumir el reto?
Una investigación de la socióloga Ximena Soruco, plasmada en el libro Los Barones del Oriente, da cuenta de que la élite cruceña históricamente ha privilegiado como fuente de acumulación el extractivismo y la especulación desde una visión “comercial-financiera” antes que productiva. Por otra parte, Castañón señala que el sector empresarial cruceño “no posee el capital suficiente ni las condiciones tecnológicas para una expansión significativa, pues dependería de los flujos de capital transnacionales que a su vez no invertirán si no se flexibiliza completamente el sector agroindustrial siguiendo las premisas neoliberales”.Quizás este contexto ayuda a entender por qué durante la Cumbre Agropecuaria, en la mesa sobre Producción y Productividad, los empresarios se negaron a comprometer un número específico de hectáreas cultivadas para el año 2020.¿Será lo más conveniente para Bolivia buscar el desarrollo agropecuario priorizando el empresariado agroindustrial?