Capítulo XX Los primeros años Republicanos de Tarija El Comercio Rioplatense con Potosí y Tarija

La influencia de la economía rioplatense en Tarija, y las relaciones sociales .y comerciales del Virreinato del Río de la Plata y Potosí, vía Tarija, ya han sido sumariamente expuestas. Ahora conviene delimitar las características que presentaron al filo de la insurgencia autonomista y en pleno proceso emancipador. Y para ello continuaremos acudiendo a los escuetos exámenes del Dr. Tibor Witmán.
Según el economista e historiador rumano, que en esto sigue a Cañete y Domínguez, no hubo en realidad el tan mentado agotamiento de los yacimientos potosinos; aunque sí se presentaron dificultades técnicas en la extracción de minerales, debido a la falta de capitales de trabajo y a la indolencia en el uso de las tecnologías más apropiadas. Witmán anota, por ejemplo, que Humboldt ya había criticado el sistema de fundiciones, aconsejando su inmediato reemplazo por las amalgamaciones, así como señaló los dispendios de los azogueros que se oponían a un más radical incremento de la minería. A su vez, Cañete y Domínguez indicó las soluciones para superar la monoproducción de la plata, ya que existían, dice, ricos yacimientos de cobre y otros metales en varias zonas potosinas y orureñas. A todo aquello se unía un certero apoyo virreinal a la producción agrícola-ganadera de los valles potosinos; cosa esa desdeñada por los mineros y azogueros, ya que les era más cómodo depender de las provisiones de Cochabamba y, en menor medida, de Tarija.
Si se hubiese dado el agotamiento de las minas de Potosí en la magnitud que indican algunos textos de historia, Buenos Aires no habría podido desarrollar su comercio más o menos legal y de contrabando efectuado en el Alto Perú; y, menos, los dirigentes de la Revolución de Mayo de 1810, se empeñarían en el envío de los ejércitos auxiliares con el principal objetivo estratégico de controlar y apoderarse de las riquezas potosinas; las que favorecieron el desarrollo de Tarija, tanto como lo hiciera el contrabando de manufacturas inglesas que entraban a Buenos Aires, como las carnes y cueros que desde ese puerto llegaban a Potosí por Salta y Tarija. Parece que hasta 1810, ese comercio y el contrabando fueron muy activos; sin contar que, a raíz de las tantas veces mencionadas medidas liberadoras dictadas por Carlos III, Potosí importaba azogue desde Buenos Aires, desde 1778 a 1791, según Witmán. No sería aventurado decir que Buenos Aires alcanzó gran parte de su poderío económico con el comercio y el contrabando a Potosí; lo cual explica las primeras intervenciones militares en el Alto Perú. Y al hecho de haber impuesto la Corona española en el Virreinato del Río de la Plata (y en todos los de América) mayores gabelas, gravámenes y tributos, cada vez más onerosos para los mineros a partir de 1791, y en los años sucesivos hasta 1805, da mayores razones para tal acertó; y, desde luego, muestra la certeza de fluidas relaciones económicas entre Buenos Aires y Potosí.
Tarija, al amparo de esa situación bonancible, logró también considerables beneficios. ¿Fueron la Villa y sus regiones Vecinas las únicas productoras y exportadoras de ganadería y agricultura a Potosí? Ciertamente no. Una parte, y grande, de esas exportaciones provenía del Chaco Boreal. Sorprende, pues, que ningún texto de historia, ya fuese escrito en Tarija o en La Paz, mencione esto tan sustancial para definir las relaciones de la Villa, primero, y de la capital del Partido y a poco de la Provincia republicana, con sus antiguas jurisdicciones virreinales. Tarija y, a lo mucho, las actuales provincias de Méndez, Avilés y O’Connor por sí solas no fueron las que lograron un desarrollo material en los años finales del siglo XVIII, y menos el de las épocas posteriores. Sin el trabajo de los chaqueños, esto, es, sin la producción exportable del Chaco, no se habría dado ese progreso. Razón tienen, pues, los chaqueños para quejarse de un inobjetable menosprecio por parte de algunos tarijeños; el cual dio origen a su evidente aislamiento.
A partir de la década de 1780-90, el Partido de Tarija, le provee a Potosí frutas y productos agrícolas, maíz y otros granos; lanas (ponchos, bayetas) y vinos; y desde el Chaco: tabaco, pescados, grasas, cueros y algunas maderas, a más de muías y caballos. Aunque de Jujuy también llegaban a las minas potosinas muías, caballos, granos y textiles que competían con los nuestros. De ahí que muchos comerciantes criollos, doctores y militares tarijeños, salteños y jujeños se hicieron prósperos muleros; incluso mantenían esa actividad en los años de las luchas emancipadoras, claro está que de contrabando. A su vez, los ejércitos virreinales, en sus incursiones a estas regiones, tenían como uno de sus objetivos primordiales apoderarse de esas muías y de los granos imprescindibles para mantener sus tropas.
Así se pone de manifiesto el porqué de la consideración que tenían por Tarija, no sólo los mineros potosinos, sino, sobre todo a partir de 1810, los ejércitos del Virreinato del Perú y las milicias de las Provincias Unidas del Río de la Plata. De otra forma no sería dable afirmar que una Villa tan pequeña jugara un rol tan importante en el proceso emancipatorio; ya que, mientras duró éste, fue un baluarte al que cuidaron con esmero y sacrificio de sus vidas los oficiales y soldados de ese ejército virreinal y asimismo los jefes de los partidos y divisiones patriotas; casi, casi como a una niña bonita donde, aparte de las vituallas y de sostenerla como a un lugar estratégico imprescindible para sus avances y retrocesos, encontraban un grato sosiego y la jamás desmentida y dulce hospitalidad de sus habitantes.
Aquí, una vez más, debemos referimos a la no existencia de protesta alguna, ni siquiera de una representación de los tarijeños, cuando conocieron las disposiciones de la Cédula Real de 17 de febrero de 1807: que el Partido de la Intendencia Gobernación de Potosí, pasase al entonces recién creado Obispado y, al mismo tiempo, a la jurisdicción de la Gobernación Intendencia de Salta. Lamento que nuestros memorialistas, entre ellos don Bernardo Trigo Pacheco y don Jorge Aráoz Campero, al parecer o bien no conocieron el texto íntegro de la mencionada Cédula, o con muy honestas intenciones - la de revalorizar o exaltar los antecedentes del proceso emancipatorio quizá-, ocultaron a sus lectores que el Rey Carlos IV, en la Cédula en cuestión dispuso ambas cosas: Tarija estaría en la jurisdicción eclesiástica del Obispado y también bajo la de la Gobernación Intendencia de Salta. El texto correspondiente de tal mandato es el siguiente: “Se agregue todo el Partido de Tarija de la Intendencia de Potosí, que pertenecía al Arzobispado de Charcas, cuyo partido he resuelto que se ponga bajo la jurisdicción del nuevo Obispo de Salta y de la Intendencia, separándole de la de Potosí y dicho Arzobispado, haciendo más útiles sus desvelos por su inmediación al Chaco y sus reducciones”.
Con esta determinación Real, se reconocían dos hechos incontrastables: los trabajos de los misioneros de Tarija, Charcas y Salta en el Chaco, y la unidad geográfica y semejanza de identidades sociales y culturales de Tarija y Salta del Tucumán. O, como bien lo expresa Mariano de Echazú Lezica: “Así, por voluntad Real debidamente asesorada y con un determinado fin práctico, se incluyó en la jurisdicción político-eclesiástica de Salta, la realidad geográfica, social, cultural y económica del importante distrito de Tarija, unificándose administrativa y religiosamente una región que representaba fuertes elementos de cohesión desde su más lejano origen histórico, expresión perdurable de la ideología del Virrey del Perú, don Francisco de Toledo”. El mismo de Echazú Lezica indica la procedencia de esa falta de veracidad histórica que repiten ciertos desprevenidos, dados a investigadores de nuestra historia, es decir, las falsedades de la sola incorporación de Tarija al Obispado de Salta y no así a la Intendencia Gobernación; y que, por otra parte, la Cédula respectiva no se cumplió y, menos, se “publicó” (!), se deben a Dalence y a Salinas Vega, y fueron repetidas por don Luis Paz. Pero don Luis Pizarra llegó más lejos: ¡Tarija no sólo protestó y no cumplió la orden Real, sino que declaró “rotunda y solemnemente” su libertad e independencia del dominio español y constituyó un gobierno político en forma democrática! ¡Qué enfebrecida visión irreal! que ni siquiera se tomó el trabajo de revisar los documentos del antiguo Cabildo. Así pues, a quienes les interesa verificar todo lo relacionado documentalmente con este asunto, les recomendamos leer el escrito de D. Mariano de Echazú Lezica: “La Incorporación del Partido de Tarija a la Gobernación Intendencia de Salta del Tucumán”.
Acotemos algo que explicaría también la importancia de la Villa de Tarija precisamente en los albores del movimiento emancipador, y durante ese proceso, que para Salta y Tarija duró de 1810 a 1823. El investigador argentino nos informa: “Naturalmente la importancia de los asuntos en materia de gobierno de guerra del Partido de Tarija, provenía de ser zona de frontera y de poseer en su Villa cabecera la institución municipal de mayor jerarquía que existió en América - el Cabildo-, circunstancia especial que diferenció a Tarija de la mayoría de los demás partidos de las otras gobernaciones o intendencia del Alto Perú, que no poseían Cabildo, y la acercó también en este aspecto institucional a la realidad política que caracterizó al grupo de los distritos que luego se transformaron en provincias argentinas”.
La bonanza comercial y el consecuente incremento de la economía tarijeña se consolida en los primeros años del siglo XIX, y perdura solamente hasta 1812. Desde ese año se desarrolla una guerra a muerte entre las fuerzas del Alto Perú, dependientes ya del Virreinato del Perú, y los contingentes “rebeldes” patriotas de Charcas en unión con los ejércitos de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Y esto se desprende de los documentos, informes, cartas, relaciones militares y civiles de los dos bandos en pugna, que dan cuenta de los fieros enfrentamientos sin más treguas que las necesarias para recuperarse de las derrotas o para preparar nuevos encuentros y tácticas.
En los capítulos donde dimos cuenta de esa lucha, y algunos de sus pormenores, dijimos que las facciones patriotas del Alto Perú fueron prácticamente avasalladas y se retiraron a zonas en las que pudieran sobrevivir, incluso con la vista gorda de los jefes realistas, en 1816; mientras que en todo el actual departamento de Tarija se continúa con la lucha, en igual medida que en Salta y Jujuy: sin pedir cuartel alguno. Cabe preguntarse: ¿por qué las mal llamadas guerrillas altoperuanas se autoexcluyen de las operaciones defensivas y de los constantes acosos montoneros de Tarija y Salta a las tropas virreinales?; salvo aquellas acciones de jefes patriotas norteños que actúan en coordinación con las milicias de Güemes, así, por ejemplo, Miguel Lanza y Álvarez de Arenales, éste en más íntima y constante relación con los contingentes rioplatenses. Simple y llanamente porque los jefes altoperuanos tenían muy en cuenta que Tarija pertenecía a la ya virtual “Unión Independiente de las Provincias del Río de la Plata” -las que, en 1816, declararon su carácter jurídico de Nación Libre. Estado y situación que no hemos definido en anteriores páginas, pero que sí fueron consideradas por el Libertador Bolívar cuando no accedió a la anexión de Tarija a la República que llevaba su nombre, y en contra de los inequívocos deseos de su lugarteniente Mariscal Sucre. Recordemos también que, a cambio, el Presidente Simón Bolívar devolvió con todas las de la ley Tarija a las Provincias Unidas, pidiendo a su gobierno el reconocimiento de la jurisdicción boliviana en la Puna de Atacama y, sobre todo, en su puerto de Cobija.
En 1814 se hace notorio un descalabro en el desarrollo económico de Tarija. Hecho inevitable una vez que se perdió el mercado potosino; y a pesar de los esfuerzos de los jefes realistas para conservar los niveles de la autosuficiencia productiva de la región. Pero ni siquiera ellos pudieron atajar algunos desmanes de sus tropas y, menos, desde luego, las acciones irracionales de verdadera depredación de los campos por parte de las montoneras. Y por eso es que concluimos con nuestra reiterada aseveración: si de 1820 a 1825 en el Alto Perú la producción agrícola, ganadera, artesanal e incluso minera, junto con las actividades comerciales interzonales y algunas que se efectuaban con el sur del Perú, muestran una recuperación de estimables niveles, aunque sin alcanzar los de fines del siglo XVIII; en cambio, el caso nuestro es desolador por los destrozos de la guerra, la escasez de mano de obra y la misma desidia de los viejos terratenientes que, en su mayoría, emigraron al norte argentino, para regresar en los años de la imparable Anarquía, esto es, a fines de 1821.

LA INTERVENCIÓN DEL DR. JOSÉ FELIPE DE ECHAZÚ EN EL CONGRESO ARGENTINA DE 1826 - 27
Ahora nos toca ocuparnos de algo que, por no contar con fehacientes documentos, pues no podían haberse dado, cabe en razonables sospechas. Se ha afirmado que los dirigentes políticos que dirigieron el movimiento anexionista a Bolivia, justificaron esa medida poniendo frente a sus paisanos los hechos incontrastables de la perniciosa anarquía de los años de 1820 a fines de 1830 reinante en la Argentina; haciéndose lenguas de la solidez política y económica de la República de Bolivia, que, para suerte suya, gozaba además de la protección de Ejército Liberador de la Gran Colombia; superados ya o más o menos encubiertos los recelos y ambiciones del Perú gracias al poder detentado por Simón Bolívar.
La anarquía argentina fue algo no solamente previsible, sino una consecuencia del orgullo hegemónico de los bonaerenses que, so capa de tenerse como los padres de la Revolución de 1810 y de la instauración republicana, pretendían dictaminar la suerte de cada una de las provincias; jactándose también de constituir una minoría política que, por su ascendencia social, su cultura y su poder económico, eran los más capacitados para regir el rumbo ideológico del nuevo Estado; que, al menos en ciertas declaraciones y papeles no era otro que el unitarismo republicano; considerando al federalismo provincial en la caldera de los agrios productos del caudillismo voluntarista. Algo parecido a lo que también preconizó el Libertador Bolívar cuando señaló ese peligro.
Las posiciones descentralizadoras que pretendían sustentar autonomismo de las provincias rioplatenses, se pusieron al frente de los comerciantes criollos que manejaban el poder en Buenos Aires; una disidencia de las ciudades que pasó a la defensa de los intereses de las provincias desde 1819. Lucha abierta mantenida de 1824 a 1838, que vinieron a ser los años álgidos de la anarquía. Y llegó a tales extremos que dos provincias: Entre Ríos y Tucumán, optaron por declararse repúblicas independientes. (Nota: En la década de 1970-80, algunos historiadores argentinos revisionistas, al son de los vientos ideológicos nacionalistas con ciertos tintes marxistas, reivindicaron los gobiernos de los caudillos federalistas de aquellos años; muchos de los cuales sólo eran federales de nombre y según sus conveniencias tácticas. Esos investigadores revalorizaron las figuras de Quiroga, López y, sobre todo de Juan Manuel de Rosas. Ciertas tesis expuestas entonces afirmaban que la criminal oligarquía del puerto de Buenos Aires quiso destruir el sentimiento tradicionalista nacional de esos dirigentes, lo que suena hoy a folklorismo histórico. En Bolivia ocurrió lo mismo con la figura de Isidoro Belzu. Pero los más objetivos análisis de estos últimos años mostraron resultados inesperados para esos historiadores. Los documentos demostraron que tales caudillos ni por asomo habían sido gobernantes auténticamente “progresistas” y, como no podía ser sino así, que jamás hubo entre ellos un “socialista”).
Hemos visto cómo la facción pro-bolivianista de Tarija realizó sus gestiones al comienzo nada exitosas ante el Congreso de la nueva República. Un estudio más sereno y acucioso, como el que se evidencia en los escritos de Mariano de Echazú Lezica, por ejemplo, nos lleva a vislumbrar algo no tan sólo de aquellos, sino también de los que deseaban la permanencia de Tarija en las Provincias Unidas del Río de la Plata ¿A qué jugaron o apostaron todos ellos? No es aventurado decir que los doctores terratenientes, los militares y los comerciantes y demás personalidades que controlaban el Cabildo de Tarija y, por lo tanto, los pequeños organismos del gobierno regional, procedieran a una nunca declarada complicidad; o al menos, a una maquiavélica tolerancia especulativa para dejar que cada grupo se empeñe en sus fines, sin la tajante oposición del contrario. Pues no otra cosa fueron las contradictorias decisiones del Cabildo al designar representantes ante Salta y, al mismo tiempo, a la Asamblea Constituyente instalada en Chuquisaca. Así es que, el jefe de la agrupación bolivianista, don Bernardo Trigo Hevia y Baca, quien en febrero de 1825 instrumentó una asonada para impedir la realización de la elección de diputados para el congreso argentino, él mismo, el Io de Marzo de 1826, como Presidente de la Junta Electoral del Distrito, felicita al Dr. José Felipe de Echazú, el máximo dirigente pro-argentino, por su elección como diputado al Congreso de Buenos Aires. (Ref. Mariano de Echazú Lezica; “La actuación del último diputado por Tarija en el Congreso Constituyente argentino de 1824-1827”, notas 1-2 de las páginas 236).
Se impone, además, rectificar una involuntaria omisión nuestra. El Dr. José Felipe de Echazú no quería, bajo ninguna circunstancia, separar a Tarija de las Provincias Unidas del Río de la Plata; pero, con sus partidarios, sí deseaba la autonomía de Tarija con respecto a Salta; es decir, buscó, y logró, se declarase a Tarija Provincia argentina; lo cual no debió de ser entonces muy del agrado de algunos dirigentes salteños, de acuerdo con de Echazú Lezica. Y, al contrario, tal empeño parece ser que no encontró una radical oposición de los bolivianistas, quienes por su parte no cejaban en su propia finalidad. El plan de don Felipe atendía principalmente a no exponer a Tarija, en su condición supeditada de Salta, a los males de la ya inevitable anarquía política argentina. De ahí su obstinación visionaria. La convulsión entre las Provincias y Buenos Aires, sin embargo presentó algunos signos de soluciones favorables entre 1826-27, con una que otra concesión del puerto. Por eso vino la convocatoria a un Congreso Constituyente. Pero sus fases negativas seguían siendo esgrimidas con una cierta razón por los bolivianistas; sobre todo por aquellos que tenían negocios de importancia en el puerto de Cobija, por el cual también los salteños seguían negociando aunque el puerto estuviera bajo el amparo de Bolivia.
A la distancia podemos comprender los puntos de vista objetivamente acertados, dados los imperativos inmediatos, de los intereses que triunfaron en la pugna -¿o en el solapado acuerdo?- , esencialmente coyuntural entre las facciones de don José Felipe de Echazú y don Bernardo Trigo. De conformidad con la galante y señorial manera de manifestar cualquier disidencia entre los todavía conocidos “españoles de Tarija”: al cabo de un corto tiempo, no habiendo llegado la sangre al río, ninguno de los jefes de ambos bandos, ni tampoco sus seguidores, se mostraron como irreductibles enemigos . Al contrario, las relaciones entre Echazú y Trigo fueron de respetuosa cordialidad, y de abnegado servicio a la sociedad tarijeña .
Pero, ¿cómo resultaron las gestiones del Dr. Echazú? vamos a reiterar o, mejor dicho, ampliar lo escrito antes. Porque lo alcanzado en el Congreso Constituyente Argentino de 1826-27 (que en esos años se efectuaron las sesiones a las que concurrió Echazú) contrastaba en sus proyecciones político- jurídicas con los medianos sino pobres triunfos de los bolivianistas en la Asamblea de Bolivia.
El diputado del Partido de Tarija, de la Gobernación Intendencia de Salta, a pesar de haber salido de la Villa el Io de mayo de 1826, tuvo que recalar en Salta durante un tiempo; hasta que le fuera refrendada su representación y pagadas sus primeras dietas por orden del Gobernador-Intendente, general Juan Antonio Álvarez de Arenales. Siguió viaje a Buenos Aires, donde arribó en Septiembre de ese año. El 15 presentó sus credenciales y juró su cargo el 18. Mientras duraron las deliberaciones, el Dr. Echazú hizo valiosas amistades con varias personalidades de la vida política e intelectual argentina: Nicolás de Avellaneda, Manuel Dorrego, Francisco de Laprida, Dalmacio Vélez Sarsfield, Juan Ignacio Gorriti (a quien seguramente volvió a tratar en la Villa de Tarija años después a raíz de su exilio), José Miguel de Zegada, Manuel Tezanos Pinto y Manuel de Castro; estos cuatro últimos diputados por Salta. A don Felipe le tocó actuar de manera sobresaliente en la que algunos consideran la más fecunda Constituyente argentina, codo a codo con los representantes ya mencionados y con otros viejos conocidos de sus tiempos en la Universidad de Chuquisaca; al mismo tiempo que se enteraba de las nuevas concepciones jurídicas institucionales, y a la vez profundizaba otros conocimientos sobre el Derecho Público que, naturalmente, le sirvieron para el posterior ejercicio de su profesión. Así pues, desde el 23 de septiembre de 1826 intervino en los debates, cada vez con mayor aplomo y con tan ponderados exámenes de las materias tratadas que sus seguros asertos y su propia personalidad le ganaron sinceros admiradores. Comenzó su actuación congresal en la discusión sobre la pérdida de los derechos ciudadanos. Para complacencia suya la votación sancionó el criterio defendido por él, y por otros diputados; estableciéndose en la constitución que la ciudadanía se perdía “por la aceptación de empleos, distinciones o títulos de otra Nación sin la autorización del Congreso”, con este añadido: “por sentencia que imponga pena infamante mientras no se produce rehabilitación conforme a la ley”.
Mariano de Echazú Lezica nos informa que en las posteriores discusiones sobre la pérdida de los derechos de ciudadanía, las mociones de don Felipe fueron apoyadas por Juan José Paso, el ex-miembro de la Primera Junta de Gobierno de 1810, notorio jurista y todavía con algunos aprestos radicales políticos. Rectifica, asimismo, algunas erróneas apreciaciones de don Bernardo Trigo Pacheco, asentadas en su libro “Las Tejas de mi Techo” (nota: Ref. ver nota 9 de las página 243 del folleto citado de Mariano de Echazú Lezica: “La actuación del último diputado por Tarija en el Congreso Constituyente argentino de 1824- 1827”). Don Felipe abogó también por no denegar los derechos “de los españoles que habían servido a la causa americana, como el señor Arenales y muchos otros”. Y, en seguida, se pasó en el Congreso al análisis de una “cuestión política profundamente conflictiva: la forma de gobierno”, contemplada en el anteproyecto de la Constitución. Fueron aquellos unos acalorados debates entre unitarios y federales. Según de Echazú Lezica: “Para Echazú era indispensable, tal como se presentaba la coyuntura política, superar el antagonismo entre los unitarios y federalistas y lograr una forma de convivencia entre todos, único medio de obtener la unión nacional, consolidar la paz interior y evitar que el esfuerzo del Congreso se convirtiese en un episodio más de la frustración nacional, que repercutiría desventajosamente para Tarija con respecto a su determinación y posibilidades de seguir unida a la Argentina con el rango de Provincia”.
Don Felipe de Echazú defendió, pues, el sistema unitario, dadas las circunstancias de la época; ya que “el federal parece que envuelve inconvenientes entre los pueblos limítrofes”; aunque no se debía acatar a rajatabla las teorías, porque “es preciso contraerse a nuestras actuales circunstancias y a los hechos prácticos, sin perder de vista las vicisitudes de los sucesos”. Una posición realista la suya que implica considerar las particularidades históricas de cada nación. Propugnó entonces “la forma de gobierno republicano, representativo en unidad de régimen”. Mariano de Echazú Lezica hace resaltar que su ilustre antecesor propició “la forma de gobierno de unidad mixta o moderada”, ya que en la reproducción de su discurso en el “Mensajero Argentino” se saltaron los párrafos en que señaló la necesidad de no obcecarse con la imposición del sistema unitario”; porque, además, ese periódico tampoco publicó la alusión directa que hizo a las facultades excesivas del Poder Ejecutivo, y a la necesidad de tener en cuenta los recelos de la provincias contra el régimen del Presidente Bernardino de Rivadavia y contra los porteños en general”. Prefiguración visionaria, ya sea para lo sucedido con los regímenes caudillistas de Bolivia o para la dictadura unitaria argentina”.
Don Felipe de Echazú no creía, como Bautista Alberdi, que la sola aprobación de una Constitución garantizaría “la pacificación y el orden”. Y de Echazú Lezica pone como ejemplo “también una Constitución -como ocurrió con la sancionada en 1819- podría servir de instrumento para encender la guerra civil y provocar la desunión entre las provincias”. En Bolivia sucedió que los caudillos dictadores simplemente ignoraron toda Constitución. Juan José Paso y de Echazú fueron dos de los diputados que “anticiparon con exactitud la posibilidad del rechazo de la Constitución si se desconocían las aspiraciones autonómicas de los pueblos”.
Vino luego el examen de la estructura misma del Estado, aprobándose los artículos referentes a la “división de poderes, composición del Poder Legislativo, y forma de elección de los diputados”. El artículo 11 fijaba “la proporción de los diputados que les correspondía nombrar a la capital y a cada provincia para la primera legislatura”, después de sentenciada la Constitución. “A Tarija se le asignaban dos diputados para la Cámara de Representantes, así como tendría dos senadores en forma independiente de Salta y Jujuy”. Contra esa asignación se opuso el diputado Valentín Gómez, quien opinó que “dicho distrito debería considerarse perteneciente a la provincia de Salta, y por ello correspondía numerar sus diputados como integrantes de la jurisdicción salteña”, al igual que los de Jujuy, sin que ello obstara a que la Legislatura Nacional, “recobrada Tarija o restituida al orden” sancionara en la ocasión oportuna su separación”. Fue entonces que le tocó a Don José Felipe de Echazú defender, con ardiente convicción y lúcida inteligencia “la personalidad política autónoma que reivindicaba Tarija -ya reconocida en el proyecto constitucional”. Dijo en esa memorable ocasión: “Entiendo que el pueblo, que tengo el honor de representar, debe nombrar con separación de la Provincia de Salta por varias razones. La distancia de 100 y tantas leguas que dividen un pueblo del otro; el tener Tarija que promover su independencia, es indispensable que tenga sus Representantes para que trasmitan sus votos. El que Tarija se halle actualmente ocupada por las armas del Estado de Bolivia no es inconveniente, porque si por ese motivo se privase de que tuviera representación separada, sería conceder que no tiene el Estado argentino el derecho, como en realidad lo tiene, sobre aquel territorio”. Hubo un disenso sobre el particular. Gómez siguió argumentando sobre la especial situación de Tarija “que no está desmembrada”. Echazú insistió con ecuanimidad y vigor en la autonomía de Tarija, aduciendo sus antecedentes históricos: “En todas las ocasiones en que se han pedido representantes a los pueblos, Tarija ha nombrado a los suyos con separación de Salta; y tendría mucho que extrañar aquel pueblo si en las actuales circunstancias no se le diera representación separada. Yo creo que influiría demasiado en que tal vez aquellos habitantes tengan un motivo más de acomodarse al estado en que se hallan”. Gómez, finalmente, aceptó que “provisionalmente” se procediera tal como pedía de Echazú.
Largo sería extendernos en todos los debates concernientes a aquel asunto y a otros más en los que Echazú manifestó sus ejemplares dotes de jurista. (Quien desee conocer en detalle las intervenciones suyas, le recomendamos leer el valioso escrito de Mariano de Echazú Lezica).
El Dr. Echazú tuvo asimismo una sobresaliente participación en la redacción de la Constitución argentina de 1826, “muy superior en sus principios a la que se había sancionado en la República de Bolivia el 6 de agosto de 1826”. El 30 de noviembre de 1826, don Felipe alcanzó su mayor triunfo: “que Tarija cobrara personalidad propia, al ser admitida como una provincia argentina separándose de Salta y adquiriendo una igualdad de derechos y prerrogativas en el conjunto de provincias que integraban la República”, como dice Mariano de Echazú Lezica. El proyecto de ley que presentara la Comisión de Negocios Constitucionales decía: “Art, 1.- Queda elevada al rango de Provincia la ciudad de Tarija y su territorio adyacente. Art. 2.- Se le declaran todos los derechos y prerrogativas que la Constitución y las leyes establecen en favor de las Provincias”. Este proyecto fue aprobado por 36 votos a favor y dos en contra. En las sesiones de los días 5, 21 y 24 de diciembre de 1826 se aprobó un “Manifiesto” del Congreso a las Provincias, publicada con el texto de la Constitución; en la que ya se asignaba a Tarija dos diputados de acuerdo al número de sus habitantes, quedando en igualdad con Entre Ríos, La Rioja, Mendoza, San Juan y San Luis; y con mayor representatividad que Misiones y Santa Fe. En la Cámara de Senadores, Tarija debía tener también dos representantes. El día 21, don Felipe firmó el Acta y el texto de la Constitución. Y ya en enero de 1827 pasó a integrar la Comisión de Negocios Constitucionales. Sólo otro tarijeño había ascendido a semejantes honrosas funciones en la Argentina de ese tiempo; don José Julián Pérez de Echalar, diputado por Tarija y miembro de la llamada Junta Grande de 1811 y del posterior Triunvirato, como lo recuerda Mariano de Echazú Lezica.

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En aquella Comisión de Negocios Constitucionales, don Felipe tuvo que enterarse de las nada gratas comunicaciones de las provincias que rechazaban la Constitución de 1826. Corrientes, por ejemplo, retiró a sus diputados. Todo eso debió contribuir a un cierto desaliento y aflicción por la irreductible convulsión anárquica en la Argentina. Sin embargo, se vio obligado a continuar en Buenos Aires, en sus funciones de la Comisión Permanente del Congreso. En febrero de 1827 regresó a Salta, debido a la mala salud de su padre, Don Mariano Antonio de Echazú, y, a la vez, para ocuparse de los negocios de algunas propiedades de la familia. Por ello dejó como su representante en el Congreso a don José Antonio Ruíz.
En Salta había sido depuesto el general Álvarez de Arenales, su muy apreciado amigo. En el Perú y en Bolivia, el Libertador Bolívar y el Mariscal José Antonio de Sucre tenían que vérselas con la solapada pero no ineficiente repulsa nacionalista. Así es que retornó a Buenos Aires. En la guerra contra el Brasil, la Argentina había logrado dos significativos triunfos en una batalla naval, en Juncal y en Ituzaingó. Sin embargo, fueron éxitos militares malbaratados por los tejemanejes desacertados de la política rioplatense. A principios de abril de 1827, don Felipe emprendió viaje a Tarija. A ella le llevaba sus logros en el Congreso argentino; y el respeto, cariño y admiración que le fueron demostrados por sus colegas diputados y por otras personalidades rioplatenses. Y, muy adentro de su espíritu, la pena por todo lo visto y experimentado en los recovecos políticos, fíeles reflejos de las desavenencias anárquicas. Quizá por todo eso se abstuvo de discutir sobre aquello que con tanto ardor había defendido y. en consecuencia, decidió no interponerse en las actividades políticas de quienes consideraron la anexión de Tarija a Bolivia. Y, por cierto, le debió causal un púdico desánimo observar la pasividad de los que hasta no hacía mucho eran notorios argentinistas; aunque sabía muy bien que, en las zonas rurales, sobre todo en el Chaco, existían gentes que, si él lo podía, lo habrían seguido en cualquier actitud cuestionadora. Pero eso no conduciría sino a lo que acababa de ver en la Argentina. Hoy estamos seguros que los dirigentes de la anexión, en especial don Bernardo Trigo, supieron comprender los sentimientos y el proceder del Dr. Felipe de Echazú; porque su talento y su nobleza de espíritu eran un indiscutible orgullo para todos los tarijeños.