El drama histórico (Primera parte)

La independencia de Bolivia levanta espesa bruma, creada por recelos, intereses, cálculos, desinteligencias y otros factores internos y externos.
El suceso histórico adquiere caracteres dramáticos o se torna propiamente en drama histórico.
Entre sus personajes, Andrés Santa Cruz desempeña papel muy importante. De sus labios se escuchará un día estas palabras. “Aprendamos a merecer nuestra independencia, antes que mendigarla”.
Mientras Sucre ejerce el mando supremo en Bolivia, Santa Cruz acude al llamado del Libertador y, en junio de 1826, asume la presidencia del Consejo de Gobierno de la República Peruana.
En septiembre del mismo año, Bolívar resuelve regresar a Venezuela. Antes de marcharse, designa a Santa Cruz para que le sustituya como presidente del Perú, usando la facultad que al efecto le dio el Congreso.
Santa Cruz trabaja leal y fructíferamente en servicio del pueblo cuya conducción se le ha encomendado.
Fiel al Libertador, pone en vigencia la Constitución Política redactada por aquél para la república de Bolivia, a pesar de que es resistida por algunos círculos. Al saberlo, Bolívar le releva de mantenerla, diciéndole que el gobierno obre libremente, oyendo “la voluntad pública”.
Santa Cruz forma nuevo gabinete ministerial y convoca a elecciones de representantes nacionales, ante los que, reunidos en Congreso en junio de 1827, lee su mensaje y renuncia la presidencia. Esta es aceptada y se elige para el cargo al general La Mar. Luego, el mismo Congreso declara abolida la Constitución bolivariana y restituida la de 1823.
Santa Cruz se ausenta del Perú, en misión diplomática, que es un destierro disimulado.
Mientras tanto, en Bolivia se conjura entre sombras. A fines de diciembre de 1827 se subleva un regimiento en La Paz y, por calles de la ciudad, se viva a voz en cuello a los generales Santa Cruz y Gamarra. Este, “amo del sur del Perú”, prepárase a invadir Bolivia. Sin embargo, el 5 de marzo de 1828 celebra en el Desaguadero una conferencia con el presidente Sucre, cuyos resultados tranquilizan al mariscal; pero el 18 de abril se amotinan en Chuquisaca los Granaderos de Colombia, vivando a Gamarra y al Perú. Sucre dirígese al cuartel, a reprimir el alzamiento, siendo recibido a balazos, uno de los que le destroza el brazo derecho.
Gamarra, que está atento al motín, inicia la invasión a Bolivia el 30 del mismo mes, al mando de un ejército de cinco mil hombres. El 8 de mayo ocupa la ciudad de La Paz; después las de Oruro y Potosí... La ambición del general peruano está satisfecha de gran modo y la independencia de Bolivia en grande peligro. Sus cómplices se quitan la careta. Gamarra somete al país a su voluntad, e impone el humillante Tratado de Piquiza (6 de junio de 1828), que, en primer término, obliga al cambio de autoridades bolivianas.
Sucre, afectado por ese “tratado” más que por el brazo roto o por la ilegítima prisión a que fue sometido u otros hechos, abandona el territorio boliviano.
Eso es lo primero que viene buscando Gamarra, pues sabe que el mariscal de Ayacucho es defensor intransigente de la independencia nacional, como que, temeroso de la suerte de la república, deja, antes de marcharse, el imperioso mandato para los bolivianos “de conservar por entre todos los peligros la independencia de Bolivia”.
En la misma oportunidad, propone al Congreso Nacional que su sucesor en la presidencia sea Andrés Santa Cruz. Con ello cumple la resolución del Libertador Bolívar, y su propia convicción de oponer al general peruano un hombre, quizá el único, que puede enfrentarle en sus pretensiones.
Ausente el mariscal Sucre, Gamarra ingresa a Chuquisaca.
El Congreso se reúne y actúa bajo el temor que impone el invasor y la complicidad de algunos agentes suyos. Acepta la renuncia de Sucre y, por cálculo político, o quizá para calmar los ánimos y aplacar la opinión pública, elige presidente de la república a Andrés Santa Cruz y vicepresidente al general José Miguel de Velasco. Y concluye convocando a una “Asamblea Convencional”.
En ausencia del presidente electo—que está en Chile, como ministro del Perú— se encarga provisionalmente esas funciones al vicepresidente Velasco.
Gamarra, bien pagado, vuelve al Perú, pero deja establecida una maraña en la que se mueven sus agentes y cómplices, con el general Pedro Blanco a la cabeza, o quizá éste como simple testaferro.
Santa Cruz acepta la presidencia y se encamina a Bolivia; pero antes de que él llegue a territorio patrio, se reúne la Asamblea Constituyente (18 de diciembre), que anula la anterior elección y designa a dos adictos de Gamarra: presidente, el general Pedro Blanco, y vicepresidente D. Ramón Loayza.
Hace más esa atemorizada Asamblea: decreta reponer a la nación el nombre de Alto Perú.
Todo aquello dura poco, apenas unos días. Los coroneles Mariano Armaza, José Ballivián y Manuel Vera, y con ellos otros patriotas, levántanse en armas y deponen a Blanco.
Velasco, reasume la presidencia, jurando el cargo ante la Asamblea, el mismo día que es victimado Blanco (primero de enero de 1829).
La hora es confusa. La Asamblea decreta “llamar nuevamente” al mariscal Andrés Santa Cruz como presidente, “nombrado por el Congreso Constituyente y deseado por todos los bolivianos”.
Velasco, de su parte, anula los actos de la Asamblea y proclama en vigor los del Congreso; invita a Santa Cruz a asumir la presidencia de la república, a cuyo efecto se destaca una nutrida comisión, que entrevista a aquél en Arequipa, donde acaba de contraer matrimonio con doña María Francisca Cernadas.
Los comisionados cubren de halagos al mariscal y, en forma conmovedora, le informan de la situación del país. Nada de eso es novedad para él, que viene siguiendo con ansiedad el desarrollo de los sucesos en Bolivia.
— “Iré, señores — les responde—, no a ocupar una silla que no es mi inclinación, sino a servir a Bolivia y a sacrificarme en su obsequio, para corresponder a su confianza y llenar sus esperanzas”.
Y el dos de mayo de 1829 parte rumbo a La Paz. Aquí asume la primera magistratura, prestando juramento en solemne ceremonia, realizada en la iglesia de San Francisco (24 de mayo).
A la sazón, Bolivia atraviesa por un período caótico. Su pueblo, abatido por décadas de guerra a muerte, sufre hambre y miseria. Los resabios del colonialismo están por todas partes. La gran masa humana — los indígenas— sojuzgada, desposeída... Las luchas fratricidas son constantes. El ejército es una masa informe, donde la indisciplina y la ambición del poder son como normas de conducta de sus miembros. El erario exhausto. Hay pobreza, ignorancia, contradicciones, prejuicios por doquier.
La tarea que espera al mariscal Santa Cruz es ímproba. Nada le arredra. Comienza por proclamar — como quien se traza unas líneas maestras — que su “obra máxima” será “organizar el Estado de una manera que sea respetable a los vecinos por su poder y recomendable por sus virtudes”. Repitiendo lo que hizo en la presidencia del Perú, deroga la primera Constitución Política que tiene Bolivia, considerando que ella “ha motivado el descontento de la Nación”, y reitera que “la reorganización de la República” es el “grande objetivo” de sus “compromisos y de la voluntad general”. Luego asume la totalidad del poder público, centralizándolo en su autoridad, “mientras se reúne la representación nacional”.
Consagra su atención a la hacienda pública; dicta normas para regular el comercio y estimular la naciente industria nacional; reorganiza el ejército, sobre bases de severa disciplina y sobriedad; crea el Departamento del Litoral, con el puerto de Cobija, proveyéndole de servicios y medios posibles; se interesa por la vialidad, pone énfasis en el fomento de la educación pública...
Es el momento histórico en que el capitalismo se conforma en el mundo, desplazando al feudalismo. Inventos y descubrimientos revolucionan la técnica y abren grandes fábricas. Las ideas liberales se difunden y hacen brecha. La burguesía lucha y gana terreno. Los vientos originados en Europa traen a América aires nuevos.
En materia de legislación, el gobierno Santa Cruz une el pensamiento y la vida. Recoge la madurez de la sabiduría francesa, en lo que tiene de universal y creador, y la traduce en cuerpos orgánicos avanzados, de modo que Bolivia se adelanta a sus hermanos de América en darse leyes propias, en diversas ramas. Aquella legislación, redactada con la personal sugestión del mariscal Santa Cruz, tiene, pues, la influencia de la codificación napoleónica y está inspirada en el pensamiento doctrinario de tipo democrático- burgués. Más de un año lleva el estudio y la redacción de los Códigos Civil, Penal y de Procederes, que son promulgados por decreto de 28 de octubre de 1830, mandados a publicar por decreto de 22 de marzo de 1831 y aprobados por la Asamblea General Constituyente mediante ley de 18 de julio de 1831, la misma que dispone que aquellos cuerpos legales lleven la denominación de Códigos Santa Cruz, en homenaje a su inspirador.
La Asamblea General Constituyente de Bolivia se reúne en la ciudad de La Paz, a mediados de 1831.
En la sesión inaugural, Santa Cruz lee su mensaje presidencial. “Yo me encargué —dice— de la patria moribunda, dividida por los odios y las desconfianzas, destrozada por la anarquía y por acontecimientos desgraciados, desorganizada en todos sus ramos y consumida de miseria”. ¿Y ahora? Ahora “todo ha tomado un nuevo aspecto; y por donde quiera que se extiendan vuestras miradas no divisaréis más que una perspectiva de prosperidad y de esperanza”.
Los actos del gobierno son aprobados por la Asamblea con aplausos y expreso reconocimiento de la obra bienhechora del presidente, a quien le discierne honores especiales.
El 14 de agosto, la misma Asamblea General sanciona la nueva Constitución Política del Estado y, mediante ley, designa a Andrés Santa Cruz presidente constitucional de la república. En la misma fecha, éste promulga el nuevo código fundamental y jura el cargo.

Tarija provincia y departamento
En aquella Constitución — la segunda, en orden cronológico, que se da Bolivia -aparece Tarija- que no había figurado en el texto de la anterior –formando parte del territorio nacional, aunque como provincia, junto con la del Litoral (Art 3º.). con el derecho de “nombrar” un senador (Art. 41) y representante “por cada cuarenta mil almas de población, y las fracciones que alcancen a veinte mil”.
Con ello, se diría que el bolivianismo del pueblo tarijeño triunfa tras larga lucha llena de sinsabores. En efecto: en los plebiscitos de 6 de junio y de 16 julio de 1825 de 26 de agosto, de 7 de septiembre y de 17 de octubre de 1826, Tarija expresa su voluntad de formar parte de la república de Bolivia. Elige a Baltasar Arce, Joaquín Tejerina y José María Ruiloba sus representantes al Congreso Constituyente de 1825, convocado por el mariscal Sucre, los que no son admitidos esgrimiéndose fútiles argumentos. Insiste, y en 7 de septiembre de 1826 nombra diputados a la Constituyente, convocada “para formar la Constitución del Estado”. La distinción recae en los doctores José María de Aguirre y José Fernando de Aguirre, como propietarios, y en el coronel (rabino Ibáñez y don José Hevia y Baca, como suplentes. Presentes ellos en Chuquisaca, no escatiman esfuerzos en el cumplimiento de sus deberes patrióticos y, con sagacidad, obtienen que el 23 del mismo mes aquel Congreso sancione la ley que establece:”1°. La Representación Nacional desconoce los actos y niega su ratificación a las negociaciones porque haya sido desmembrada la provincia de Tarija del Territorio del Alto Perú, hoy República Boliviana.— 2°.—En virtud de las reiteradas negociaciones de Tarija y de su libre y espontánea resolución para incorporarse a Bolivia, se admite en el Congreso Constituyente a sus diputados que se hallan en esta Capital, luego que, examinadas sus credenciales estén conformes al Reglamento de 26 de noviembre del pasado año”. El presidente Sucre observa la ley, temeroso, posiblemente, de contrariar al Libertador Bolívar que el 25 de octubre de 1825 vióse obligado a intervenir en la “cuestión de Tarija”, a requerimiento de los plenipotenciarios argentinos que pedían la “devolución” de esa provincia a la república del Plata, petición a la que Bolívar accedió. Quizá piensa también el Gran Mariscal que, promulgándola, se perjudicarían las buenas relaciones de su gobierno con el de la república Argentina, cuyo emisario (general Arenales) trajo y actualizó el problema. “El Gobierno —dice el presidente Sucre en su mensaje al Congreso— desea que con todos estos antecedentes se medite, circunspecta y fríamente, si es este momento la ocasión que la justicia y los intereses nacionales exigen el pase del Ejecutivo a la ley de 23 del corriente”.
Pero Tarija no se resigna ni se conforma. Hay nuevos pronunciamientos y hasta actitudes radicales que obligan al presidente de la república a retirar sus observaciones y promulgar la ley el 3 de octubre.

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Los diputados por Tarija se incorporan al Congreso Constituyente y, como tales, los señores de Aguirre suscriben la Constitución Política aprobada el 6 de noviembre de 1826, es decir la primera de la república de Bolivia. Sin embargo, Tarija no figura en ella como parte del territorio nacional.
Luis Paz dirá: “Voto de honor al pueblo tarijeño que triunfó sobre la omnipotencia de Bolívar, sobre la autoridad de Arenales y sobre las vacilaciones de las Asambleas bolivianas de 1825 y 1826; y gratitud a la memoria del patriota General Bernardo Trigo y la del ilustre irlandés O’Connor”.
Por su parte, el Congreso General Constituyente de las Provincias Unidas del Río de La Plata incorpora a su seno a D. José Felipe Echazú y a D. Juan Antonio Ruiz, como diputados por Tarija, y, luego, el 30 de noviembre de 1826, sanciona la ley que promulga el presidente Rivadavia, el primero de diciembre del mismo año, que dice: “Artículo Primero.— Queda elevada al rango de Provincia la ciudad de Tarija con el territorio adyacente.— Artículo Segundo. Se le declaran todos los derechos y prerrogativas que la Constitución y las leyes establecen en favor de las Provincias”.
Tarija mantuvo incólume su devoción bolivianista.
En el Congreso de 1828 está representada por el coronel Bernardo Trigo y los doctores José Felipe Mendieta y José Pablo Hevia y Baca, quienes en las primeras sesiones “observan” que se utilice el término “provincia”, como se había hecho en la convocatoria a la Asamblea Convencional, al referirse a Tarija, y piden que se le reconozca el rango y la condición de departamento, a cuyo efecto presentan un proyecto de ley. La oposición es abrumadora, no solo en número, sino en expresiones hirientes. Duerme el proyecto, por decir lo menos, y persiste la injusticia de mantener a Tarija como provincia, aunque no dependiente. La Constitución promulgada por el presidente Santa Cruz el 14 de agosto de 1831, proclama que Tarija está comprendida en el territorio de Bolivia, pero siempre como provincia. En el Congreso de ese mismo año se actualiza el proyecto de 1828 que, con algunas modificaciones, se sanciona el 22 de septiembre, promulgándolo como ley de la república, el 24 del mismo mes, el presidente Santa Cruz y su Ministro del Interior Manuel José de Asin. Su articulado dice así: “1º —Se erige la Provincia de Tarija en Departamento — 2°.— Para la dotación de todos los empleos y establecimientos necesarios, se autoriza al Gobierno para que presente a la próxima Legislatura los datos más convenientes.— 3º.— El artículo primero no tendrá efecto hasta que las Cámaras con vista de los datos que se exigen por el artículo segundo arreglen las rentas, provincias y todo lo conveniente al Departamento”.
El presidente Santa Cruz, que conoce los antecedentes históricos, políticos y sociales de Tarija y está consciente de la justificación de la ley que acaba de promulgar, da pasos importantes para la vigencia de ella.
Comienza por nombrar al coronel Bernardo Trigo Prefecto y Comandante General del Departamento. “A usted — le dice en carta privada —, que ha sido el primer Gobernador boliviano de Tarija, le corresponde ser el primer Prefecto”. Trigo acepta el cargo “por tres o cuatro meses”, “con renuncia de sueldo” — expresa en su respuesta —, porque sus ocupaciones privadas le demandan tiempo y esfuerzo para rehacer su economía “hondamente afectada” en servicio de la patria. Y con ahínco el coronel se dedica a organizar la administración departamental, a formar cuadros estadísticos sobre producción, demografía, etc. de las circunscripciones que se constituirán en provincias del Departamento, y otros aspectos.
Con todo, el cumplimiento integral de la ley se hará con un poco más de tiempo.
Mientras tanto, en el texto constitucional siguiente, que el mismo presidente Santa Cruz promulga el 20 de octubre de 1834, Tarija continúa figurando como provincia (Art. 3°.). Será a partir de la Constitución de 1839 en que aparezca con el rango de Departamento (Art. 4°.).