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Los registros de enero a agosto del Servicio Departamental de Salud (SEDES) muestran que hubo un total de 601 embarazos entre los 10 y 19 años distribuidos en los once municipios. De esos, 564 fueron de 15 a 19 años y 37 en menores de 15. El dato faltante en estos reportes es cuántos de esos embarazos adolescentes son producto de una agresión sexual. La elaboración de políticas públicas para la prevención y atención de embarazos adolescentes producto de violación requieren de una sistematización de datos para establecer la dimensión del problema.


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