Tarija busca poner fin al contrato eléctrico de San Jacinto que entrega el 92% de las ganancias a ENDE

La Gobernación de Tarija busca poner fin al contrato que permite a ENDE Guaracachi operar el componente hidroeléctrico de la represa de San Jacinto, al considerar que las condiciones acordadas en 2015 son desfavorables para el departamento. La gobernadora María René Soruco emitió un pronunciamiento para impulsar la terminación del convenio y abrió la posibilidad de una salida negociada con la empresa estatal.

El contrato, suscrito el 21 de agosto de 2015 y con una vigencia de 30 años, establece una distribución de las utilidades de la generación eléctrica en la que el 92% corresponde a ENDE Guaracachi y el 8% al Gobierno departamental, según antecedentes públicos del acuerdo. La Gobernación considera que este reparto no refleja adecuadamente los intereses de Tarija sobre una infraestructura construida como parte de un proyecto múltiple que también beneficia al sector agrícola. 

Como parte de las gestiones, la administración departamental solicitó información sobre las condiciones del contrato y plantea una reunión bilateral para buscar una terminación de mutuo acuerdo. Por ahora, se trata de una iniciativa de negociación: no se ha informado que el convenio haya sido rescindido ni que exista un acuerdo definitivo con ENDE.

El reparto de ingresos y el agua para riego

La controversia no se limita a la distribución de las ganancias. La Gobernación también cuestiona las condiciones de operación de la central hidroeléctrica, debido a que el uso del agua del embalse para generar electricidad debe compatibilizarse con las necesidades de riego de los productores del valle central.

San Jacinto fue concebido como un proyecto múltiple, con funciones de generación eléctrica, riego y otros usos vinculados al desarrollo regional. El embalse abastece a familias productoras de Cercado y Uriondo, por lo que la administración del nivel de agua resulta determinante para la actividad agrícola.

En septiembre de 2023, la propia Gobernación informó que había acordado con ENDE Guaracachi elevar el nivel mínimo de operación para generación eléctrica, con el propósito de garantizar la dotación para los regantes. En esa oportunidad, el entonces gobernador Óscar Montes, señaló que el riego debía priorizarse y que la generación tenía que adecuarse a la disponibilidad hídrica. 

El antecedente muestra que las tensiones entre la generación eléctrica y el abastecimiento para riego no son nuevas. La actual administración busca que la revisión del contrato permita replantear las condiciones bajo las cuales se utiliza el agua de la represa y se distribuyen los ingresos derivados de la electricidad.