La minería amenaza a los ríos Pilcomayo y San Juan del Oro

El Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB) advirtió a las autoridades e instituciones nacionales, departamentales y municipales de Tarija, Potosí y Chuquisaca sobre los niveles de contaminación detectados en las cuencas de los ríos Pilcomayo y San Juan del Oro, debido a la presencia de mercurio y otros metales pesados asociados a la explotación ilegal de oro y otros minerales en el sur del país.

El investigador del CEDIB, Gonzalo Mondaca, informó que un estudio realizado en ambas cuencas identificó contaminación por mercurio y otros metales pesados utilizados en la actividad minera, principalmente en zonas de los departamentos de Potosí y Tarija.

Recordó que estos ríos ya enfrentan problemas por la presencia de residuos de cadmio, plomo, estaño y zinc. En ese contexto, advirtió que la incorporación del mercurio en la explotación aurífera agrava la situación y representa un riesgo adicional para la salud humana, la producción piscícola y los ecosistemas.

El asambleísta departamental por San Lorenzo, Luis Sosa, señaló que las instituciones y familias campesinas de los municipios de Yunchará y El Puente denunciaron que la minería ilegal continúa generando preocupación en la zona alta y la cuenca baja de ambos municipios. Atribuyó esta situación a la ausencia del Estado y a la falta de fiscalización de las autoridades competentes.

Por su parte, la alcaldesa de El Puente, Sara Armella, expresó su preocupación por el crecimiento de la actividad minera y cuestionó la distribución de las regalías. Explicó que el municipio solo percibe ingresos por la explotación de piedra caliza, mientras que otros recursos, como oro, arcilla, arena, plomo, zinc y cal, son extraídos presuntamente de manera ilegal.

Según la autoridad, estas actividades emplean sustancias químicas que afectan las cuencas hídricas y no generan ingresos por regalías para el municipio.

El alcalde de Yunchará, Agustín Casasola, sostuvo que la contaminación de los ríos San Juan del Oro y Pilcomayo es una consecuencia de la actividad minera. Recordó que un estudio de laboratorio encargado por el Gobierno Municipal de Yunchará y la Gobernación de Tarija confirmó la presencia de residuos de al menos nueve metales por encima de los límites permisibles.

Casasola cuestionó la falta de intervención efectiva de las autoridades nacionales y departamentales para controlar la contaminación en la región.

Pero la actividad minera en la zona alta del departamento no es reciente. Desde el 2022 que la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) viene detectando e interviniendo campamentos equipados y con personal que se dedica a la explotación de minerales, pero sin autorización ni fiscalización.

Indígenas exigen frenar con la contaminación

Las familias de los pueblos indígenas Weenhayek, Guaraní y Tapiete, junto con comunidades campesinas de Tarija, se declararon en estado de emergencia por la contaminación minera que afecta al río Pilcomayo y a sus afluentes, entre ellos el San Juan del Oro.

Según sus dirigentes, la contaminación está relacionada con derrames tóxicos, colapsos de piscinas de sedimentación y pasivos ambientales de cooperativas mineras que operan en la cuenca alta, principalmente en Potosí. A estos factores se suma el uso creciente de mercurio en la explotación aurífera.

El asambleísta departamental por el pueblo guaraní, Andrés Segundo, explicó que los análisis de laboratorio y los informes ambientales detectaron plomo, arsénico y mercurio en el agua y en peces como el sábalo. Según indicó, los niveles superan los límites permitidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Ante esta situación, los representantes indígenas solicitaron la intervención de las autoridades nacionales y departamentales para prevenir mayores daños a la producción piscícola y proteger la salud de las comunidades originarias y campesinas.

Asimismo, un informe presentado por autoridades departamentales en 2023 advirtió sobre elevados de algunos minerales en el agua del Pilcomayo y en los sábalos, lo que representa un riesgo para esta actividad.

El documento recomendó a las instituciones públicas implementar programas y proyectos de control y monitoreo de la actividad minera en las regiones de Tarija y Potosí, con el fin de reducir la contaminación y proteger los recursos naturales.