Juntas escolares califican de “atentado” el paro y exigen estudio de costos para definir tarifa

El presidente de las Juntas Escolares de Tarija, Franklin Arancibia, cuestionó la continuidad del paro del transporte público y pidió al Gobierno Municipal convocar a todos los sectores a la reunión prevista para este viernes, antes de definir una nueva tarifa para el servicio. También observó que hasta la fecha no se habría presentado una hoja de costos que sustente técnicamente el monto del pasaje.

Arancibia señaló que las juntas escolares no participaron de las reuniones anteriores entre el sector del transporte y la Alcaldía, por lo que reclamó que su organización y otros sectores sean incluidos en la próxima convocatoria.

“De manera pública, hacemos la solicitud al Gobierno Municipal, al alcalde, en este caso doctor Johnny Torres, que convoque a todos los sectores para que puedan representar y puedan verter su criterio y su opinión en esa reunión que se va a establecer el día viernes”, manifestó.

El dirigente cuestionó además que Tarija continúe con una tarifa provisional y que ahora se plantee establecer nuevamente un monto transitorio, cuando, a su criterio, primero debería existir un estudio de la hoja de costos.

“Pero la ley, ¿dónde está la ley? Tiene que haber un estudio de la hoja de costo. ¿Se lo ha realizado?”, cuestionó.

Según Arancibia, ni el Gobierno Municipal ni la Federación de Juntas Vecinales (Fedjuve) ni el sector del transporte habrían presentado hasta el momento un estudio de costos que permita establecer el pasaje definitivo. En ese marco, sostuvo que la nueva tarifa debería surgir de un proceso de análisis y consenso entre los sectores involucrados.

Respecto a la propuesta del transporte de establecer una tarifa transitoria de Bs 4,50, el representante de las juntas escolares indicó que el sector está en su derecho de plantear ese monto, pero consideró necesario conocer también la posición de las demás organizaciones.

“Ellos están en su derecho de solicitar. Esa es su postura de ellos. Está en su pleno derecho. Pero ahora hay que conocer la postura de todos los sectores y de todas las organizaciones”, afirmó.

Arancibia reconoció que el incremento del precio del combustible afecta al transporte y señaló que debe considerarse la situación económica del sector. Sin embargo, remarcó que también se debe tomar en cuenta a las familias y, especialmente, a la población que depende de sus ingresos diarios.

“Hay que ser empático, tanto con el transporte, porque también es pueblo. Y el transporte también tiene que ser empático con el pueblo”, sostuvo.

Cuestiona impacto del paro en estudiantes

El presidente de las Juntas Escolares también cuestionó la prolongación de las medidas de presión del transporte y señaló que el paro está afectando directamente a la población que necesita movilizarse para trabajar y estudiar.

Arancibia calificó como “paradójico” que el sector del transporte argumente que las familias están perdiendo ingresos por el incremento de los costos, mientras mantiene paralizado el servicio.

“Se dan el lujo de parar, se dan el lujo de no trabajar. Y para mí es un atentado a la población”, afirmó.

El dirigente puso especial énfasis en las dificultades que enfrentan los estudiantes para llegar a sus unidades educativas. Explicó que existen alumnos que necesitan utilizar hasta tres líneas de transporte para trasladarse hasta sus establecimientos y que la suspensión del servicio complica su asistencia a clases.

“Lastimosamente hay estudiantes. ¿Cómo llegan a la unidad educativa? Utilizaban tres micros, tres líneas para llegar a una unidad educativa. Ahora, ¿en qué estamos?”, cuestionó.

Ante este escenario, Arancibia insistió en que la reunión convocada para este viernes debe incorporar a las diferentes organizaciones y sectores, con el objetivo de escuchar sus posiciones antes de adoptar una determinación sobre la tarifa del transporte público.

Para las juntas escolares, el debate no debería centrarse únicamente en el monto solicitado por los transportistas, sino en alcanzar un acuerdo que considere los costos del servicio y la capacidad de pago de la población.