Sugieren a Paz fijar mesas de diálogo por el "dieselazo"

En Tarija, como en el resto del país, suman los sectores que rechazan el Decreto Supremo 5676, que establece el alza de la tarifa de diésel para grandes consumidores a 18 bolivianos por litro. Además de exigir su abrogación, sugieren al Gobierno convocar a mesas de diálogo para llegar a un acuerdo.

En el oriente ya se registraron bloqueos por parte del sector agropecuario, y los cívicos cruceños y los transportistas advierten con sumarse a esas medidas. Mientras, el Gobierno descarta la abrogación y propone “mejorar” la redacción.

Cuestionamientos

A primera hora del pasado lunes 17 de agosto quedó promulgado el Decreto Supremo 5676, que establece un precio referencial de 18 bolivianos por litro de diésel para grande consumidores. En ese grupo están contemplados usuarios directos que compran grandes cantidades y usuarios que consumen más de 120 litros al mes. Para el resto sigue vigente la tarifa de 9,80 bolivianos.

El Ejecutivo argumentó que la norma reduciría los problemas de desabastecimiento, contrabando y especulación, algo que no ha sucedido hasta el momento, pues las filas en los surtidores y la escasez de combustible persisten.

El economista Roberto Castillo apuntó que es necesaria una política para reducir la subvención, pero propuso que se llegue a una negociación de prorrateo.

“Hay datos que indican que el transporte público, transporte privado y carga en tanque constituyen el 85 u 86% del consumo, los pequeños y grandes consumidores son solo el 14 o 15%. Se puede llegar a un precio promedio porque solo tiene que subvencionarse el transporte público, no el privado ni el pesado. Sería un acuerdo de prorrateo a 13 bolivianos, se podría terminar un problema e incluso ahorrar dinero”, indicó.

Luis Casso, como dirigente del Transporte Libre, afirmó que el DS 5676 no cumplió su objetivo, por lo que debe ser abrogado y posteriormente el Gobierno debe acordar con los distintos actores sociales las políticas que vayan a aplicarse para evitar protestas.

“Ha empeorado la situación. Amerita que el Gobierno tenga que retroceder y abrogar el Decreto. Dicen que se puede mejorar, pero no sé cuáles serían esas mejoras (…) Que lo abroguen y después que el Ministerio se siente con nosotros, con los empresarios, con todos para ver la mejor solución”, sugirió.

Casso anunció que para los primeros días de septiembre se planea convocar a un ampliado nacional, específicamente para tratar este tema. Sin embargo, no dio una fecha ni adelantó las medidas de protesta que podrían asumirse en el encuentro.

El transporte federado también está en pie de lucha, un ampliado nacional definirá si asumen alguna medida de presión en contra de esta norma que, advierten, golpea la economía de las familias, pues el efecto negativo es en cadena.

“Dieselazo” perjudica al sector campesino

El sector campesino en todo el departamento ha expresado su preocupación por el efecto del Decreto 5676, pues les limita la posibilidad de adquirir combustible.

Casildo Gudiño, productor agrícola, alertó que la falta de diésel está frenando la siembra. Explicó que ni siquiera logran acceder regularmente a los 20 litros de cupo que estableció la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).

Advirtió que esta situación podría generar escasez de alimentos a fin de año. “La gente del campo no tiene las mismas posibilidades para afrontar la falta de combustible”, lamentó.

Ante ese perjuicio, la Central Sindical Única de Comunidades Campesinas de Caraparí exige al Gobierno nacional revisar y modificar las medidas que afectan al sector agropecuario, además de garantizar un abastecimiento suficiente, oportuno y accesible de diésel para las actividades productivas.

Demanda que cualquier medida que incida en la producción agropecuaria sea previamente socializada y coordinada con las organizaciones campesinas y productivas, considerando la realidad económica de las comunidades.