Yacuiba: Cívicos piden una tarifa eléctrica más justa
El Comité Cívico de Yacuiba advirtió sobre el impacto que tendrán las nuevas disposiciones nacionales que permitirán ajustes más frecuentes en las tarifas de energía eléctrica y anunció que impulsará, junto a la Federación de Juntas Vecinales (FEJUVE) y otras organizaciones sociales, una propuesta para exigir una tarifa diferencial para la Región Autónoma del Gran Chaco.
El representante cívico Armando Olivera explicó que el Decreto Supremo 5647, promulgado en junio, reemplaza la revisión tarifaria cada cuatro años por evaluaciones semestrales, permitiendo incrementos cuando aumenten los costos de generación, transmisión o distribución. A ello se suma el Decreto Supremo 5652, que entrará en vigencia en enero y modificará el precio de los derivados de hidrocarburos, como el diésel y el gas, lo que podría traducirse en un incremento de hasta el 5% en la factura eléctrica.
Frente al estudio tarifario que una consultora presentará en noviembre, las instituciones chaqueñas contratarán a un ingeniero especialista y a un abogado constitucionalista para elaborar una propuesta técnica y legal que respalde una tarifa diferenciada para la región.
Olivera sostuvo que el Gran Chaco enfrenta temperaturas que en verano superan los 35 y hasta los 41 grados centígrados, por lo que el uso de aire acondicionado y sistemas de ventilación representa una necesidad para preservar la salud y la calidad de vida de la población, y no un consumo suntuario.
El dirigente también cuestionó la situación financiera de Servicios Eléctricos de Tarija (SETAR), señalando que la empresa acumula pérdidas superiores a los 50 millones de bolivianos y una mora cercana a los 33 millones. Según indicó, entre los principales deudores figuran el Gobierno Autónomo Municipal de Yacuiba, la Alcaldía de Caraparí y el Gobierno Regional del Gran Chaco.
Finalmente, informó que las instituciones enviaron una invitación al gerente general de SETAR para participar en una audiencia pública en Yacuiba, donde se analizarán los alcances de las nuevas normas y se buscará construir una propuesta tarifaria consensuada antes de la aprobación del nuevo estudio de costos.








