Incendios: Crece la presión para dar con los autores y crear el delito de “ecocidio”

Mientras Tarija enfrenta cinco días consecutivos de incendios forestales y focos de calor en distintas comunidades, autoridades nacionales y municipales coinciden en que el combate al fuego debe ir acompañado de un endurecimiento de las sanciones contra quienes provocan estos desastres. La preocupación crece porque, pese a que la emergencia se repite año tras año, pocas investigaciones concluyen con responsables identificados y sancionados.

La densa humareda que cubre parte del valle central, el deterioro de la calidad del aire y cientos de hectáreas afectadas por el fuego volvieron a poner sobre la mesa una pregunta recurrente: ¿por qué los incendios se repiten cada año sin que existan responsables?

El Concejo plantea ajustes

Desde el Concejo Municipal de Tarija consideran que la respuesta está, en parte, en la debilidad de la legislación vigente. Su presidente, Marcelo Zenteno, cuestionó que las multas actuales resulten insignificantes frente al daño ambiental ocasionado.

"Es mucho más barato quemar que no hacerlo", afirmó al señalar que la Ley 1171 contempla sanciones económicas que, en algunos casos, apenas alcanzan los 100 bolivianos por extensas superficies afectadas.

Para la autoridad municipal, este tipo de penalidades no solo resultan insuficientes, sino que terminan siendo un incentivo para quienes recurren al uso del fuego como mecanismo de limpieza de terrenos.

"Hoy tenemos una calidad del aire pésima. Se han quemado miles de árboles y miles de especies animales. Ese daño no se recupera fácilmente y las sanciones tienen que ser ejemplificadoras", sostuvo.

Mientras brigadistas, bomberos y voluntarios concentran sus esfuerzos en controlar los incendios activos, el Concejo Municipal plantea trabajar en una reforma legal que permita castigar con mayor severidad a los responsables. Zenteno señaló que la intención es impulsar una normativa con sanciones "muy drásticas", orientadas no solo a castigar, sino también a prevenir futuros incendios.

Recordó que el problema se presenta todos los años y que, pese a las investigaciones anunciadas tras cada emergencia, rara vez se conocen resultados.

"Tenemos que trabajar a futuro. Hoy estamos concentrados en sofocar el incendio, pero debemos generar legislación que realmente prevenga este tipo de hechos", afirmó.

El concejal mencionó como ejemplo el incendio registrado recientemente en inmediaciones del Parque Temático de Tarija, donde, según indicó, existen indicios claros de intervención humana.

Investigación a fondo

La preocupación también llegó al ámbito legislativo nacional. El presidente de la Cámara de Senadores, Diego Ávila, descartó que la sucesión de incendios responda únicamente a factores naturales y pidió profundizar las investigaciones.

"No son incendios espontáneos. Creemos que hay acciones que deben investigarse a fondo", señaló.

Ávila advirtió que los focos aparecen simultáneamente en distintos sectores, pese a las campañas preventivas desarrolladas por autoridades municipales y departamentales sobre los riesgos derivados de los fuertes vientos.

"Se están prendiendo focos en lugares distintos y prácticamente ya existen incendios en varias provincias", afirmó.

Ante este panorama anunció la presentación de una minuta de comunicación dirigida al Órgano Ejecutivo para exigir una investigación exhaustiva y la aplicación de todas las medidas legales contra los responsables.

"El daño al departamento y al medio ambiente es enorme. Tenemos que llegar hasta las últimas consecuencias", enfatizó.

El delito de ecocidio

Paralelamente, en la Cámara de Diputados surgió una propuesta que busca cambiar el enfoque jurídico frente a los delitos ambientales.

La diputada Marina Cachambi presentó un proyecto de ley para incorporar al Código Penal el delito de ecocidio, con penas de entre cinco y quince años de prisión para quienes ocasionen daños graves, extensos o irreversibles a ecosistemas, bosques, fuentes de agua y áreas protegidas.

La iniciativa plantea agravar la sanción hasta un rango de 10 a 20 años cuando los daños sean ocasionados mediante incendios forestales u otras acciones que comprometan el patrimonio natural.

Según la legisladora, la normativa vigente presenta sanciones dispersas e insuficientes que no logran frenar incendios provocados, desmontes ilegales ni otras afectaciones ambientales.

El proyecto se sustenta en la Constitución Política del Estado, la Ley de la Madre Tierra y compromisos internacionales asumidos por Bolivia en materia ambiental.

Además, busca brindar mayores herramientas para proteger áreas estratégicas como la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía, donde también persiste un intenso debate por las actividades hidrocarburíferas.

"Hoy tenemos una calidad del aire pésima. Se han quemado miles de árboles y miles de especies animales. Ese daño no se recupera fácilmente”
Marcelo Zenteno
Presidente Concejo Municipal

Ruiz: Hay dos investigaciones en el Órgano Judicial

La magistrada del Tribunal Supremo de Justicia, Rosmery Ruiz, informó que se ha puesto en conocimiento del Órgano Judicial dos investigaciones penales y esperan que el Ministerio Público lleve toda la información sobre los focos de calor que han sido registrados en Tarija.

Ruiz mencionó que la denuncia ha sido instalada contra autores, porque de momento no hay identificada ninguna persona.

La autoridad lamentó que año tras año se produzcan estos desastres ambientales, pero que no se logren identificar a los autores, en esa línea, demandó a la población identificar a las personas que ocasionan estos incendios que contaminan el medio ambiente, ponen en riesgo las fuentes de agua que abastecen a Tarija, e incluso ponen en riesgo la vida de centenares de familias que deben luchar contra el fuego para que sus casas no se quemen.