COD Tarija califica de persecución política la detención de dirigentes sindicales

El ejecutivo de la Central Obrera Departamental (COD) de Tarija, Jaime Ortiz, cuestionó la posible orden de aprehensión contra el máximo dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB) y la detención preventiva del ejecutivo de la Federación Túpac Katari, al considerar que ambos casos forman parte de una persecución política contra líderes sindicales.

Ortiz afirmó que estas acciones judiciales llegan en un momento en que el país necesita avanzar hacia la pacificación y el diálogo, por lo que advirtió que procesar a dirigentes no contribuirá a resolver la crisis.

"Estamos entrando en un momento de pacificación y de instalar mesas de diálogo. Este tipo de persecuciones políticas no ayuda en nada", manifestó.

Asimismo, cuestionó la decisión de dictar seis meses de detención preventiva para dirigentes sindicales, señalando que este tipo de medidas se ha convertido en una práctica recurrente.

El dirigente sostuvo que el origen del conflicto fue la falta de respuesta del Gobierno al pliego petitorio presentado por los sectores movilizados y reconoció que durante las protestas se registraron hechos de violencia y vandalismo. Sin embargo, remarcó que esos hechos deben investigarse de manera individual y no utilizarse para responsabilizar penalmente a los representantes sindicales.

"Hubo personas involucradas en hechos de vandalismo, pero por eso no vamos a querer encarcelar a dirigentes sindicales", enfatizó.

Ortiz advirtió además que, si continúan los procesos contra dirigentes, las organizaciones sindicales podrían asumir nuevas medidas de presión. En ese contexto, instó al Gobierno a concentrarse en resolver los problemas que afectan a la población, entre ellos las denuncias relacionadas con designaciones en instituciones públicas como la Aduana, en lugar de impulsar procesos judiciales contra representantes de los trabajadores.

Finalmente, reiteró que la prioridad debe ser atender las demandas sociales y fortalecer el diálogo para evitar una mayor confrontación entre el Gobierno y las organizaciones sindicales..