Nuevo sistema digital ya vigila a unas 10 detenciones domiciliarias

En un contexto de hacinamiento carcelario, excesivas detenciones preventivas y falta de personal policial, en marzo la Fiscalía General del Estado lanzó el Sistema de Vigilancia Digital de Medidas Cautelares ROMA-ARGO (Arraigo y Georreferenciación de Obligaciones Cautelares) que aplica herramientas digitales para el control permanente de detención domiciliaria y ya hay cerca de una decena sujetos a quienes se aplica en distintos departamentos.

El sistema está diseñado para emitir una alerta en cuanto el sindicado salga del área en que debe permanecer confinado.

Ya existía una iniciativa para el uso de tobilleras electrónicas, el Gobierno en 2023 adquirió 500 dispositivos, pero faltaba la aprobación del Órgano Legislativo. Solo se aprobó en el Senado.

Sistema ROMA-ARGO

El 10 de marzo la Fiscalía presentó la aplicación y firmó un convenio con el Órgano Judicial para para su implementación. El personal técnico explicó que consiste en una plataforma que centraliza en un único entorno toda la información relevante: datos de geolocalización, registros biométricos y logs de autenticación.

Dicha trazabilidad digital está disponible en tiempo real para su monitoreo. Cada movimiento queda registrado y cada validación biométrica documentada.

El director de Tecnologías de la Información y Comunicación de la Fiscalía, Armando Corral, explicó que el sistema también incorpora inteligencia artificial para la validación de la identidad del usuario, analiza rasgos biométricos del rostro en tiempo real para verificar la identidad del imputado. Aseguró que esto elimina riesgos de suplantación y permite un control continuo con una precisión superior al sistema de custodia presencial.

“El desafío era claro, cómo garantizar el control efectivo de la detención domiciliaria en un país con recursos limitados, sin depender de custodias presenciales permanentes ni de dispositivos electrónicos costosos. La respuesta fue desarrollar tecnología propia”, dijo.

El fiscal general, Roger Mariaca, agregó que, si el procesado abandona la zona asignada o no supera una verificación biométrica, el sistema genera una alerta inmediata a las autoridades competentes.

“Esta aplicación no es simplemente una innovación tecnológica. Es la expresión concreta de una visión institucional hacia una justicia eficiente y plenamente alineada con los desafíos del siglo XXI”, aseveró.

El magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Carlos Eduardo Ortega, indicó que la herramienta servirá para que los jueces evalúen esta opción como una posibilidad para evitar detenciones preventivas en hechos que no lo ameriten.

Primeras aplicaciones

Entre los primeros casos figura uno de Oruro en el que un sujeto imputado por estupro que ya guardaba detención preventiva en el penal de San Pedro accedió a este mecanismo.

Posteriormente 10 de abril el Juzgado de Instrucción Penal Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer Primero de Potosí dictó detención domiciliaria con este sistema de vigilancia para una mujer sospechosa de homicidio y lesiones en accidente de tránsito.

Luego, el 20 de abril se aplicó para un denunciado por violencia familiar, quien habría amenazado con un cuchillo a una adolescente y en la última semana en Tarija un hombre de 59 denunciado por delitos de violencia también accedió a la medida.

A nivel nacional ya hay cerca de una decena de casos en Chuquisaca, Beni, Santa Cruz, Oruro, Tarija y Cochabamba.

Vigilancia
Tarija se integra a la red de vigilancia digital: Primeros casos de ROMA-ARGO en el departamento

Hacinamiento y falta de personal de custodio

Actualmente en todas las cárceles de Bolivia existen más de 33 mil privados de libertad, más o menos el doble de la capacidad con la que cuentan los recintos.

Aunque se cuestiona que más del 40% están preventivamente, la Policía también denuncia que las detenciones domiciliarias merman su capacidad operativa, especialmente en jurisdicciones pequeñas.

En 2023 se lanzó la iniciativa de las tobilleras electrónicas, 500 dispositivos fueron comprados y siguen guardados porque la Asamblea Legislativa no aprobó la ley que reglamentaba su uso.