La crisis en la FUL de la UAJMS escala y deja detenidos y heridos
Una jornada de tensión se vivió este lunes tras la toma del rectorado; la intervención policial fue necesaria para frenar la pugna entre facciones estudiantiles. La CUB decidió suspender a Víctor Paz
Lo que comenzó como una pugna interna por la dirigencia estudiantil terminó por desbordarse. La crisis en la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho (UAJMS) ha escalado en los últimos días a niveles de violencia que encendieron las alarmas en Tarija, con enfrentamientos entre estudiantes, intervención policial y más de una veintena de arrestados.
Detrás de los disturbios subyace un conflicto más profundo:, cuestionamientos a la legitimidad de la Federación Universitaria Local (FUL), denuncias de corrupción y una fractura dirigencial que, lejos de resolverse, se agudiza con el paso de las semanas.
Una crisis que se arrastra
Las tensiones en la UAJMS no son nuevas, pero se intensificaron durante las primeras semanas de abril. El eje del conflicto gira en torno a acusaciones de manejos económicos irregulares dentro de la dirigencia estudiantil.
Según denuncias de sectores movilizados, existirían desfalcos y malversaciones que superarían los 220.000 bolivianos, recursos que provendrían tanto de aportes estudiantiles como de fondos estatales destinados a la federación.
A ello se suma una disputa directa por el control de la FUL. Por un lado, el frente encabezado por Víctor Paz, quien ejercía como ejecutivo y contaba inicialmente con respaldo institucional; por otro, el grupo liderado por Juan Carlos Burgos, que busca ser reconocido como nueva dirigencia.
Esta división ha fragmentado al movimiento estudiantil y generado un escenario de confrontación permanente.
Acusaciones y “roscas” en la mira
El conflicto también ha puesto bajo cuestionamiento a las autoridades universitarias. Estudiantes movilizados denuncian la existencia de presuntas “roscas” políticas que involucrarían al rector Eduardo Cortez y a antiguos dirigentes como Osmar Palenque, acusados de influir en la conducción de la universidad.
Aunque estas versiones no han sido confirmadas oficialmente, reflejan el nivel de desconfianza que se ha instalado dentro de la comunidad universitaria.
Toma y enfrentamientos
La tensión alcanzó su punto más crítico este lunes, cuando un grupo de estudiantes de base —afines al sector de Burgos— tomó de manera inicialmente “pacífica” el rectorado de la universidad.
La acción fue respondida por otro grupo que intentó recuperar las instalaciones, lo que derivó en enfrentamientos físicos dentro del campus. La situación obligó la intervención de la Policía Boliviana para restablecer el orden.
El saldo fue de más de 25 estudiantes arrestados y al menos un herido de gravedad, quien habría sufrido un impacto en la cabeza durante los disturbios.
La mediación que agravó la crisis
En medio de la crisis, la Confederación Universitaria Boliviana (CUB) intentó mediar en el conflicto enviando una comisión técnica a Tarija. Sin embargo, su intervención terminó profundizando la división.
Tras analizar la documentación presentada por ambas facciones, la CUB resolvió suspender por tres meses a Víctor Paz, argumentando que su participación como candidato en las recientes elecciones subnacionales vulneraría la normativa universitaria.
La decisión fue rechazada por el propio dirigente, quien cuestionó la legalidad de la medida y acusó a la CUB de carecer de legitimidad democrática, ya que no tiene la potestad para desconocer a una dirigencia legalmente electa por sus bases. Enfatizó que tiene todas las pruebas y documentación que cercioran su legitimidad.
Autoridades buscan retomar el control
Frente a la escalada de violencia, las autoridades universitarias han intentado retomar la normalidad institucional. El rector Eduardo Cortez y el vicerrector Juan Condori intervinieron para restablecer las actividades académicas y administrativas.
Condori atribuyó los hechos a “desentendimientos en la dirigencia estudiantil”, aunque dejó abierta la posibilidad de iniciar acciones legales contra quienes resulten responsables por los hechos de violencia y la toma de instalaciones.





