Caso Cicasa: Dictan cárcel para Joao Henrique Pinheiro

El proceso judicial por el caso del Complejo Industrial de la Caña de Azúcar (Cicasa) en Bermejo dio un giro este jueves 9 de abril de 2026. En audiencia cautelar, la justicia determinó la detención preventiva del empresario brasileño Joao Henrique Pinheiro, -recientemente extraditado desde España- quien deberá permanecer recluido en la carceleta de Bermejo mientras se desarrolla el proceso penal en su contra.

La decisión fue asumida tras varias horas de audiencia que se extendieron desde la tarde hasta la noche, en medio de la presión de más de 300 familias productoras de caña de azúcar que mantuvieron una vigilia exigiendo justicia y la recuperación de los recursos invertidos en el fallido proyecto.

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Argumentos sólidos de los cañeros 

Según explicó Rodolfo Garzón, representante de los afectados, la determinación judicial se sustentó en la contundencia de las pruebas presentadas por la parte denunciante y el Ministerio Público.

“Se ha logrado la detención preventiva porque el juez ha entendido que las pruebas son irrefutables. La defensa no ha podido revertir esta situación”, señaló.

Entre los elementos considerados, pesó el riesgo de fuga del imputado, quien —según los denunciantes— ya había intentado evadir la justicia anteriormente. Bajo ese criterio, el juez resolvió que Pinheiro permanezca detenido mientras avanza el proceso.

Juicio oral fijado para julio

En la misma audiencia se estableció que el juicio oral se instalará el próximo 1 de julio de 2026, para un caso que se arrastra desde 2019 y que ha dejado pérdidas económicas próximas a los 700.000 dólares para productores cañeros e inversionistas de Bermejo.

Hasta entonces, Pinheiro deberá cumplir detención preventiva, aunque no se descarta que su defensa presente recursos para modificar el lugar de reclusión.

“Van a apelar y seguramente intentarán llevarlo a Tarija por temas de comodidad, pero lo importante es que se garantice su presencia en el proceso y que no se dilate más”, advirtió Garzón.

Vigilia y presión social

Durante la jornada, los productores cañeros mantuvieron una vigilia en las afueras del juzgado, reflejando el nivel de organización y presión social que ha acompañado este caso desde sus inicios.

Se trata de más de 300 familias que, según denuncian, realizaron aportes económicos para la instalación de una planta industrial que nunca se concretó, en lo que consideran una estafa que afectó no solo a individuos, sino a toda una región productiva.

Más allá de la detención preventiva, los afectados insisten en que su principal demanda es la recuperación de los recursos invertidos.

Denuncian actitudes discriminatorias

En medio de la audiencia, surgió también una controversia adicional. Garzón denunció que uno de los abogados de la defensa habría manifestado que su cliente no debería permanecer detenido en la carceleta de Bermejo por su condición de extranjero, en un tono que fue calificado como discriminatorio hacia la población local.

El hecho generó molestia entre los afectados, quienes consideran que este tipo de argumentos no solo son improcedentes, sino que reflejan una falta de respeto hacia la región y sus habitantes.