Montes observa propuestas desconectadas de la crisis y eleva recomendaciones al próximo gobernador

A poco más de una semana de la segunda vuelta electoral en Tarija, el proceso de transición en la Gobernación ya comienza a tomar forma. En esa línea, el gobernador Oscar Montes encendió una señal de alerta al cuestionar que las propuestas de los candidatos en carrera no reflejan la compleja situación financiera que atraviesa la institución departamental, además de elevar una serie de recomendaciones a la próxima autoridad.

La autoridad confirmó que sostuvo reuniones con ambos postulantes —Adrián Oliva, de la alianza Patria, y María René Soruco, de Camino Democrático para el Cambio (CDC)— con el objetivo de brindarles un panorama real del estado económico de la Gobernación. Sin embargo, aseguró que ninguno ha incorporado este escenario en sus planteamientos de campaña.

El principal problema identificado por la actual administración es el elevado nivel de endeudamiento, que bordea los 1.000 millones de bolivianos. De este monto, aproximadamente la mitad corresponde a obligaciones con el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), entidad dependiente del Gobierno central.

Ante este panorama, Montes planteó como primera recomendación la necesidad urgente de gestionar una renegociación de la deuda con el Gobierno nacional, con el fin de aliviar la presión financiera y generar condiciones mínimas para la gestión del próximo gobernador.

El segundo eje planteado por Montes apunta al ámbito hidrocarburífero, históricamente el principal sostén económico de Tarija. La autoridad subrayó la importancia de garantizar que el departamento mantenga un cupo favorable en la exportación de gas hacia Brasil.

Según explicó, existe preocupación por la posibilidad de que se reduzcan estos volúmenes o se priorice el mercado interno, lo que implicaría menores ingresos para la región debido a los precios más bajos.

La tercera recomendación del gobernador se dirige a la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT), a la que instó a revisar más de 90 leyes vigentes que, según afirmó, no pueden ser cumplidas en la actual coyuntura económica.

Montes sostuvo que muchas de estas normativas fueron aprobadas sin considerar la disponibilidad real de recursos, lo que ha generado una brecha entre lo que se establece en la ley y lo que efectivamente puede ejecutar la Gobernación.