Tariquía: el conflicto que activa al Estado y escala en la justicia

El conflicto por la exploración hidrocarburífera en la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía ha dejado de ser una disputa localizada para convertirse en un caso de alcance nacional que empieza a movilizar a distintas instituciones del Estado. La controversia, centrada en el proyecto del pozo Domo Oso X-3, transita hoy por una compleja ruta judicial, mientras en paralelo crecen las alertas por presuntas vulneraciones a derechos ambientales y humanos.

En las últimas semanas, el caso ha ingresado en una fase decisiva. Lo más reciente, es que la Sala Segunda del Tribunal Agroambiental asumirá la revisión del proceso tras declarar legal un recurso de compulsa presentado por el Ministerio de Hidrocarburos y Energías, con respaldo de la Procuraduría General del Estado. Esta decisión obliga a que el juzgado agroambiental de Entre Ríos remita todos los antecedentes en un plazo de 24 horas, marcando un giro en el curso del litigio.

La batalla en los estrados judiciales

El recurso de compulsa —una figura jurídica que permite revisar el rechazo de otro recurso— abre la puerta para que el Tribunal Agroambiental determine si corresponde mantener o revertir la paralización de las obras petroleras en Tariquía, dispuesta previamente como medida precautoria.

Desde la Procuraduría, su titular Hugo León La Faye cuestionó que, pese a la presentación de este recurso, el juez de primera instancia haya continuado con actuaciones como inspecciones judiciales y audiencias públicas. Estos actos, según la institución, podrían vulnerar el debido proceso.

El caso tiene como origen una acción ambiental precautoria impulsada por la Defensoría del Pueblo contra el Ministerio de Hidrocarburos, el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), por posibles afectaciones ambientales derivadas del proyecto. A este proceso se han sumado actores como la Contraloría, la Procuraduría y la empresa Petrobras, configurando un escenario judicial de alta complejidad.

La decisión que adopte el Tribunal Agroambiental no solo definirá el futuro inmediato del proyecto Domo Oso X-3, sino que podría sentar precedentes sobre la relación entre explotación de recursos naturales y protección de áreas protegidas en Bolivia.

La alerta de la Defensoría: derechos en riesgo

En paralelo al avance judicial, la Defensoría del Pueblo ha encendido las alarmas. En un pronunciamiento reciente, la institución expresó su “profunda preocupación” por actos de hostigamiento, amedrentamiento y violencia digital contra defensores de derechos humanos vinculados a la protección ambiental.

La advertencia no es menor. Se da en un contexto donde el conflicto ha escalado más allá del ámbito legal, alcanzando dimensiones sociales y políticas. Entre los casos mencionados está el de la bióloga y asambleísta electa Claribel Villarroel, identificada como una de las voces más visibles en la defensa de Tariquía y quien, según la Defensoría, enfrenta una situación de especial vulnerabilidad.

El pronunciamiento también remite a obligaciones internacionales asumidas por Bolivia, particularmente en el marco del Acuerdo de Escazú, que establece la necesidad de garantizar un entorno seguro para quienes defienden derechos ambientales. En esa línea, la Defensoría ha exigido al Ministerio Público y a las instancias de seguridad adoptar medidas para proteger a los activistas.

Sin embargo, organizaciones sociales denuncian que estas disposiciones no se han implementado con la celeridad necesaria, dejando a los defensores en una situación de exposición.

Consulta previa en entredicho

Uno de los puntos más sensibles del conflicto radica en la consulta previa a las comunidades. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha informado tiempo atrás que no fue convocado para supervisar este proceso, un requisito base cuando se trata de proyectos que pueden afectar a pueblos indígenas.

La ausencia de este acompañamiento institucional pone en duda la validez de la consulta y refuerza los argumentos de quienes cuestionan la legalidad del proyecto. Este elemento se ha convertido en uno de los pilares de la acción legal impulsada por la Defensoría del Pueblo.

Otro de los elementos es que se habla que la consulta popular se llevó al menos con 8 comunidades del municipio de Entre Ríos, sin embargo, fue el mismo Juzgado Agroambiental quien advirtió que son 23 las comunidades involucradas.

Tariquía
El caso de Tariquía que pone a prueba la capacidad del Estado para equilibrar intereses económicos, legales y ambientales

Necesidad económica y presión ambiental

El caso Tariquía expone una tensión estructural en Bolivia: la necesidad de reactivar la producción de hidrocarburos frente a la caída de reservas, y la obligación de proteger áreas de alto valor ecológico.

Mientras sectores como la Federación de Profesionales en Hidrocarburos de Tarija, empresarios y algunos actores estatales defienden la continuidad del proyecto por su potencial impacto económico, organizaciones sociales, ambientalistas y parte de la clase política exigen su paralización definitiva y una auditoría al proceso. Más cuando existen más de una decena de votos resolutivos de las comunidades, además de un mandato de un Cabildo realizado en Tarija en donde la población resolvió defender la Reserva de las petroleras.