Tariquía: Inspección al DMO X-3 revela observaciones ambientales

La inspección judicial realizada en el cantón Chiquiacá, en el municipio de Entre Ríos (Tarija), al proyecto hidrocarburífero Domo Oso X-3 (DMO X-3) ha dejado al descubierto una serie de observaciones sobre posibles impactos ambientales, que serán utilizadas por los defensores de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía en la audiencia fijada para el martes 24 de marzo.

La diligencia, encabezada por el juez agroambiental de Entre Ríos, permitió verificar en campo las condiciones en las que se desarrolla el proyecto exploratorio, ubicado en una zona colindante con el área protegida, que si bien está fuera de la Reserva, pero su desarrollo puede comprometerla ambientalmente.

La senadora por Tarija, Marcela Guerrero, quien participó de la inspección, señaló que uno de los principales hallazgos fue la existencia de una planchada de aproximadamente dos hectáreas, emplazada en una pendiente dentro de una zona de amortiguamiento y de recarga hídrica, lo que implica riesgos ambientales.

Guerrero también denunció que durante la inspección hubo intentos de obstaculizar el acceso al lugar por parte de instituciones como Petrobras, el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) y la Procuraduría General del Estado. Según su versión, primero se buscó suspender la diligencia y posteriormente desviar la comitiva por rutas intransitables. Sin embargo, fueron los comunarios quienes guiaron a la comitiva hasta la zona intervenida.

En el lugar se evidenciaron trabajos de topografía y estudios de suelo, lo que, a su criterio, contradice versiones iniciales de la empresa Petrobras, que habría señalado que no existía ingreso previo a la zona.

La legisladora destacó la actuación del juez agroambiental, al considerar que mantuvo la inspección pese a las presiones y cuestionamientos de sectores que respaldan la actividad hidrocarburífera en Tariquía.

Otro de los puntos observados fue el trazo del camino proyectado para el ingreso al pozo, que tendría un ancho de 12 metros. Guerrero advirtió que esta intervención implicaría la afectación de miles de árboles y pondría en riesgo fuentes de agua, con impactos tanto para las comunidades locales como para la biodiversidad del área.

Por su parte, el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, explicó que la inspección se realizó en el marco de una acción ambiental precautoria impulsada por esa institución, que solicita la aplicación de medidas cautelares para resguardar los derechos ambientales y colectivos de las poblaciones de la zona.

“Esta participación es importante porque ha permitido esclarecer diversos elementos fácticos y situaciones que se presentan en la región”, manifestó Callisaya tras la diligencia, remarcando la relevancia de estos hallazgos para el desarrollo del proceso judicial.