Políticas de género: ¿qué ofrecen los candidatos a la Gobernación?

Marzo, mes de la mujer, encuentra a Tarija en plena carrera hacia las elecciones subnacionales del 22 de marzo. En ese contexto, El País revisó los planes de gobierno de las fuerzas políticas que postulan a la Gobernación para identificar qué lugar ocupa la política de género en sus propuestas. El diagnóstico general muestra coincidencias —la lucha contra la violencia y el impulso al emprendedurismo femenino—, pero también marcadas diferencias en el enfoque, la profundidad y la institucionalización de estas políticas.

Los planes analizados corresponden a Patria, Nueva Generación Patriótica (NGP), Partido Demócrata Cristiano (PDC), Integración Seguridad y Autonomía (ISA), Movimiento Tercer Sistema (MTS) y Camino Democrático para el Cambio (CDC), esta última aún a la espera de que su candidato continúe habilitado.

Patria: empoderamiento económico

La alianza Patria, que postula a Adrián Oliva, presenta una propuesta de género centrada en el eje productivo y la inclusión económica. El planteamiento prioriza la autonomía financiera mediante cooperativas de mujeres —especialmente en reciclaje y producción de abonos— y el acceso a microcréditos para emprendimientos. En el plano social, las mujeres aparecen principalmente como beneficiarias de programas de salud materno-infantil.

Sin embargo, el plan exhibe una debilidad estructural: no aborda de manera explícita la violencia de género, uno de los problemas más persistentes en Bolivia, ni plantea la creación o fortalecimiento de instancias institucionales específicas (como una secretaría o dirección de la mujer) o acciones para promover liderazgo político femenino.

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NGP: acción económica y protección

La fuerza política NGP, que lleva como candidato a Never Antelo, propone un enfoque práctico y orientado a resultados. En el ámbito económico, plantea la creación de Centros de Empoderamiento Económico para Mujeres y programas de microcréditos dirigidos a emprendedoras.

En protección, el plan refuerza instancias clave como el Servicio Legal Integral Municipal (SLIM) y las Defensorías de la Niñez y Adolescencia, además de proponer la creación de casas de acogida para mujeres víctimas de violencia en algunos municipios. Si bien la equidad de género aparece como principio transversal, no se presenta un programa departamental específico con metas e indicadores propios.

PDC: transversalidad y enfoque territorial

El PDC, con Richard Rocha como candidato, plantea una política de género transversal y adaptada a las realidades urbanas, rurales y fronterizas. La igualdad de oportunidades y la inclusión social son principios rectores que atraviesan todos los niveles de gobierno.

El partido apuesta por el empoderamiento económico vinculado a las vocaciones productivas de cada región (vitivinicultura, agroindustria, turismo y comercio), la promoción del liderazgo femenino y el fortalecimiento de los servicios de prevención y atención de la violencia. A nivel departamental, propone incorporar el enfoque de género en planes y presupuestos públicos.

ISA: institucionalizar la igualdad

La alianza ISA, que postula a Wilfredo Vicente, presenta la propuesta más integral en materia de género. Su eje central es la lucha contra la violencia, con énfasis en la prevención desde la educación, la despatriarcalización y la articulación interinstitucional para una atención oportuna a víctimas.

El plan incluye herramientas de gestión pública como presupuestos sensibles al género, planes de igualdad y la creación de un Observatorio de Equidad de Género para monitorear la evolución de la violencia. En el plano económico, promueve capital semilla, capacitación, apoyo a mujeres rurales y a madres jefas de hogar, junto con acciones para fortalecer su participación política.

CDC: protección, apoyo social y paridad

CDC, que mantiene la expectativa de que Mario Cossío continúe en carrera, estructura su política de género sobre tres pilares: violencia cero, programas sociales específicos y paridad política.

Propone coordinación interinstitucional, “puntos seguros” y una red de centros de protección integral para mujeres víctimas de violencia. Incluye el programa “Madres Heroínas”, orientado a madres solteras en situación de vulnerabilidad, y asume como principio la democracia intercultural y paritaria, comprometiéndose a promover la equidad de género y generacional en la gestión pública.

Coincidencias y desafíos pendientes en Bolivia

Aunque los planes coinciden en la necesidad de combatir la violencia y promover el emprendedurismo femenino, difieren en el grado de institucionalización, la mirada estructural del problema y la apuesta por la participación política de las mujeres. A poco más de un mes de las urnas, la discusión de fondo no es solo qué se propone, sino qué tan viable y sostenible será convertir esas promesas en políticas públicas para las mujeres tarijeñas.

En Bolivia, las políticas de género se encuentran en una etapa de institucionalización normativa avanzada, pero enfrentan una brecha crítica en su implementación y en la reducción de la violencia. La Ley 348, aunque ha generado avances, se ha puesto en la mira la necesidad de una modificación.