Garantizan $us 65 millones para la PTAR en medio de un clima electoral

Un proyecto que ha pasado por las manos de al menos cuatro presidentes de Bolivia y que avanzó durante años a paso de tortuga empieza, finalmente, a tomar forma. A más de dos décadas de haberse advertido su urgencia, este viernes 27 de febrero se garantizó el financiamiento para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de la zona Cabeza de Toro, en Tarija, tras la firma de un contrato entre el Gobierno nacional y la Banco de Desarrollo de América Latina.

El acto, sin embargo, no estuvo exento de controversia. En plena coyuntura electoral, la firma del convenio volvió a poner en evidencia cómo un proyecto estructural, largamente postergado, sigue siendo utilizado como bandera política.

Una deuda ambiental

Fue alrededor de 2010 cuando ya se advertía del inminente colapso de las lagunas de oxidación del barrio San Luis y de la necesidad urgente de contar con una PTAR para evitar la contaminación del río Guadalquivir. En tiempos de bonanza económica, el diagnóstico estaba claro, el daño ambiental avanzaba y la ciudad crecía sin una solución estructural para el tratamiento de sus aguas residuales.

Pese a ello, ninguna autoridad se animó a ejecutar la obra. Cinco años después, la PTAR empezó a ser levantada como promesa de campaña. En 2016, el entonces presidente Evo Morales volvió a anunciar el proyecto como una señal de acercamiento a un departamento históricamente esquivo al Movimiento al Socialismo (MAS).

Para 2019, el proyecto seguía estancado, aunque logró avanzar con el estudio a diseño final elaborado por la consultora Aetos, que contemplaba su ejecución en San Luis. La propuesta, sin embargo, encontró un fuerte rechazo vecinal, cansado de años de malos olores y contaminación.

Durante el gobierno transitorio de Jeanine Áñez (2019–2020), la PTAR volvió a figurar en la lista de proyectos pendientes para Tarija. Hubo compromisos generales, pero persistieron los problemas de financiamiento, planificación y conflictos sociales.

Terrenos y rediseño

Con Luis Arce en el Gobierno, el reclamo desde Tarija se intensificó. Inicialmente, el nivel central esquivó el proyecto bajo el argumento que no existían terrenos disponibles, precisamente por el rechazo en San Luis. Recién en 2023, el Gobierno Municipal de Tarija logró consolidar predios en la zona de Cabeza de Toro, destrabando uno de los principales obstáculos.

No obstante, el estudio de Aetos debía ser adaptado a la nueva ubicación, un trabajo técnico que demandó cerca de un año adicional. Para 2025, en pleno Bicentenario, el Gobierno de Arce —ya sin holgura fiscal— prometió gestionar el financiamiento con la CAF, dejando los trámites encaminados, pero sin concretarlos.

La firma que destraba el proyecto

Ahora, al cierre del segundo mes de la gestión 2026, fue el presidente Rodrigo Paz quien llegó a Tarija junto a directivos de la CAF, encabezados por Sergio Díaz-Granados, para firmar el convenio que garantiza el financiamiento.

El contrato contempla un crédito de riesgo soberano a largo plazo de hasta 65 millones de dólares, destinado al proyecto “Construcción de colectores emisario y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales – Cabeza de Toro”. La iniciativa prevé la construcción de tres colectores y una nueva PTAR que beneficiará a 11 distritos urbanos y periurbanos del margen izquierdo del río Guadalquivir, permitiendo tratar y reutilizar aguas residuales domésticas y reducir de forma significativa la contaminación ambiental.

Un acto con ausencias y polémica

La firma se realizó en el Hotel Los Parrales, pero contó únicamente con el entorno cercano del presidente Paz y candidatos de la alianza Patria. Autoridades municipales y organizaciones sociales quedaron al margen, lo que generó inmediatas reacciones.

El alcalde de Tarija, Johnny Torres, lamentó que el Municipio no haya sido invitado, pese a que fue esta instancia la que consiguió las 18 hectáreas de terreno y realizó su registro en Derechos Reales para la PTAR.

Una postura similar expresó el presidente del Concejo Municipal, Fernando Castellanos, quien dijo esperar que la exclusión responda a un problema de protocolo y no a cálculos políticos. Recordó que desde el Municipio se impulsó la adecuación del estudio técnico y se sostuvieron múltiples reuniones con el Gobierno central para viabilizar el proyecto.

Desde la sociedad civil, el presidente del Comité Cívico de Tarija, Jesús Gira, saludó la gestión presidencial, aunque subrayó que la PTAR es resultado de un esfuerzo colectivo en el que participaron la Fedjuve, el Concejo Municipal, la Alcaldía y la Asamblea Departamental, instancias que tampoco fueron convocadas al acto.

Licitación
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El último filtro: la Asamblea Legislativa

Pese a la firma del contrato, el financiamiento aún debe ser aprobado por la Asamblea Legislativa Plurinacional. El presidente de la Brigada Parlamentaria de Tarija, Gabriel Corvera, adelantó que se buscará agilizar el tratamiento de la ley hasta abril, incluso mediante dispensación de trámite, para acortar plazos.

La intención, dijo, es que la aprobación del crédito sea un “regalo” para Tarija en su mes aniversario. Mientras tanto, la PTAR vuelve a demostrar que, aunque el financiamiento esté asegurado, el camino para concretar las grandes obras estructurales sigue atravesado por disputas políticas y protagonismos en tiempos electorales. Todavía resta la licitación del proyecto y ver cuántos años más toma su construcción.