Gobierno y el transporte definirán cómo pagar daños por la gasolina de mala calidad

Mientras persisten las dudas sobre la calidad de la gasolina distribuida en el país, el sector del transporte se prepara para una reunión clave con el Gobierno Nacional, convocada para la siguiente semana en la ciudad de La Paz. El encuentro tiene como eje central explicar y debatir el sistema de resarcimiento por los daños que habría ocasionado el combustible en varios motorizados.

La Federación del Autotransporte 15 de Abril confirmó que recibió la invitación oficial para participar de esta reunión, prevista para el miércoles 25 de febrero. Así lo informó el dirigente del transporte en Tarija, Gabriel Pérez, quien aclaró que, antes de asistir, el sector se reunirá internamente para consensuar una postura y definir qué propuesta llevar al diálogo con el Ejecutivo.

Daños en motorizados

Pérez señaló que existe un punto coincidente entre los transportistas de distintas regiones del país: la necesidad de un resarcimiento por los desperfectos registrados en los vehículos, presuntamente causados por gasolina de mala calidad. Entre los problemas más recurrentes, confirmó la presencia de carbonilla en varios motorizados, lo que ha generado preocupación en el sector.

No obstante, el dirigente advirtió que el conflicto no es homogéneo. En algunas regiones —dijo— se han reportado reclamos de propietarios de vehículos indocumentados o “chutos”, situación que podría complicar la definición de un mecanismo general de compensación, lo que el Gobierno deberá encargarse de hacer cumplir los mecanismos legales.

En cuanto a las alternativas que se barajan, Pérez consideró que la vía del seguro no sería la más viable, debido a que implica trámites largos y burocráticos. En su criterio, un resarcimiento económico directo podría resultar más efectivo, aunque remarcó que esta propuesta será analizada y discutida en la reunión con las autoridades nacionales.

Dudas sobre la calidad del combustible

El debate sobre la gasolina no se limita al sector del transporte. En Tarija, el presidente del Concejo Municipal, Fernando Castellanos, puso en duda la calidad del carburante que se comercializa en la capital, asegurando que no tendría las mismas características que el que se distribuye en otros municipios como Padcaya.

Frente a estas afirmaciones, el presidente de la Asociación de Surtidores (Asosur) Tarija, Moisés Hidalgo, explicó que el color del combustible no es un indicador determinante de su calidad, ya que este puede variar según el origen del producto. Aseguró que la gasolina que se distribuye en los surtidores aparenta estar limpia, sin sedimentos visibles, cumple con el octanaje requerido y se ajusta a la normativa vigente de 35 octanos.

Sin embargo, Hidalgo reconoció que aún se aguardan los resultados de laboratorio solicitados por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), que envió muestras a centros especializados para identificar posibles elementos que estén generando daños en los motores.

Reclamos y protocolo de atención

Desde la estatal petrolera se informó que se está implementando un protocolo de atención para los usuarios afectados. Este contempla la recepción de reclamos a través de una línea de WhatsApp y en las oficinas de YPFB, donde se está recopilando información de los conductores que reportaron fallas en sus vehículos.

Paralelamente, el vicepresidente de Operaciones de YPFB, Sebastián Daroca, anunció un paquete de cinco medidas destinadas a garantizar la calidad de los combustibles y devolver la tranquilidad a los usuarios. Entre ellas se encuentran el incremento de los controles de calidad en toda la cadena de suministro, la limpieza de los tanques de almacenaje y la aplicación de parámetros más exigentes al combustible importado, reduciendo, por ejemplo, el porcentaje permitido de gomas del 5% al 2%.

Asimismo, la petrolera estatal anunció la adquisición de aditivos para evitar la oxidación de la gasolina y el incremento de la producción nacional de combustibles mediante la importación de crudo.

El Decreto

En este contexto, el Gobierno aprobó el Decreto Supremo 5548, que autoriza de manera excepcional a YPFB y a las refinerías la importación de petróleo, con el objetivo de garantizar el abastecimiento interno. La medida se enmarca en la emergencia energética y social establecida previamente y surge tras registrarse, días antes del feriado de Carnaval, filas en surtidores de ciudades como Santa Cruz.

Mientras se esperan los resultados de laboratorio y se afinan las medidas anunciadas, el sector del transporte pone la mirada en la reunión de la próxima semana, donde se definirá si el reclamo por los daños causados por la gasolina cuestionada se traduce en un resarcimiento concreto o queda, una vez más, en promesas por cumplir.