Montes apunta a manipulación política en procesos de inhabilitación

El gobernador del departamento de Tarija, Óscar Montes, lanzó cuestionamientos a los procesos de inhabilitación de candidatos en el actual escenario electoral, señalando que existen requisitos que se prestan a interpretaciones discrecionales y que podrían estar siendo utilizados con objetivos políticos.

La autoridad sostuvo que uno de los aspectos que debería revisarse es la exigencia de permanencia de dos años en el municipio donde se pretende postular, ya que —según explicó— puede perjudicar a personas que han vivido gran parte de su vida en una región, pero que por razones laborales o familiares tuvieron que trasladarse temporalmente a otro lugar.

Montes también criticó que denuncias presentadas por personas anónimas sean utilizadas para activar procesos de inhabilitación, señalando que esta situación genera dudas sobre posibles intereses políticos detrás de las acciones.

A su criterio, cuando existe una supuesta vulneración de la normativa electoral, los partidos políticos rivales deberían asumir la responsabilidad de presentar las denuncias mediante sus delegados oficiales y no recurrir a terceros sin identificación política. “Eso demuestra que hay una mala intención por detrás”, afirmó, sugiriendo que alguien estaría beneficiándose con la exclusión de determinados candidatos.

El gobernador advirtió además que, en algunos casos, se estaría impidiendo que sea la ciudadanía quien decida en las urnas, pese a que existen interpretaciones jurídicas que podrían resolverse a favor de la participación electoral. “Debería dejarse que el pueblo decida”, sostuvo.

En otro momento, Montes señaló que existen antecedentes de procesos en los que se habría actuado de mala fe ante la justicia mediante información falsa para obtener resoluciones favorables, lo que calificó como “hacer trampa”.

Finalmente, la autoridad expresó preocupación por la continuidad de funcionarios vinculados a anteriores gestiones del Movimiento al Socialismo en diferentes instituciones del Estado, pese a los cambios políticos a nivel nacional. Según dijo, la permanencia de estas estructuras impide una renovación real y mantiene prácticas que afectan la institucionalidad democrática.

Montes concluyó que mientras no exista una transformación profunda en la administración pública y respeto efectivo a la independencia de poderes, persistirán conflictos políticos como los que actualmente rodean al proceso electoral.