La crisis económica y los líos judiciales tambalean a Cosaalt

Déficits financieros acumulados y una serie de procesos judiciales por presuntas irregularidades administrativas han encendido las alarmas sobre la sostenibilidad institucional de la Cooperativa de Servicios de Agua y Alcantarillado de Tarija (Cosaalt), que lleva una sobrecarga de problemas por diferentes flancos.

Los informes económicos de los últimos años evidencian números rojos. En la gestión 2023, Cosaalt cerró con un déficit de 600.000 bolivianos, mientras que en 2024 el saldo negativo alcanzó los 106.000 bolivianos. A la fecha, aún se espera el cierre oficial de las cifras correspondientes a la gestión 2025, aunque mencionan que Gerencia advierte que el panorama agrava.

Déficit arrastrado y auditoría en puerta

El presidente del Consejo de Vigilancia de Cosaalt, Juan José Peca, advirtió que no se puede permitir que la cooperativa camine hacia la quiebra como consecuencia de malos manejos administrativos.

Señaló que los números rojos no son recientes, sino que se arrastran desde hace varias gestiones, motivo por el cual anunció que durante 2026 se ejecutará una auditoría externa a la administración correspondiente a la gestión 2025. La expectativa —dijo— es que este proceso permita transparentar la situación financiera y evitar que se confirme un nuevo saldo negativo.

Peca también informó que se viene trabajando en la recuperación de una deuda que mantiene el Gobierno Municipal de Tarija con la cooperativa, correspondiente al proyecto de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de San Blas, cuyo monto asciende a 3,5 millones de bolivianos.

En ese marco, adelantó que este viernes se desarrollará una audiencia pública con el Concejo Municipal, con la esperanza de alcanzar un acuerdo que permita la devolución de estos recursos, aunque sea de manera fraccionada.

Procesos judiciales en curso

A la crisis financiera se suman los procesos judiciales que enfrenta la cooperativa. La representante del Consejo de Vigilancia, Jenny Quiroga, informó que el pasado martes se instaló el juicio contra el exgerente José Luis Patiño y la consejera Fabiola Ríos, por al menos cinco presuntas irregularidades denunciadas ante el Ministerio Público.

Entre los principales hechos observados se encuentra la no presentación de informes medioambientales, lo que derivó en que Cosaalt quede sin licencia ambiental hasta la fecha. También se cuestionan 62 resoluciones gerenciales mediante las cuales Patiño habría realizado contrataciones fraccionadas a empresas privadas, afectando las finanzas de la cooperativa.

Asimismo, se investiga la contratación de 13 consultoras para la elaboración de proyectos en distintos barrios de la ciudad; la incorporación de 27 trabajadores sin documentación respaldatoria; y la compra de dos lotes de terreno que no estaban registrados en Derechos Reales ni contaban con la legalidad correspondiente. Si bien el dinero fue posteriormente devuelto, Quiroga remarcó que el hecho irregular “ya fue consumado”.

La representante del Consejo de Vigilancia señaló que ahora se aguarda una resolución favorable que permita resarcir los daños ocasionados a la cooperativa.

Quiroga también informó que el Consejo de Vigilancia recibió un informe del actual gerente de Cosaalt, Benito Castillo, sobre la relación de ingresos y gastos, en el cual se advierte un riesgo financiero para la institución.

Dicha información fue derivada a un equipo técnico de consejeros, encargado de realizar un análisis detallado, cuyos resultados serán puestos en conocimiento de los socios en próximas instancias.

Destitución de Juan Carlos Estrada

Finalmente, Peca informó que el Tribunal de Honor de Cosaalt que fue refrendado por la Asamblea de Socios, en donde determinaron que el consejero Juan Carlos Estrata sea suspendido y no pueda acudir a sesionar.