Justicia ordena levantar todas las construcciones sobre el lago San Jacinto

El Juzgado Agroambiental emitió una resolución que ordena el desalojo y levantamiento de todas las cabañas flotantes construidas sobre el lago San Jacinto, en el departamento de Tarija, luego de la muerte de una niña de 7 años registrada el pasado fin de semana en esa zona turística.

El gobernador de Tarija, Óscar Montes, respaldó la decisión judicial y afirmó que todas las construcciones instaladas en las orillas y sobre las aguas del lago son ilegales, ya que no cuentan con autorización de la Gobernación, del municipio ni del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).

“Todo lo que está construido ahí es ilegal. Son edificaciones precarias que no consideran la seguridad de las personas ni las condiciones sanitarias”, sostuvo la autoridad departamental.

Montes advirtió además sobre un riesgo potencial de gran magnitud, señalando que las plataformas flotantes podrían provocar un accidente capaz de afectar la estructura del lago. Según explicó, el desprendimiento de clavos, fierros o astillas podría dañar los neumáticos que sostienen las plataformas, lo que podría generar el vaciado parcial del embalse y poner en peligro a viviendas ubicadas aguas abajo.

El gobernador también cuestionó la actuación de anteriores autoridades que permitieron la proliferación de construcciones clandestinas en la zona y reiteró que los terrenos pertenecen al proyecto múltiple San Jacinto, por lo que ninguna de las edificaciones tiene derecho propietario.

Respecto a la ejecución de la resolución judicial, Montes explicó que la demolición corresponde a instancias competentes como el INRA, mientras que la Policía está facultada para hacer cumplir las órdenes judiciales. Asimismo, informó que autoridades locales y el Secretario de Recursos Naturales se trasladaron a la zona para supervisar el cumplimiento de la disposición.

Finalmente, la autoridad departamental expresó su pesar por la muerte de la menor y lamentó que haya sido necesaria una tragedia para que se adopten medidas judiciales. “Esperamos que esta orden se cumpla y que no vuelva a ocurrir lo mismo”, concluyó.