Las leyes que definirán el legado de la ALDT hasta 2026

Con la gestión de la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija próxima a concluir en abril de 2026 —y con plazo efectivo de trabajo hasta mayo—, el ente legislativo encara un tramo decisivo marcado por proyectos de ley considerados estratégicos para la sobrevivencia financiera y autonómica del departamento. Aunque no existe un cronograma oficial de tratamiento legislativo, asambleístas coinciden en que hay normas prioritarias que no pueden quedar pendientes.

La asambleísta departamental Marina Hoyos señaló que el proyecto más importante es la Ley de Turismo y Tasas Departamentales, actualmente en tratamiento. La normativa busca regular los servicios turísticos y establecer tasas anuales para hospedajes, guías, agencias de viaje, transporte turístico y otros prestadores, permitiendo que esos recursos se queden en el departamento y no sean remitidos al nivel central. Además, incorpora la regulación de alojamientos temporales y plataformas digitales como Airbnb, un sector que hoy opera sin control.

Otro tema pendiente es la Ley Electoral Departamental, que permitiría a Tarija contar con reglas propias para las elecciones subnacionales de 2026, fortaleciendo la autonomía y ajustando la representación a la realidad departamental. El proyecto ya fue presentado, pero su tratamiento sigue inconcluso.

Hoyos también recordó que la reducción de escaños en la Asamblea y la reforma parcial del Estatuto Autonómico ya fueron tratadas y se encuentran en manos del Tribunal Constitucional para el control correspondiente. A esto se suma el debate del pacto fiscal, que —según indicó— deberá ser retomado tras el receso legislativo, en un contexto donde se ha logrado mayor unidad y consensos de dos tercios dentro del hemiciclo.

Por su parte, el asambleísta Jorge Sanguino, de Comunidad Todos, advirtió que el departamento necesita priorizar el impacto del Censo de Población y Vivienda y el pacto fiscal, debido a la caída de ingresos por el IDH y el riesgo financiero que enfrentan las instituciones públicas. Señaló que, sin una redistribución justa de recursos y competencias, Tarija seguirá planificando con datos desactualizados y con menos recursos.

Sanguino remarcó que sin pacto fiscal las autonomías seguirán siendo formales y no financieras, alertando que programas y obligaciones legales podrían verse afectados. Asimismo, defendió la reducción de asambleístas como una medida de ahorro y eficiencia, lamentando que el tema haya quedado entrampado por intereses políticos.

Ambos legisladores coincidieron en que sesionar y avanzar en estos proyectos es clave para evitar que vuelvan las promesas incumplidas y para dejar una base normativa sólida a las nuevas autoridades.

Pacto fiscal
Desde el ente legislativo reconocen que también está pendiente el debate por el nuevo Pacto Fiscal

Ley del 45% sigue pendiente en Tarija

La histórica disputa por la redistribución de las regalías hidrocarburíferas, no deja de ser el centro de la agenda departamental de Tarija, convirtiéndose en uno de los temas más mediáticos y conflictivos entre las leyes pendientes de implementación. Asambleístas de Bermejo, Padcaya y Entre Ríos exigieron que se avance en la aplicación de la Ley de Redistribución del 45% de regalías del gas natural, mientras que el Chaco cerró filas en rechazo a la norma.

La iniciativa, respaldada por 14 asambleístas titulares y suplentes de las bancadas de Unidos y del Movimiento al Socialismo (MAS), plantea modificar el actual esquema de distribución de recursos hidrocarburíferos, bajo el argumento de que las provincias productoras deben recibir una proporción acorde a lo que generan. Desde estos sectores se sostiene que el Chaco se beneficia incluso de recursos que no produce directamente.

El objetivo central de la norma es pasar de un modelo centralizado de distribución a uno regionalizado, que permita una asignación más equitativa de los ingresos por regalías entre las provincias productoras del departamento.

El proyecto, identificado como Ley N° 006/2025-2026, ya fue aprobado por la Asamblea Legislativa Departamental y remitido al Ejecutivo para su promulgación. Sin embargo, su tratamiento y eventual aplicación han desatado tensiones interprovinciales, con movilizaciones y duros cruces políticos.

Desde el Gran Chaco se argumenta que la ley es inaplicable e inconstitucional, al considerar que la normativa nacional que garantiza el 45% de regalías a esa región tiene jerarquía superior a una ley departamental. El escenario anticipa posibles acciones legales y un prolongado conflicto si no se logra un consenso político que evite una mayor fractura regional.